El Gobierno lleva al Consejo de Ministros un paquete de ayudas a las víctimas y prepara cambios de seguridad y refuerzos de personal. Óscar Puente afronta en el Congreso la presión de todos los socios del Ejecutivo, que reclaman su dimisión, una auditoría independiente y más inversión en mantenimiento.
El choque de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo), ocurrido el miércoles 28 de octubre, ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos, 29 de ellos todavía hospitalizados. Es el segundo siniestro mortal en la alta velocidad española en menos de un año, tras el de Adamuz. El accidente ha abierto una grave crisis de credibilidad en el sistema ferroviario, que el Gobierno intenta contener con un paquete de medidas de urgencia, tanto regulatorias como de inversión.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se comprometió en el foro World in Progress (WIP), organizado por el Grupo PRISA en Barcelona, a recuperar la confianza en la alta velocidad «cueste lo que cueste». El ministro de Transportes, Óscar Puente, lleva al Consejo de Ministros un informe sobre lo ocurrido y comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso. Las causas del accidente siguen bajo investigación.
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Ayudas exprés para las víctimas
La medida más inmediata es un decreto que movilizará alrededor de 10 millones de euros para las familias de los fallecidos y para los heridos, entre ayudas directas y anticipos. Las cuantías para los heridos oscilarán entre cerca de 5.000 euros y algo más de 168.000, según la gravedad de las lesiones. El esquema replica el aprobado tras los accidentes de Adamuz y Gelida, que contaron en conjunto con unos 20 millones. Las ayudas serán compatibles con los seguros obligatorios y de responsabilidad civil y estarán exentas de tributación.
El decreto se articula en cuatro ejes. El primero duplica la cuantía del seguro obligatorio para accidentes, el segundo adelanta las indemnizaciones y el tercero mejora la cobertura por incapacidad temporal. El cuarto crea oficinas de atención integral en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades donde residen los afectados, que podrán tramitar ayudas y recibir información sin desplazarse a Toledo. El pago se realizará de una sola vez para evitar las esperas de los procedimientos ordinarios.
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Nuevos protocolos de seguridad
El segundo bloque responde a la secuencia técnica del accidente, que Puente debe explicar en el Congreso. Según diversas fuentes citadas por El País, el tren que circulaba detrás recibió la orden de arrancar a marcha normal, hasta 200 kilómetros por hora, cuando tenía otro convoy detenido delante. El Gobierno quiere garantizar que esa confusión no se repita. Por ello será obligatorio circular a un máximo de 40 kilómetros por hora, en marcha a la vista, cuando caiga el sistema de control continuo LZB en la línea Madrid-Sevilla.
Transportes reforzará además el balizamiento de esa línea para acortar los cantones, los segmentos de vía entre señales, cuando se pierda el LZB y entre en juego el sistema de respaldo de Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA). También acelerará en el Madrid-Sevilla la activación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), prevista para 2027. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) pide ir más lejos, con una norma de rango superior que extienda esas restricciones a todas las operadoras.
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Más personal y menos presión en los turnos
El paquete incluye cambios en recursos humanos. El Gobierno prevé incorporar más personas a la vigilancia de los trenes y mejorar las condiciones de una plantilla que denuncia saturación. Transportes analizará la situación de la veintena de centros de regulación y control del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), cuatro de ellos dedicados a la alta velocidad. Entre las opciones figuran alargar los descansos o reducir los turnos de noche, además de una oferta de empleo público para formar y habilitar nuevo personal.
La negociación laboral será decisiva. Los sindicatos de maquinistas han convocado paros para el 10 y el 12 de noviembre, la víspera y el día siguiente de la huelga general. Reclaman desbloquear los acuerdos pendientes desde Adamuz, establecer protocolos obligatorios ante fenómenos meteorológicos extremos y mejorar la coordinación con el gestor de infraestructuras. También piden prohibir que los trenes reanuden la marcha normal cuando fallen los sistemas de seguridad y pueda haber más de un convoy en el mismo cantón.
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Puente, sostenido solo por Sánchez
El ministro llega al Congreso en su momento de mayor debilidad. El PP y la ultraderecha de Vox exigieron su dimisión desde el primer día, y ahora también la reclaman todos los socios parlamentarios del Gobierno. Aitor Esteban, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), advirtió de que el accidente «no puede pasar sin responsabilidades políticas». Elisenda Alamany, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), lo considera «culpable y responsable». Junts ve su salida «inaplazable», y Podemos, Sumar, el Frente Amplio, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís piden también su cese.
Sánchez ha pedido a Puente en privado que resista. Según El País, el ministro cree que dimitir supondría reconocer una culpa que considera injusta y tendría un efecto político demoledor para el Gobierno. Algunos miembros del Ejecutivo no descartan, sin embargo, que la decisión cambie si la presión acaba por inhabilitarlo. El presidente tendrá que pronunciarse en público tras la Cumbre Iberoamericana, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
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Inversión y defensa de lo público
El último frente es el de la inversión. Los socios del Gobierno, que como los sindicatos rechazan atribuir el accidente a un fallo humano, reclaman una auditoría independiente de todo el sistema. Proponen además revertir externalizaciones, «empezando por el mantenimiento», reforzar la plantilla y aumentar la financiación. Adif rechaza haber recortado. Su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, asegura que «jamás» decidió frenar la inversión en mantenimiento y sostiene que las partidas de conservación pasaron de 703 millones en 2018 a 1.375 millones en 2026.
Sánchez ha convertido la tragedia en un argumento a favor de los servicios públicos. «La respuesta debe ser más inversión y más cuidado de lo que es de todos», afirmó en el WIP. Allí criticó a quienes abogan por recortar inversiones y recordó la austeridad que siguió a la crisis financiera de la década pasada. La defensa del Estado del bienestar frente a los «sacrificios» que propone el PP será uno de los ejes de la campaña socialista. El Gobierno no ha concretado todavía, sin embargo, cuánto más piensa invertir.
