El Partido Popular y Vox coordinarán sus candidaturas en 31 de las 60 circunscripciones de la Cámara Alta para las elecciones del 29 de noviembre. El acuerdo, que incluye candidatos de la ultraderecha bajo las siglas populares, persigue los tres quintos del Senado y, con ellos, el control de la renovación del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
Lo que Alberto Núñez Feijóo evitó en la campaña de 2023 ya es un hecho. El Partido Popular (PP) y Vox sellaron el lunes un acuerdo para repartirse las candidaturas al Senado. La formación de Santiago Abascal lo anunció en un comunicado minutos antes de que Miguel Tellado, secretario general del PP y director de campaña, lo confirmara en la sede nacional del partido. Aquella rueda de prensa se retrasó casi una hora mientras se cerraban los últimos flecos. Tellado habló de un «entendimiento», aunque en la práctica ambas fuerzas concurrirán coordinadas en 23 provincias que suman 31 de las 60 circunscripciones.
El pacto responde a la candidatura conjunta de la izquierda, «Senado de Progreso», con la que el PSOE y otras fuerzas del Frente Amplio concurrirán en 43 provincias. Su alcance, sin embargo, va más allá de la réplica táctica. Formaliza en la Cámara Alta una colaboración que ya se traduce en gobiernos autonómicos compartidos y que el PP había mantenido a distancia en las últimas generales. La derecha no solo aspira a conservar la mayoría absoluta que obtuvo en 2023. Busca una mayoría reforzada capaz de condicionar a los órganos que controlan al poder político.
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El mapa de las renuncias
El PP no presentará candidatos en Gipuzkoa, Girona y Tarragona, tres plazas donde apenas tiene opciones. En Gipuzkoa no logra un senador desde 2000, con la mayoría absoluta de José María Aznar, y en las dos provincias catalanas nunca ha obtenido representación en la Cámara Alta. Fuentes populares admiten que la cesión no ha resultado especialmente costosa. Vox, en cambio, se retira de seis provincias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares), que por la división insular equivalen a 14 circunscripciones.
En otras 14 provincias, la ultraderecha presentará un único candidato en lugar de tres. Se trata de Sevilla, Huelva, Granada, Jaén, Asturias, Badajoz, Cáceres, Álava, Navarra, Huesca, Zaragoza, Alicante, Cuenca y Pontevedra. Como cada elector puede marcar hasta tres nombres, el votante de Vox podrá completar su papeleta con dos aspirantes populares, mientras el del PP mantendrá a sus tres candidatos. En las 23 provincias restantes ambos partidos competirán por separado. Navarra añade una particularidad, porque allí el PP vuelve a concurrir en coalición con Unión del Pueblo Navarro (UPN).
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Una aritmética de cesiones calculadas
El sistema de listas abiertas explica el diseño del acuerdo. En cada provincia peninsular se eligen cuatro senadores, pero cada partido presenta solo tres candidatos, de modo que el más votado obtiene tres escaños y el segundo, uno. Según el análisis publicado por El País, en Valencia, Castellón y Cádiz el PP partía como favorito, con los socialistas por detrás. El riesgo era que la candidatura progresista le arrebatara la primera posición y lo dejara con un único senador en cada una de esas provincias.
Para blindar esa victoria, el PP cede a Vox uno de sus puestos en cada una de esas provincias y otro en cada isla mayor (Gran Canaria, Tenerife y Mallorca). Feijóo entrega así seis escaños a Abascal para asegurar tres que podía perder y aspirar a otros ocho en las islas menores, donde hoy solo conserva el de Menorca. Vox calcula que el acuerdo le permitiría sumar diez senadores más. Actualmente cuenta con cinco, todos de designación autonómica, porque en las últimas generales no obtuvo ninguno.
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El verdadero objetivo son los tres quintos
Feijóo reveló la semana pasada que la ambición del pacto supera la conservación de la mayoría absoluta. Su meta son los tres quintos de la Cámara, 162 escaños de 269, una mayoría reforzada que permitiría a la derecha renovar sin el PSOE a cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. Ese órgano de garantías tiene hoy mayoría progresista, de modo que la operación bastaría para alterar su equilibrio interno. Es, en realidad, la pieza que da sentido a todas las renuncias.
Esa misma mayoría abriría la puerta a designar a diez de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a influir de forma decisiva en reformas constitucionales o en la ratificación de determinados tratados internacionales. Durante la legislatura que termina, la mayoría absoluta popular en el Senado ya funcionó como palanca de oposición al Gobierno. La diferencia es que ahora el PP incorpora a la ultraderecha a una operación que afecta de lleno a los contrapesos institucionales del sistema democrático.
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Ultraderecha bajo las siglas del PP
En las seis circunscripciones donde Vox renuncia a su papeleta, el PP incluirá a un candidato independiente propuesto por la formación de Abascal, en principio sin capacidad de intervenir en su elección. Los populares registraron los nombres el lunes por la noche, último día del plazo. Entre ellos figuran Alba Moreno, exjefa de prensa de Javier Ortega-Smith, y José Luis Aguirre, diputado valenciano y exconseller en el Gobierno de Carlos Mazón. Quienes resulten elegidos se integrarán en un eventual grupo de Vox en la Cámara Alta.
En Gipuzkoa, Girona y Tarragona, la retirada popular equivale además a pedir de facto el voto para Vox, que aspira a lograr representación en Tarragona. El contraste con 2023 es evidente. Entonces Feijóo aspiraba a «gobernar en solitario» y buscaba el centro marcando distancias con la ultraderecha. Hoy, como subraya la politóloga Cristina Monge, la colaboración se extiende a los gobiernos autonómicos y a la asunción de sus marcos en migración, medio ambiente, género o fiscalidad. Tellado insiste en que «aquí nadie renuncia a sus propias siglas», aunque varias listas populares llevarán nombres de Vox.
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Costes, fricciones y reacciones
El acuerdo no ha generado unanimidad. Dirigentes del PP catalán expresan su desazón por quedarse sin candidatura en Girona y Tarragona sin obtener contrapartida alguna, en unos comicios donde los resultados en Cataluña tienen un peso considerable. Monge apunta también un problema de transferencia de voto. Los conservadores más moderados pueden resistirse a marcar a candidatos de Vox, mientras que parte del electorado ultraderechista, procedente de una escisión del PP o atraído por un discurso antisistema, podría negarse a respaldar a los populares.
Las reacciones han marcado el tono de la precampaña. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, acusó al PP y a Vox de formar «un mismo proyecto político de involución». Feijóo replicó en sus redes que «hay una mayoría de españoles que quiere cambio» y atribuyó las críticas a una «reacción rabiosa». Abascal calificó el pacto de «gesto patriótico», mientras su partido lo justificó por la necesidad de expulsar de las instituciones a lo que llamó «la organización criminal de Sánchez». Tellado, por su parte, sostuvo que las siglas socialistas «se diluyen debajo de una mascarada».
