Un total de 189 profesionales de la información fueron asesinados en 2024 y 2025, la mayoría en zonas de conflicto. Palestina concentra buena parte de las víctimas, mientras el uso de drones agrava los riesgos para quienes informan desde escenarios de guerra.
La violencia contra los periodistas se intensifica en los escenarios de guerra mientras la impunidad de sus asesinatos vuelve a aumentar. Esta es la principal advertencia de la UNESCO, que ha documentado 189 periodistas asesinados durante 2024 y 2025, un 20 % más que en el bienio anterior.
El informe, presentado con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, revela que 127 de las víctimas, equivalentes al 67 % del total, murieron en países afectados por conflictos armados.
Las cifras reflejan una tendencia especialmente preocupante: aunque en los países sin conflictos disminuyen los asesinatos de profesionales de la información, las guerras se han convertido en el principal escenario de violencia mortal contra el periodismo.
Palestina concentra el mayor número de víctimas
Según los datos de la UNESCO, los países árabes registraron 97 periodistas asesinados durante el bienio, la cifra regional más elevada.
Palestina concentró 62 de esas muertes: 30 en 2024 y 32 en 2025.
La magnitud de estas cifras pone de manifiesto las condiciones extremas en las que trabajan los periodistas palestinos, muchos de los cuales informan desde territorios sometidos a operaciones militares y con severas restricciones de acceso para la prensa extranjera.
El organismo internacional advierte, además, de un aumento de los casos en los que varios periodistas mueren en un mismo ataque.
Esta circunstancia plantea interrogantes sobre posibles ataques deliberados contra profesionales de la información. La UNESCO recuerda que dirigir intencionadamente ataques contra periodistas civiles en un conflicto armado constituye un crimen de guerra.
La determinación de responsabilidades concretas exige, sin embargo, investigaciones independientes que establezcan las circunstancias de cada caso.
Los drones, una amenaza creciente
El informe identifica una transformación de los riesgos asociados a la cobertura de conflictos.
Durante 2024 y 2025, 50 periodistas murieron en ataques con drones en seis zonas de guerra, lo que representa más de una cuarta parte de las víctimas registradas en el bienio.
La utilización de estas tecnologías introduce nuevas dificultades para la protección de los profesionales de la información, especialmente cuando trabajan cerca de posiciones militares, desplazamientos de población o infraestructuras civiles atacadas.
La UNESCO alerta de que la evolución de los medios empleados en los conflictos debe ir acompañada de mecanismos más eficaces de prevención, investigación y rendición de cuentas.
América Latina sigue siendo una región de alto riesgo
Después de los países árabes, América Latina y el Caribe registraron 37 periodistas asesinados, con un incremento de 14 casos en 2024 a 23 en 2025.
Asia y el Pacífico contabilizaron 34 víctimas, mientras que Europa central y oriental registraron 14 durante los dos años.
En los países sin conflictos armados, el número total de periodistas asesinados descendió a 62, el nivel más bajo de los últimos 18 años.
Este descenso demuestra que la violencia contra la prensa no sigue una trayectoria uniforme y que las políticas de protección pueden contribuir a reducir los riesgos.
No obstante, la mejora en determinados territorios contrasta con el deterioro de la seguridad de los informadores en zonas de guerra.
El 93 % de las víctimas informaba en su propio país
Otro dato destacado del estudio es la especial vulnerabilidad de los periodistas locales.
El 93 % de los profesionales asesinados murió en su país de origen, una proporción que cuestiona la percepción de que los corresponsales extranjeros son quienes afrontan los mayores riesgos.
Los periodistas que viven y trabajan en territorios afectados por guerras, corrupción, delincuencia organizada o crisis políticas suelen carecer de los recursos de seguridad y las posibilidades de evacuación de las grandes organizaciones internacionales.
Entre las víctimas del bienio figuran 14 mujeres periodistas, una cifra igual a la del periodo anterior. Trece de ellas murieron en países en conflicto.
Aunque su proporción respecto al total descendió al 7 %, la UNESCO advierte de que las mujeres periodistas siguen expuestas a amenazas específicas, entre ellas el acoso y la violencia por razón de género.
La impunidad vuelve a crecer
La evolución más inquietante del informe se encuentra en el ámbito judicial.
La tasa mundial de impunidad de los asesinatos de periodistas aumentó un punto porcentual hasta situarse en el 86 %, el primer repunte desde que la UNESCO comenzó a medir este indicador en 2012.
Esto significa que casi nueve de cada diez asesinatos de periodistas continúan sin una resolución judicial.
El organismo solicitó información a 78 Estados sobre investigaciones pendientes. Treinta países no respondieron, lo que pone de manifiesto las dificultades para evaluar el avance de los procedimientos.
Irak y México figuran entre los países con mayor número de casos examinados por la UNESCO en su seguimiento de la impunidad.
La ausencia de justicia no solo afecta a las víctimas y sus familias. También debilita el derecho de la sociedad a recibir información y puede favorecer la repetición de nuevos ataques.
Una libertad de prensa sometida a múltiples presiones
La violencia contra los periodistas no se limita a los asesinatos.
El informe señala también el incremento de las agresiones, las detenciones arbitrarias, las intimidaciones y el acoso judicial mediante procedimientos abusivos.
A ello se suman las desapariciones y las amenazas digitales, que pueden utilizarse para impedir investigaciones o silenciar informaciones de interés público.
La UNESCO ha elegido para la conmemoración de este año un mensaje que resume esa evolución: «Las amenazas evolucionan. La impunidad persiste».
La advertencia llega en un momento en que el periodismo resulta especialmente necesario para documentar conflictos, verificar denuncias y ofrecer testimonios independientes.
Proteger a quienes informan no constituye únicamente una obligación hacia una profesión. Es también una condición esencial para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer los hechos y exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder.
