Los máximos responsables operativos de ambos cuerpos en la ciudad autónoma ofrecieron ante la jueza María Tardón versiones enfrentadas sobre la gestión de la entrada masiva del 30 de julio. El teniente coronel de la Guardia Civil defendió que no cerró la frontera para evitar muertes por aplastamiento o ahogamiento. Ambos mandos situaron embarcaciones y agentes marroquíes en el escenario de una crisis que la Audiencia Nacional sigue investigando.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tomó declaración el lunes 26 de octubre, en calidad de testigos, a dos mandos de Ceuta. Uno fue el jefe de operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil, un teniente coronel. El otro fue Lorenzo Juan Fages Cortés, quien fuera inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad. Ambos admitieron que el 30 de julio, cuando comenzó la llegada de personas desde Marruecos, mantuvieron discrepancias abiertas sobre cómo afrontarla. Sus testimonios, adelantados por La Vanguardia, dibujan un dispositivo fracturado en el momento más crítico.
La instrucción investiga la entrada de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, una cifra que otras informaciones sitúan en torno a 72.000. Tardón asumió la causa tras concluir en un auto que la llegada masiva constituyó un «ataque grave a la integridad territorial». La jueza añadió que no podía considerarse un hecho aislado ni espontáneo. La magistrada subrayó también el desprecio mostrado hacia la vida de las personas más vulnerables en una crisis que, según su resolución, causó 142 muertos entre quienes intentaron alcanzar Ceuta a nado.
El riesgo de una tragedia mayor
El primer choque se produjo en torno a la puerta fronteriza. El inspector jefe de la Policía Nacional era partidario de cerrar los accesos con Marruecos para contener la entrada. El teniente coronel de la Guardia Civil, competente para ordenarlo, se negó. Ante la magistrada explicó que esa puerta permanece siempre abierta y que fue la Policía quien le pidió clausurarla. Su argumento combinó razones humanitarias y operativas, porque a su juicio un cierre en plena avalancha habría multiplicado el peligro para quienes intentaban cruzar.
El mando del instituto armado alegó que bloquear el paso habría provocado un grave riesgo de aplastamiento entre las personas que se agolpaban en la frontera. También advirtió de que muchas habrían optado por el mar, con la consiguiente amenaza de muertes por ahogamiento. La cifra de fallecidos recogida en el auto de la jueza ilustra la magnitud de ese peligro en las aguas próximas a la frontera. Su decisión se convierte así en una de las cuestiones centrales que la instrucción deberá valorar.
Una delegación sin instrucciones
El teniente coronel aclaró que el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, no le dio instrucciones durante la entrada masiva. Fue él quien informó al delegado de lo que estaba ocurriendo, y las decisiones operativas las adoptó por su cuenta. Pérez Triano dimitió a raíz de la crisis. Su testimonio refuerza la imagen de unos cuerpos que actuaron sin una dirección política capaz de coordinarlos sobre el terreno en las horas decisivas.
Esa falta de coordinación ya había aflorado en otras declaraciones. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró ante la jueza que el 28 de julio telefoneó a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, para reclamar un mando único. Según la declaración del exjefe de gabinete de la Delegación, Pérez Triano había advertido desde esa misma fecha a la Secretaría de Estado de los problemas que afrontaba la ciudad. La jueza ha estudiado la posibilidad de citar también a Calvo.
Barcos y agentes marroquíes bajo sospecha
Los dos mandos coincidieron en un punto relevante para la investigación. Ambos reconocieron que la noche anterior a la entrada masiva había varias embarcaciones marroquíes en la zona. El teniente coronel identificó seis, entre ellas dos interceptoras, dos patrulleras y dos de pequeño tamaño. Admitió que entonces interpretó su presencia como una buena señal, un refuerzo de la seguridad. La jueza investiga si esas naves se encontraban sin autorización en aguas territoriales españolas y si su papel fue el contrario al de colaborar.
El inspector jefe de la Policía Nacional declaró que vio a agentes marroquíes dar paso hacia Ceuta durante la avalancha. Describió a uniformados y a personas de paisano que hacían gestos para facilitar el avance. El guardia civil aseguró que los militares marroquíes permanecían de brazos caídos y dirigían a los migrantes desde la playa hacia el espigón. Estos relatos coinciden con lo que la jueza recogió en su auto a partir de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que atribuía a agentes uniformados indicaciones para superar los obstáculos fronterizos.
Pese a todo, el responsable policial matizó que el 30 de julio no contaba con ninguna alerta previa ni aviso de lo que podía suceder ese día. Recordó haber visto barcos de guerra, a su juicio de la Armada marroquí, aunque reconoció que poco pudo hacerse porque aquello era un «caos». Su relato contrasta con los avisos que, según otras declaraciones, llegaron a la Delegación y a la Secretaría de Estado días antes. La instrucción deberá despejar esa contradicción para reconstruir la cadena de responsabilidades a ambos lados de la frontera.
