La memoria de la Fiscalía General del Estado con datos de 2025 registra 4.459 causas por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, frente a 3.283 el año anterior. El ministerio público señala el acceso temprano a la pornografía violenta y la falta de formación ético-sexual entre las causas, y vuelve a reprochar a las administraciones que no hayan desplegado las unidades forenses previstas en la ley de 2004.
La Fiscalía General del Estado constata en su última memoria anual, correspondiente a 2025, una «alarmante espiral que no para de crecer» en los delitos sexuales cometidos por menores. Las causas incoadas por delitos contra la libertad sexual con autores menores de edad alcanzaron las 4.459, frente a las 3.283 del año anterior. Supone un aumento del 35,82% en un solo año y prolonga, según el ministerio público, una tendencia ascendente que arranca en 2017. No se trata de un repunte puntual, sino de una curva que lleva casi una década sin quebrarse.
Los casos que trascienden a la opinión pública ilustran esa deriva. En febrero de 2026, tres menores fueron detenidos en Valencia como presuntos autores de la violación de otra menor. Se les acusó también de delitos contra la intimidad y de revelación de secretos, porque presuntamente grabaron la agresión y difundieron las imágenes. La memoria califica de «complejas» las razones del incremento y apunta a varios factores. Entre ellos figuran la ausencia de una formación ético-sexual adecuada, el consumo de alcohol y otras sustancias y, sobre todo, el acceso temprano a contenidos pornográficos.
La pornografía como primera escuela
Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia en España, elaborado a partir de casi 100.000 respuestas, dimensiona el problema. Uno de cada tres menores accede a la pornografía de forma involuntaria y a edades muy tempranas. El primer contacto se produce, de media, con poco más de once años, y el 9% asegura haber sufrido presiones para enviar fotos íntimas. La Fiscalía considera «muy peligroso y alarmante» que internet sea la ventana por la que la infancia y la juventud se inician en la sexualidad.
El ministerio público advierte de que ese consumo puede conducir a la «trivialización de las conductas violentas» y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas. La memoria subraya el acceso indiscriminado, a través de las redes sociales y las tecnologías de la comunicación, a vídeos y demostraciones de pornografía violenta y dura. Más de la mitad de los adolescentes (el 54,1%) cree que esos contenidos le dan ideas para sus propias experiencias, en mayor medida los chicos, y al 54,9% le gustaría poner en práctica lo que ha visto. La tendencia se acentúa entre quienes los consumen con más frecuencia.
Del consumo a las relaciones
El problema, según la Fiscalía, es que esa visión se traslada después a las relaciones afectivo-sexuales reales. Lo ilustra el testimonio de una adolescente que llamó a la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) para pedir ayuda. «Le pedí a mi chico que parase porque me estaba doliendo», relató. Él no le hizo caso y continuó. Su caso, recogido de forma anonimizada en un informe sobre violencia de género en menores publicado en 2023, está lejos de ser excepcional.
Ante estas cifras, la Fiscalía reclama una «profunda reflexión» sobre los valores que se transmiten a la infancia y la adolescencia. También pide una reacción de todos los sectores de la sociedad capaz de cambiar unos comportamientos que califica de muy perjudiciales. El diagnóstico desplaza así el foco del castigo hacia la prevención. Si la pornografía violenta ocupa el espacio que debería corresponder a una educación afectivo-sexual rigurosa, el aumento de las causas penales es solo la parte visible de un déficit educativo mucho más amplio.
Unidades forenses que no llegan
La memoria dedica también un apartado al funcionamiento de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y vuelve a reprender a las administraciones. Más de 20 años después de que la ley integral contra la violencia de género de 2004 recomendara su creación, sigue sin existir una red homogénea de unidades de valoración forense integral (UVFI). Estos equipos evalúan a las víctimas, a los agresores y a los menores implicados, y elaboran informes fundamentales para que los casos se juzguen correctamente.
Las carencias afectan al grueso de las comunidades autónomas. En parte de Andalucía y de la Comunidad Valenciana el servicio depende de contrataciones externas o de plantillas inestables. León, Valladolid o Tenerife no cuentan con una sola unidad, en Badajoz la escasez de recursos retrasa la entrega de informes y en A Coruña o Guadalajara falta personal. En Madrid no hay valoraciones conjuntas y cada profesional redacta su informe sin coordinación. La Fiscalía pide avanzar hacia un modelo «más uniforme y suficientemente dotado» para los casos civiles y penales.
Las piezas de la memoria componen un mismo diagnóstico. Crecen los delitos sexuales entre menores, la pornografía violenta aparece como uno de sus motores y las administraciones siguen sin dotar los instrumentos básicos para evaluar a víctimas y agresores. Las víctimas de violencia machista pueden llamar al 016 las 24 horas, escribir a [email protected] o usar el WhatsApp 600 000 016. Los menores pueden dirigirse a la Fundación ANAR en el 900 20 20 10.
