El líder del PP convierte su paso por el Insalud y la Xunta en su principal aval tras la tragedia de Urda. Los informes del Consello de Contas, los datos de deuda y las cifras sanitarias dibujan otro balance, marcado por la externalización de servicios, los sobrecostes y una sanidad pública con menos recursos.
Alberto Núñez Feijóo ha elegido la tragedia ferroviaria de Urda como escenario para relanzar su candidatura. Ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP contrapuso su experiencia al «relato» del Gobierno y resumió su oferta en una frase, «Yo sí sé hacerlo». En una entrevista posterior insistió en la misma idea y presentó la gestión como lo único que sabe hacer y a lo que ha dedicado su vida. Génova ha decidido que la campaña del 29 de noviembre gire en torno a esa biografía administrativa, presentada como garantía frente al supuesto caos socialista.
La pregunta pertinente no es si Feijóo gestiona, sino para quién y con qué resultados. Sus cuatro mayorías absolutas en Galicia acreditan un éxito electoral indiscutible, pero no certifican la calidad de su gestión. Su trayectoria muestra una constante que va desde el Insalud hasta San Caetano. Feijóo ha confiado la gestión de servicios públicos a fórmulas privadas o semiprivadas, financiadas con dinero público y sin evaluaciones que demostraran su ventaja. Estas son las claves de esa herencia.
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Un modelo nacido en el Insalud
Como presidente del Insalud a finales de los noventa, Feijóo fue uno de los principales impulsores de las fundaciones públicas sanitarias. Al amparo de la Ley 15/1997 se crearon fundaciones en hospitales del Insalud y esa estructura se utilizó para gestionar centros nuevos como Alcorcón, Manacor o Calahorra. La ley contó con un respaldo amplio, porque la apoyaron el PP, el PSOE, CiU, el PNV y Coalición Canaria. El problema fue el método de aplicación. Los investigadores Manuel Martín-García y Marciano Sánchez-Bayle advirtieron en Gaceta Sanitaria que el Insalud extendió las fundaciones sin esperar a analizar los resultados de la primera experiencia.
El ensayo tenía un precedente gallego. Según recuerda La Marea, José Manuel Romay Beccaría, entonces conselleiro de Sanidade y con el joven Feijóo en su equipo, levantó hospitales comarcales a través de fundaciones con personal laboral y gestión de corte privado. Aquella fórmula sacaba la gestión del derecho administrativo, daba más margen a los gerentes y reducía el control público. Es la misma lógica que Feijóo trasladó años después a la Xunta, ya con un presupuesto mucho mayor y la capacidad de comprometer pagos durante décadas.
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El Cunqueiro y el precio de la concesión
El proyecto estrella de su etapa autonómica fue el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Se adjudicó mediante una concesión de obra pública que abarcaba la construcción y la explotación del centro, además de la prestación de servicios no sanitarios. El Consello de Contas fiscalizó el contrato en 2024 y concluyó que la Administración se habría ahorrado 470 millones de euros si hubiera licitado por separado la obra y los servicios. La memoria justificativa preveía 2.000 camas en el conjunto del complejo hospitalario de Vigo, una cifra que el centro nunca alcanzó. Contas señala además que tampoco se consiguió reducir el peso relativo de Povisa, que era uno de los objetivos fijados.
El PP niega la mayor. Su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, sostuvo que el informe no habla de sobrecoste sino del coste asociado a construir y financiar el hospital. La Xunta defiende que era el único modelo viable y que por la vía convencional la obra se habría demorado hasta quince años. El contraste con las promesas resulta llamativo. En 2013 Feijóo aseguró que cualquier hospital gallego tenía «la misma garantía de público que la Catedral de Santiago». Según la oposición, entre el canon del Cunqueiro, las derivaciones y el concierto con Povisa, cerca de 200 millones anuales del presupuesto sanitario acaban en empresas privadas.
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Residencias en manos privadas
En la atención a los mayores, la externalización fue todavía más profunda. En 2020, familiares de residentes denunciaban que el 87 % de las plazas gallegas estaba gestionado por empresas privadas, un porcentaje cercano al del conjunto de España. La Xunta replica que las plazas residenciales financiadas con fondos públicos superan ya las 18.000, el triple que en 2009. Esa cifra mide el dinero público comprometido, no quién presta el servicio, y una parte relevante de esa financiación sostiene centros de titularidad o gestión privada.
La pandemia expuso las costuras del modelo. En marzo de 2020 la Xunta intervino las residencias DomusVi de Barreiro, en Vigo, y de Cangas, las dos primeras privadas sometidas a ese control por el elevado número de contagios. A comienzos de abril, casi el 46 % de los fallecidos por coronavirus en Galicia estaba relacionado con residencias de mayores. Las asociaciones de familiares atribuían a los centros de DomusVi la mitad de las muertes registradas en residencias gallegas, y la empresa llegó a acudir a los tribunales para que los datos de Galicia siguieran ocultos.
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Menos camas y una primaria debilitada
El deterioro de la sanidad pública gallega tiene una cronología que arranca con la llegada de Feijóo. Según el Instituto Galego de Estatística, Galicia pasó de 10.581 camas hospitalarias en 2009 a 9.452 en 2023, y la espera media para una cirugía subió de 55 días en 2012 a 73 en diciembre de 2025. Parte de ese periodo corresponde ya a Alfonso Rueda, pero la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública sitúa el origen en la política de recortes iniciada en 2009. Los cierres estivales de camas se convirtieron además en una rutina anual que la oposición denunció verano tras verano.
La atención primaria fue el eslabón más castigado. Según los cálculos difundidos por las asociaciones de defensa de la sanidad pública, la inversión en primaria cayó un 20 % en términos reales durante su mandato. En 2022, con su último presupuesto, el peso de la primaria bajó del 13,7 % al 13,4 % del gasto sanitario. Feijóo esgrimía otros datos. En 2018 presumía de contar con un 7 % más de médicos de familia que en 2008. El diagnóstico de los auditores es menos complaciente. Un informe reciente del Consello de Contas constata que Galicia dedica solo el 12 % del gasto sanitario a la primaria, la mitad del mínimo recomendado por la OMS.
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Las cuentas del gestor
El rigor presupuestario es otro de los pilares del mito. Entre abril de 2009 y mayo de 2022, la deuda autonómica gallega se multiplicó por 2,76, con un aumento de 7.541 millones de euros que situó a Galicia como la novena comunidad en crecimiento absoluto. Cuando Rueda asumió la presidencia, la deuda alcanzaba los 11.824 millones. En el cara a cara de 2023, Maldita.es calificó de falsa la afirmación de Feijóo de ser el presidente que menos había incrementado la deuda, aunque Galicia figura como la cuarta comunidad donde menos creció la ratio sobre el PIB.
La gestión de los fondos europeos tampoco avala el relato de eficacia. El Consello de Contas reprochó que en 2021, su último ejercicio completo, la Xunta ejecutó menos de la mitad de los 1.098 millones de fondos europeos recibidos, un nivel que el órgano consideró notablemente bajo. El Gobierno gallego atribuye el retraso a que más del 70 % de esos recursos llegó en los últimos meses del año. Hoy Feijóo promete auditar la red ferroviaria nada más llegar a la Moncloa. En 2015, en lo que es una práctica recurrente del largo mandato popular al frente del gobierno gallego, su grupo parlamentario rechazó la petición de toda la oposición para que el Consello de Contas fiscalizara el Cunqueiro.
