El Ejecutivo ha enviado al Consejo de Estado la última versión del real decreto que regulará la implantación de centros de procesamiento de datos en España. El texto mantiene la protección del agua y del recibo eléctrico, pero eleva de 1 a 10 megavatios el umbral de aplicación y abre un periodo transitorio hasta 2031, tras las advertencias de la patronal Spain DC y las objeciones de la CNMC.
El Gobierno remitió el lunes al Consejo de Estado la última versión del real decreto con el que pretende ordenar la llegada de centros de procesamiento de datos (CPD) a España. Lo hace después de estudiar más de 600 alegaciones y el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el borrador que salió a consulta pública el pasado 25 de agosto. El nuevo texto, adelantado por La Vanguardia, conserva el objetivo declarado de la norma, que estas instalaciones no compitan de forma dañina por el agua ni encarezcan la factura eléctrica de los hogares.
La filosofía se mantiene, pero la letra pequeña cambia de manera sustancial. Los centros de datos consumen grandes cantidades de electricidad y su impacto sobre el sistema puede acabar trasladándose al recibo de los consumidores finales. Por eso el borrador planteaba exigencias severas de generación renovable propia. La versión que examina ahora el Consejo de Estado suaviza buena parte de ellas, en la línea de lo que reclamaba el sector, y concede a los promotores un margen mucho mayor que el previsto hace apenas dos meses.
Un perímetro diez veces más estrecho
El primer cambio afecta al alcance de la norma. El borrador obligaba a todos los centros con una potencia de acceso igual o superior a un megavatio (MW). La nueva redacción solo se aplicará a los de 10 MW o más, es decir, a proyectos de mayor tamaño y con más capacidad financiera. Las instalaciones situadas por debajo de ese umbral quedan fuera de las obligaciones que el Gobierno había diseñado para proteger la red eléctrica y el bolsillo de los consumidores.
Para los centros que sí entran en el perímetro, la regla general no varía. Deberán consumir mayoritariamente energía renovable, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), hasta que el mix eléctrico español alcance el 90% renovable. Para conectarse a la red tendrán que acreditar nueva generación asociada capaz de cubrir el 80% de su consumo en cada una de sus horas de funcionamiento. Esa exigencia horaria fue precisamente la que hizo saltar las alarmas en el sector.
La presión de Spain DC surte efecto
La patronal Spain DC advirtió de una huida masiva de inversiones si el requisito no se modificaba, y la CNMC también lo cuestionó. El Gobierno ha atendido ambas posiciones con una fórmula intermedia. Mantiene la obligación del 80% para quienes puedan cumplirla antes de poner en marcha el centro, pero abre un régimen transitorio de cinco años, hasta 2031, para el resto. En la práctica, quien no pueda satisfacerla desde el inicio dispondrá de un lustro con condiciones bastante más laxas.
Hasta el 31 de diciembre de 2028, los centros acogidos a esta vía deberán respaldar con generación nueva y renovable el 60% de su consumo, pero solo en las horas punta de su nivel de tensión. Se trata, sobre todo, de las horas nocturnas, cuando la electricidad es más cara y la demanda alcanza sus picos. Desde 2029 y hasta 2031, el porcentaje subirá al 70% y se extenderá también a las horas llano. El 80% horario del borrador queda así aplazado para todos los proyectos que opten por el periodo transitorio.
Desconexión sin pago y vía libre a la solar
El Ejecutivo introduce, eso sí, una contrapartida relevante. Las plantas que elijan el régimen transitorio tendrán que ponerse a disposición de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema, para ser gestionadas de forma flexible. Si la red lo necesita, podrán ser desconectadas con un mecanismo similar al que hoy se aplica a la gran industria. La diferencia es notable. Las industrias cobran por participar en el sistema de reducción automática de potencia (SRAP), mientras que los centros de datos no recibirán retribución alguna y serán los primeros en desconectarse.
La otra gran concesión llega por la vía solar. Atendiendo a la demanda del sector y a la recomendación de la CNMC de evitar un exceso de fotovoltaica, que ya se desperdicia en las horas centrales del día y empuja los precios a cero o a terreno negativo, el Gobierno considerará adicional toda la generación solar incluida en un nuevo proyecto aunque no sea nueva. Es decir, aunque no haya entrado en funcionamiento en los 36 meses previos a la apertura del centro, un plazo que además se amplía frente a los 18 del borrador. El principio de adicionalidad sale así debilitado.
No hay, en cambio, ninguna flexibilidad en los requisitos de consumo de agua, y la eficiencia energética se medirá con un índice adaptado a cada zona climática del país. Son las garantías que sobreviven intactas en un texto que, por lo demás, se ha desplazado hacia las posiciones de la industria. El Consejo de Estado tiene ahora la palabra, pero la orientación ya es nítida. El Gobierno ha optado por atender la amenaza de fuga de inversiones aun a costa de rebajar las salvaguardas para la red y para la factura de los consumidores.
