El Gobierno apura el plazo de cinco días fijado por el alto tribunal, que amenazó con multas y responsabilidades penales. Solo 901 personas han obtenido el certificado de exilio que les devuelve el sufragio. Más de 162.000 nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática siguen con el voto suspendido a un mes del 29-N por la medida cautelar que pidieron Vox e Iustitia Europa.
El Gobierno entregó este miércoles al Tribunal Supremo la relación nominal de los españoles nacionalizados al amparo de la llamada ley de nietos. Todos ellos tienen el derecho al voto suspendido por decisión cautelar de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La lista contiene 163.355 nombres, algo más que los 163.020 que había estimado la Abogacía del Estado. Según fuentes gubernamentales citadas por El País, la cifra final es el resultado de repasar todos los expedientes. Se trata de personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que, en su inmensa mayoría, no podrán votar el 29-N si nada cambia.
La única vía de escape es un certificado consular que acredite que la persona es hija o nieta de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran que, tras analizar todos los expedientes, se han emitido 901. Es un salto notable respecto a los 91 contabilizados el 21 de octubre, pero apenas cubre al 0,55% de los afectados. Más de 162.000 nuevos españoles continúan fuera del censo efectivo para una cita electoral ya convocada.
Plazo bajo amenaza
La entrega llega tras el ultimátum del viernes 23. Ese día el Supremo dio cinco días a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, para remitir la lista. El requerimiento alcanzaba también a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. Incluía, además, la advertencia de una multa y de posibles responsabilidades penales si no cumplían antes de las 15.00 del miércoles.
Según fuentes del Gobierno, Exteriores coordinó la revisión de los expedientes en las distintas oficinas consulares y autorizó la contratación de todas las asistencias técnicas solicitadas para llegar a tiempo. El tribunal había expresado su malestar sin rodeos. Recordaba que la Administración conoce la identidad de estas personas porque ha tramitado y resuelto sus expedientes, y advertía de que podían quedarse sin votar «por la propia inacción de la Administración».
Versiones enfrentadas sobre la información
El Ejecutivo discute ese relato. El Ministerio de la Presidencia envió ya el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral un listado de 76.600 personas que figuran como nacionalizadas por esta vía en el Registro Civil digital, conocido como Dicireg. Era la única información disponible en ese departamento. Siempre según fuentes gubernamentales, la Oficina del Censo trasladó ese documento al Supremo el 21 de octubre, varios días antes del ultimátum.
Sin embargo, dos autos notificados el día 23 sostenían que el tribunal no disponía de la identidad de ninguno de los afectados. En ellos reprochaba al Gobierno haber facilitado solo la cifra de nacionalizados inscritos en el CERA a 1 de agosto, que es el censo válido para el 29-N. El último escrito recibido el 21 de octubre incluía dos informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y otro del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para entonces se habían revisado 31.390 expedientes y emitido solo 91 certificados.
El temor al uso de los datos
La Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que declare reservado el listado porque contiene datos personales sensibles. Su objetivo declarado es impedir que Vox e Iustitia Europa, partes del procedimiento por haber llevado al tribunal el voto de estos nuevos españoles, «puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información». Que los servicios jurídicos del Estado formulen esa cautela frente a una formación de ultraderecha dice mucho del clima en que se libra este pleito.
La petición no es menor. La relación reúne a descendientes de exiliados y de españoles que salieron del país durante la dictadura. Sin protección, sus nombres quedarían al alcance de la misma formación que impulsó la suspensión de su voto. Vox ha hecho de la oposición a la Ley de Memoria Democrática una de sus banderas, y este procedimiento traslada esa batalla al terreno del censo electoral, con consecuencias directas sobre derechos individuales.
Los 163.355 afectados obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, publicada el 19 de octubre de 2022, que la abría a hijos y nietos de exiliados por razones políticas. Seis días después, una instrucción del Ministerio de Justicia amplió los supuestos y reconoció la presunción de exilio a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1975. La cautelar obliga ahora a acreditar caso por caso lo que esa instrucción daba por supuesto, y el margen para hacerlo antes del 29-N es mínimo.
