El deterioro de la libertad de expresión y del acceso a la información se ha acelerado en el mundo a un ritmo que no se observaba desde hace décadas. Así lo advierte el último informe global de la UNESCO, que documenta una caída del 10 % en el índice de libertad de expresión entre 2012 y 2024, con una aceleración particularmente marcada en los últimos años .
El informe describe un fenómeno estructural: el debilitamiento de los contrapesos institucionales, la presión creciente sobre los medios independientes, la normalización de la autocensura y el uso cada vez más frecuente de instrumentos legales para silenciar voces críticas. A ello se suma un entorno digital dominado por grandes plataformas, donde la desinformación y los discursos hostiles circulan con mayor velocidad que la información verificada, erosionando la confianza pública.
La situación de los periodistas ilustra con crudeza esta deriva. La UNESCO registra un aumento persistente de la violencia, el exilio forzado y la impunidad, especialmente en contextos de conflicto, pero también en democracias formales. La libertad de informar se ve así atrapada entre la inseguridad física, la precariedad económica de los medios y la presión política directa o indirecta.
Este retroceso tiene consecuencias que van más allá del ámbito mediático. Sin información fiable y plural, la deliberación democrática se empobrece, la rendición de cuentas se debilita y los derechos fundamentales quedan expuestos. La libertad de expresión deja de ser un principio abstracto para convertirse en un indicador concreto de la salud democrática.
El informe de la UNESCO recuerda que la información es un bien público y que protegerla exige decisiones políticas, marcos normativos sólidos y un compromiso activo con el periodismo profesional. Persistir en la inacción equivale a aceptar que la erosión continúe. El diagnóstico está hecho; la responsabilidad, ahora, es colectiva.
