Los Mossos d’Esquadra detuvieron a 128 personas, 72 de ellas menores, tras una noche de saqueos e incendios en el centro de Barcelona. La convocatoria, difundida en redes con un lema educativo, buscaba desde el principio el robo. La policía investiga quién la organizó y las instituciones ponen el foco en los padres.
El centro de Barcelona vivió la tarde y la noche del sábado 24 de octubre una oleada de saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía que nada tuvo que ver con una protesta. La cita se presentó como una movilización estudiantil «por la calidad del instituto». En los grupos donde se organizó, sin embargo, el objetivo quedó claro desde el primer momento. Jóvenes con el rostro cubierto reventaron escaparates de tiendas de electrónica, ropa, calzado y ópticas. También quemaron contenedores, motocicletas y bicicletas y levantaron barricadas en el entorno de la plaza de Catalunya.
Los Mossos d’Esquadra detuvieron a 128 personas, de las que 72 son menores de edad. Dos días después, la policía catalana sigue sin saber quién movió los hilos. Los grupos de mensajería continúan activos y ya proponen repetir el próximo sábado. Las instituciones han respondido con mano dura y con un mensaje dirigido a las familias. Entretanto, los estudiantes que sí querían reivindicar mejoras educativas denuncian que el episodio ha manchado una causa legítima en vísperas de la huelga general del 11 de noviembre.
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Una convocatoria diseñada para robar
La mecha se encendió en TikTok e Instagram alrededor de una semana antes. Perfiles anónimos que fueron cambiando de nombre difundían carteles con un código QR o enlaces directos en los comentarios para unirse a comunidades de WhatsApp y Telegram. En esos canales, con cientos de participantes, se fijaron puntos de encuentro, horarios y objetivos. Las instrucciones eran precisas e incluían vestir de negro, cubrirse la cara y acudir con material pirotécnico. La plataforma anónima Blocus llamaba además a replicar en ciudades españolas las movilizaciones francesas por la «dignidad de los institutos».
La consellera de Interior, Núria Parlon, subrayó que los destrozos no fueron obra de la cola final de una manifestación. Según explicó, el saqueo era el propósito desde el inicio. La comisaria jefe de los Mossos, Sílvia Catà, lo resumió en RAC1 al afirmar que «no era una protesta, sino actos delictivos». Según La Vanguardia, en algunos mensajes se exhibían pulseras presuntamente robadas en la joyería Pandora del paseo de Gràcia y se animaba a repetir los saqueos en comercios de lujo. Otros usuarios intercambiaban consejos para revender lo robado y para eludir la vigilancia policial.
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Un dispositivo desbordado por la magnitud
Los servicios de información de los Mossos habían monitorizado la convocatoria. Calcularon, sin embargo, que reuniría apenas a 300 personas y que se limitaría a incidentes leves, como lanzar huevos, pegar carteles o pintar fachadas. No contemplaban que grupos de entre cinco y veinte jóvenes encapuchados se dirigieran directamente a los establecimientos. Solo en las dos primeras horas los agentes identificaron a 300 jóvenes. Desde las 18.30, cuando comenzaron los altercados, identificaron a otros 150. Muchos comercios, como El Corte Inglés de la plaza de Catalunya, bajaron las persianas con los clientes dentro.
El balance difiere según la fuente. El País cifra en 23 los comercios asaltados, mientras La Vanguardia habla de al menos 14 establecimientos dañados o saqueados. Los Bombers apagaron 33 focos de fuego y cuatro agentes están de baja, uno de ellos por una pedrada en la cabeza. Catà detalló un despliegue de 295 efectivos de Arro y Brimo y 125 agentes de la Guardia Urbana. Los Mossos levantaron además 68 actas por decomiso de armas blancas, esprais, pasamontañas, pirotecnia y piedras. Según fuentes policiales citadas por El País, solo dos de los detenidos tenían antecedentes, ambos por desórdenes públicos.
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Los estudiantes, utilizados como señuelo
I.S. es una alumna de 17 años de un instituto de Barcelona. Acudió a la plaza de Catalunya con varios compañeros y una pancarta con el lema «Contra el sistema, instis en lucha». Se enteró de la protesta por un grupo de WhatsApp creado una semana antes, que alcanzó los 600 miembros, 200 de ellos el primer día. Esa velocidad le sorprendió, porque en otro chat de estudiantes pacíficos les costó reunir a 300 en semana y media. La mayoría de los integrantes eran desconocidos, procedían de fuera de la ciudad y dejaron claro su propósito violento desde el principio.
«No iban a manifestarse, sino a delinquir», explicó a la agencia EFE. Ella y sus compañeros apenas pudieron mostrar sus pancartas y abandonaron la concentración cuando estallaron los incidentes. Ahora lamenta que se les asocie con los alborotos y que se tache de violento a todo el colectivo, cuando ellos habían advertido de que la convocatoria no estaba comunicada. En paralelo, estudiantes de toda Cataluña se organizan para sumar sus reivindicaciones a la huelga general del 11 de noviembre, una movilización que ahora arranca bajo la sombra del sábado.
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Una autoría todavía sin rostro
El especialista en campañas de desinformación Marcelino Madrigal detectó desde el lunes anterior los perfiles que alentaban la convocatoria. El viernes alertó en Bluesky de que se estaba reclutando a jóvenes en varios institutos catalanes. Según su análisis, al menos dos centros de la zona de Granollers sirvieron de cantera. También identificó un grupo de al menos 900 personas que pretendía repetir el saqueo en Madrid. Ese intento no llegó a materializarse, algo que él atribuye a la vigilancia policial y a sus propios avisos públicos.
Madrigal sostiene que «quién lo ha organizado tiene un interés político o geopolítico», aunque evita señalar a nadie. Los Mossos, en contacto con las policías francesa e italiana, sospechan que la cita no surgió de forma espontánea. Fuentes de la investigación reconocen, sin embargo, que acreditar su origen será complicado. Parlon apuntó a un posible «efecto espejo» de las movilizaciones europeas. El candidato de ERC, Gabriel Rufián, consideró probable que la extrema derecha esté detrás, una hipótesis que por ahora ninguna prueba pública respalda. La policía mantiene la prudencia sobre el origen de los altercados.
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Mano dura y factura para las familias
La respuesta institucional ha puesto el acento en el castigo. El president Salvador Illa prometió en un mitin del PSC en Tarragona que los responsables serán detenidos, llevados ante el juez y obligados a pagar los daños. «Sabremos quiénes son», afirmó. Después se dirigió a los padres de los menores para advertirles de que, si sus hijos no pueden pagar, pagarán ellos. El alcalde, Jaume Collboni, anunció que el Ayuntamiento se personará en las causas y reclamará los daños a las familias. «No permitiremos que lo que ha pasado en Barcelona quede impune», dijo.
La reclamación se apoya en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Su artículo 61.3 obliga a padres, tutores y guardadores a responder solidariamente de los perjuicios causados por menores de 18 años. Los detenidos empezaron a pasar el domingo ante el juez de menores, que podría acordar su internamiento. La Fiscalía estudia pedir órdenes de alejamiento de futuras concentraciones, y PP y Junts reclaman la comparecencia de Parlon en el Parlament. El énfasis en las familias deja en segundo plano la responsabilidad de quienes diseñaron la convocatoria y de las plataformas que la difundieron. Mientras tanto, Blocus BCN ya llama a volver a las calles el 31 de octubre.
