La segunda gran tragedia de la alta velocidad en nueve meses ha alterado por completo la carrera hacia las generales del 29 de noviembre. Pedro Sánchez decreta tres días de luto, admite que lo ocurrido «no es asumible» y sostiene por ahora a su ministro de Transportes. El PP contiene el tono en público, Vox acusa al Gobierno sin esperar a los datos y Frente Amplio exige responsabilidades políticas.
El accidente de Urda (Toledo), que deja al menos 69 muertos, ha irrumpido en la precampaña cuando faltaban 31 días para las elecciones generales. Pedro Sánchez se desplazó el miércoles al puesto de mando avanzado junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page. Desde allí asumió el golpe sin rodeos. «No es asumible para un país como España» sufrir dos accidentes de alta velocidad en un mismo año, reconoció. Prometió llegar hasta el final y responder con total contundencia si hubo negligencias o fallos en el sistema de seguridad.
El presidente decretó tres días de luto oficial, hasta el sábado, con la actividad política suspendida. Contempló públicamente las dos hipótesis en estudio, el error humano de un operario en el centro de control de Adif en Atocha y un fallo informático en el sistema de seguridad. Desvinculó además el origen del choque del de Adamuz. El golpe llega cuando el PSOE se sentía cómodo en un marco de campaña centrado en las pensiones, el salario mínimo y el pacto entre PP y Vox, con un tono deliberadamente positivo.
Puente, entre el error de Adif y la dimisión
El foco político se ha desplazado de inmediato hacia Óscar Puente. El ministro compareció desde el puesto de control de Atocha, calificó el accidente de «inverosímil» y lo atribuyó a una decisión errónea de un operador de Adif. Según su versión, ese operador autorizó en circunstancias que no supo explicar la reanudación de la marcha del AVE que acabó embistiendo al Iryo detenido. Es una explicación preliminar que deberán confirmar la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la justicia.
Puente descartó dimitir y aseguró que su única preocupación es esclarecer lo ocurrido y no su futuro político. Sánchez le mantiene su respaldo porque, con los datos actuales, considera que se trata de un error humano del que no puede responsabilizarse al ministro, según fuentes gubernamentales citadas por El País. La Vanguardia recoge, sin embargo, que en la dirección socialista hay voces convencidas de que Puente deberá marcharse cuando se aclaren los hechos, para aliviar la presión sobre el Gobierno antes de las urnas.
El PP, del luto a la ofensiva
Alberto Núñez Feijóo regresó de Barcelona tras suspender su agenda y optó por un registro institucional. Evitó pedir dimisiones, reclamó una investigación gubernamental y judicial inmediata y sin interferencias, y pidió una revisión independiente de toda la red ferroviaria. Su advertencia más afilada apuntó a otro frente. Exigirá saber «en qué se gastó cada euro», en alusión a los casos de corrupción que han salpicado al Ministerio de Transportes y a las incidencias acumuladas en la red.
Esa contención pública convive con un enfado que el entorno de Feijóo expresa en privado contra el Gobierno y contra Puente, a quien responsabiliza de lo ocurrido. La cuenta oficial del partido publicó un mensaje en mayúsculas con el lema «ya está bien», y Juanma Moreno endureció su tono. La confirmación de la muerte de Fátima Báñez, exministra de Empleo y figura muy querida en la dirección popular, ha añadido una carga emocional que condicionará la estrategia del partido cuando termine el luto.
Vox y la izquierda
La ultraderecha no esperó ni a los primeros datos. Vox fue la única formación que mantuvo sus actos y convocó una protesta en Cibeles al grito de «¡Pedro Sánchez culpable!». Santiago Abascal expresó desde Santander su rabia ante un Gobierno que definió como una «organización criminal», y el partido difunde el lema de que la corrupción mata. Ninguna de las hipótesis conocidas, que apuntan a una decisión en la regulación del tráfico, establece relación alguna con casos de corrupción.
La presión más incómoda para Sánchez llega desde su propio espacio de gobierno. Frente Amplio, la coalición que lidera Ada Colau e integra a Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, reclamó en un comunicado «responsabilidades políticas», en clara alusión a Puente. Pidió también una auditoría independiente y consideró inadmisible que un accidente tan grave se repita en la alta velocidad en el mismo año. Fue más lejos que el PP y que Podemos.
El Gobierno se prepara para una crisis larga que puede prolongarse hasta el 29 de noviembre. Sabe que PP y Vox intentarán convertir la tragedia en prueba de un país en desorden, y que su defensa dependerá de lo rápido que la investigación ofrezca respuestas verificables. Cuando el sábado concluya el luto, la campaña se reanudará con un eje completamente distinto, y la continuidad de Puente será probablemente la primera decisión que marque su rumbo.
