El ministro de Transportes anunció su renuncia ante la Diputación Permanente tras más de cuatro horas defendiendo su gestión y sin asumir culpa en el siniestro de Urda. Invocó la responsabilidad política por dos accidentes que suman 115 muertos en menos de un año. El PP rechaza el gesto como una confesión, Vox eleva el tono contra Sánchez y los socios del Gobierno trasladan el debate al modelo ferroviario.
Óscar Puente anunció el martes 3 de noviembre su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible al cierre de una comparecencia de más de cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso. Lo hizo después de defender con datos y gráficos su gestión y de rechazar haber tomado u omitido decisiones que contribuyeran al choque de Urda (Toledo). El accidente, ocurrido el 28 de octubre, deja un balance provisional de 69 muertos y cerca de 200 heridos. Sumado a la tragedia de Adamuz en enero, la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía acumula 115 víctimas mortales en menos de un año.
El ministro comunicó la decisión a Pedro Sánchez por WhatsApp apenas «unos minutos antes» de hacerla pública, según reconoció él mismo. Horas antes, La Moncloa aseguraba que no habría dimisión ni cese. El presidente del Gobierno ya había rechazado que Puente pusiera su cargo a disposición el mismo día del siniestro. La renuncia alcanza también a su candidatura como cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Valladolid en las generales del 29 de noviembre, puesto que ocupará la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Hasta que el cese sea efectivo, Puente sigue al frente del departamento.
Responsabilidad política sin culpa
Puente justificó la salida sin asumir culpa alguna en el siniestro. Argumentó que un ministro no puede seguir en el cargo tras dos accidentes de esa gravedad, «tenga o no responsabilidad directa en ellos». Después lo definió como «una cuestión de responsabilidad política, de decencia y de empatía con las víctimas». Para dar peso a esa distinción recurrió a un precedente extranjero, el del ministro portugués Jorge Coelho. Coelho dimitió en 2001 tras el derrumbe de un puente en el que murieron 59 personas, y Puente hizo suya su frase más conocida, «la culpa no puede morir soltera».
Que el ejemplo tuviera que buscarse fuera no es un detalle menor. En España, las dimisiones por responsabilidad política al margen de la corrupción o de una imputación judicial han sido excepcionales. Buena parte de la prensa de referencia lo interpretó así y destacó un gesto más propio de las democracias consolidadas del entorno europeo. Sánchez reivindicó la decisión en esa misma clave: «Ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado». También la contrapuso a la actitud de la oposición con una fórmula de campaña, «no todos somos iguales».
El PP convierte el gesto en confesión
El Partido Popular (PP) negó cualquier valor a la renuncia. «La dimisión de Puente es una confesión de culpabilidad», sostuvo el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, que extendió esa culpa a quien le nombró y le mantuvo en el cargo. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, resumió la posición con una fórmula que repitió en redes, «116 vidas tarde». Esa cifra incluye la víctima mortal del accidente de Gelida. El comunicado oficial del partido fue más lejos y atribuyó la salida a las encuestas: «No ha dimitido él, le ha dimitido Tezanos».
Esa lectura castiga a quien asume responsabilidades. Si dimitir equivale a confesar, el incentivo para cualquier cargo público es aferrarse al puesto. Génova había programado precisamente un mitin en Valladolid para explotar la permanencia del ministro. La ultraderecha elevó todavía más el tono. Santiago Abascal, presidente de Vox, llamó a Sánchez «capo de la mafia» y «cerebro de la organización criminal que nos gobierna», en una deslegitimación del adversario que el partido practica con frecuencia. Su portavoz, Pepa Millán, anticipó responsabilidades penales antes de que su grupo abandonara la sesión.
Socios críticos y campaña en marcha
La presión no procedía solo de la derecha. Sumar y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), socios del Gobierno, reclamaron la dimisión durante la comparecencia, aunque sin atribuirle la culpa del accidente. «Usted está al frente del ministerio del que depende nuestro sistema ferroviario», le recordó la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le advirtió de que había perdido la confianza ciudadana «y eso ya no tiene remedio». Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu no pidieron expresamente su salida, pero desplazaron el foco hacia el modelo ferroviario.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, sostuvo que «un error humano refleja un sistema de seguridad fallido». Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, pidió esperar a la investigación antes de señalar a los trabajadores. Esa es la cuestión que la dimisión no resuelve, porque las causas del siniestro siguen bajo investigación judicial y la tarea de recuperar la confianza en la alta velocidad recae ahora en el relevo que designe Sánchez. Ada Colau, candidata del Frente Amplio, agradeció a Puente «la dignidad de este gesto difícil». La dirección socialista cerró filas con mensajes de reconocimiento a su decisión.
El calendario explica buena parte del impacto. La renuncia llega a menos de cuatro semanas del 29 de noviembre. Para entonces, incluso dirigentes socialistas consideraban insostenible la permanencia del ministro, y el PP preparaba una campaña centrada en la tragedia. Sánchez pierde a uno de sus defensores más combativos, pero se libra de un flanco que la oposición pensaba explotar hasta las urnas. El PP ya ha trasladado la ofensiva al presidente con un lema, «le dimitiremos en las urnas», con el que convierte las generales en un plebiscito sobre el accidente.
