Pekín se presenta como defensor del multilateralismo frente al proteccionismo occidental. Sin embargo, detrás de su discurso ambiental se libra una disputa por el control de las industrias que definirán la economía del futuro.
La próxima cumbre climática de Antalya no será únicamente una negociación sobre emisiones contaminantes, financiación verde y compromisos ambientales. También será un escenario de la creciente rivalidad comercial entre China y las potencias occidentales. Pekín ha anunciado que su vicepresidente, Han Zheng, participará en la COP31, prevista del 9 al 20 de noviembre, con un mensaje que combina la defensa del Acuerdo de París y una crítica abierta a las barreras comerciales que, según las autoridades chinas, perjudican la transición energética.
El planteamiento encierra una paradoja. China reivindica la cooperación internacional en un momento en que sus empresas ocupan posiciones dominantes en sectores esenciales para abandonar los combustibles fósiles. Paneles solares, baterías y vehículos eléctricos forman parte de una revolución tecnológica en la que la industria china ha conseguido ventajas competitivas considerables. Defender la libre circulación de estos productos significa favorecer una transición energética más asequible, pero también proteger los intereses comerciales de sus fabricantes.
Europa ante una contradicción estratégica
La Unión Europea se enfrenta a un dilema particularmente incómodo. Por una parte, necesita tecnologías limpias competitivas para cumplir sus objetivos climáticos y reducir su dependencia energética. Por otra, pretende desarrollar una industria propia capaz de competir con los grandes fabricantes asiáticos. Las medidas comerciales dirigidas a determinados productos chinos responden a esa preocupación, pero pueden elevar los costes de la transición y provocar nuevas tensiones con Pekín.
España conoce bien esta contradicción. Su apuesta por las energías renovables, el almacenamiento eléctrico y la movilidad sostenible requiere inversiones y equipamientos a precios razonables. Al mismo tiempo, el país aspira a atraer fábricas, desarrollar capacidades tecnológicas y generar empleo industrial. Importar productos baratos puede acelerar determinados proyectos; depender excesivamente de proveedores externos puede limitar, a largo plazo, la autonomía económica europea.
Por eso, reducir el conflicto a una oposición entre una China favorable al libre comercio y una Europa proteccionista sería engañoso. Pekín ha impulsado durante años sus sectores estratégicos mediante políticas industriales y apoyos públicos. Bruselas, por su parte, intenta corregir desequilibrios competitivos sin renunciar a sus compromisos ambientales. Ambas partes invocan principios legítimos, aunque ninguna actúa al margen de sus propios intereses económicos.
La financiación, la gran prueba de credibilidad
Mientras las grandes potencias discuten sobre aranceles y competitividad, numerosos países en desarrollo siguen esperando recursos suficientes para adaptarse al calentamiento global y transformar sus sistemas energéticos. Esa distancia entre las prioridades industriales del Norte y las necesidades financieras del Sur amenaza con debilitar la confianza en las negociaciones climáticas.
La delegación china ha pedido que la COP31 aborde tanto la insuficiencia de las reducciones de emisiones como las dificultades de financiación y los efectos del proteccionismo. Son cuestiones pertinentes, pero la responsabilidad de Pekín también debe examinarse. Su enorme capacidad industrial en tecnologías limpias no elimina el peso de sus emisiones ni la necesidad de compromisos ambientales verificables.
La conferencia de Antalya pondrá así a prueba una idea fundamental: el multilateralismo climático no puede convertirse en una simple herramienta de competencia comercial. Europa tendrá que demostrar que su política industrial es compatible con una transición global accesible. China deberá acreditar que su liderazgo tecnológico se acompaña de una ambición climática suficiente.
La verdadera disputa no consiste solo en decidir quién fabricará los vehículos eléctricos o los paneles solares del futuro. Consiste en saber si la transición energética será un proyecto de cooperación internacional o una nueva carrera por la supremacía económica. Y esa respuesta importa tanto a España como al resto del mundo.