Representantes de cerca de 200 países se reúnen en Ereván para evaluar los compromisos mundiales de protección de la naturaleza. La deforestación, la desaparición de especies y la falta de recursos amenazan los objetivos fijados para 2030.
La comunidad internacional vuelve a enfrentarse a una pregunta decisiva: ¿cómo detener la destrucción de la naturaleza cuando los compromisos políticos avanzan mucho más deprisa que las medidas destinadas a cumplirlos? Este lunes 19 de octubre comienza en Ereván, capital de Armenia, la decimoséptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas (COP17), con la participación de delegaciones de cerca de 200 países y la perspectiva de dos semanas de negociaciones marcadas por las dificultades financieras y las divergencias entre gobiernos.
La reunión llega en un momento especialmente delicado para los ecosistemas del planeta. La desaparición de especies, la degradación de los bosques, el deterioro de los arrecifes de coral y la explotación intensiva de los recursos naturales siguen amenazando el equilibrio ambiental y los medios de subsistencia de millones de personas. Los organizadores esperan reunir hasta 15.000 participantes, entre representantes gubernamentales, científicos, organizaciones ambientales, comunidades indígenas y actores económicos.
En la inauguración, el ministro armenio de Medio Ambiente y presidente de la conferencia, Hambardzum Matevosyan, llamó a superar las diferencias entre los países y alcanzar acuerdos que permitan obtener resultados tangibles. El desafío consiste en transformar las declaraciones internacionales en políticas capaces de frenar la pérdida de biodiversidad antes de que termine la década.
El acuerdo de 2022, lejos de cumplirse
La COP17 constituye una primera gran prueba para el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022 durante la COP15. Aquel pacto estableció 23 metas para 2030, entre ellas proteger al menos el 30 % de las superficies terrestres y marinas del planeta, restaurar ecosistemas degradados, reducir las actividades económicas perjudiciales para la naturaleza y reforzar los derechos y la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Cuatro años después, las evaluaciones preliminares indican que la mayoría de los objetivos avanzan con retraso. El problema no reside únicamente en la ambición de las metas, sino también en la insuficiencia de los mecanismos nacionales para aplicarlas, en la falta de financiación y en la persistencia de incentivos económicos que favorecen prácticas destructivas.
El primer ministro armenio, Nikol Pashinian, reconoció antes de la apertura que la comunidad internacional todavía no se encuentra en la trayectoria necesaria para cumplir sus compromisos. Su llamamiento a pasar de las promesas a las acciones refleja una preocupación compartida por numerosos participantes: la posibilidad de que 2030 llegue sin que se hayan producido cambios suficientes para detener el deterioro de los ecosistemas.
Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, recordó que miles de millones de personas dependen de los resultados de estas negociaciones. La pérdida de biodiversidad no constituye únicamente un problema de conservación de especies: afecta a la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la salud, la agricultura y la capacidad de las sociedades para resistir fenómenos climáticos extremos.
Los subsidios perjudiciales para la naturaleza, bajo presión
Uno de los debates más complejos gira en torno a las ayudas públicas y los incentivos económicos que favorecen actividades dañinas para los ecosistemas. Naciones Unidas estima que los flujos financieros perjudiciales para la naturaleza, incluidos determinados subsidios y otras formas de apoyo económico, alcanzan magnitudes de billones de dólares anuales.
En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó acelerar la aplicación de los compromisos y cuestionó la continuidad de las subvenciones a los combustibles fósiles. El Marco de Kunming-Montreal establece como objetivo identificar y reducir progresivamente los incentivos perjudiciales para la biodiversidad en al menos 500.000 millones de dólares anuales para 2030.
La dificultad política es considerable. Muchos de estos mecanismos están profundamente integrados en las políticas energéticas, agrícolas, pesqueras e industriales de los Estados. Su reforma exige alternativas económicas y sociales que permitan reducir los daños ambientales sin trasladar de manera desproporcionada los costes a los sectores más vulnerables.
La financiación enfrenta a países ricos y emergentes
El dinero será uno de los principales puntos de fricción de la conferencia. Los países en desarrollo reclaman mayores recursos para proteger sus bosques, sus ecosistemas marinos y sus espacios naturales, argumentando que una parte importante de la biodiversidad mundial se encuentra en sus territorios, mientras que la capacidad financiera para conservarla está distribuida de forma desigual.
El acuerdo de 2022 prevé movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales de distintas fuentes para 2030 y aumentar las transferencias internacionales destinadas a los países en desarrollo. Sin embargo, los avances siguen siendo insuficientes, en un contexto de restricciones presupuestarias y reducción de la ayuda pública al desarrollo.
Durante los encuentros preparatorios en Ereván, el ministro chino de Medio Ambiente, Huang Runqiu, advirtió de la magnitud del déficit mundial de financiación. Por su parte, los países desarrollados, incluida la Unión Europea, defienden una mayor participación de China y de otras grandes economías emergentes en los mecanismos internacionales de apoyo.
Estas diferencias reflejan un problema recurrente de la diplomacia ambiental: cómo distribuir las responsabilidades económicas entre los países industrializados, las potencias emergentes y los Estados que albergan ecosistemas de importancia mundial.
Dos semanas para demostrar que los compromisos pueden cumplirse
La COP17 se celebra además en un contexto internacional poco favorable para la cooperación multilateral. Las tensiones geopolíticas, las dificultades presupuestarias y las discrepancias sobre la distribución de los esfuerzos ambientales complican la búsqueda de consensos. La conferencia precede en tres semanas a la COP31 sobre el clima, prevista en Turquía, lo que vuelve a poner de manifiesto la estrecha relación entre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
El presidente de WWF International, Adil Najam, resumió uno de los principales mensajes de las organizaciones ambientales: el mundo no necesita acumular nuevas declaraciones de intenciones, sino ejecutar los compromisos existentes y demostrar sus resultados.
El éxito de Ereván no dependerá, por tanto, de la aprobación de nuevas promesas, sino de la capacidad de los gobiernos para establecer mecanismos verificables de financiación, restauración ecológica y reducción de las actividades destructivas. Las próximas dos semanas permitirán medir hasta qué punto los países están dispuestos a asumir los costes políticos y económicos de proteger la naturaleza.
La COP17 afronta así una prueba de credibilidad: demostrar que el acuerdo mundial de biodiversidad puede convertirse en resultados concretos antes de 2030, cuando el deterioro de los ecosistemas amenaza con superar la capacidad de respuesta de numerosos países.
