El Ministerio de Trabajo eleva el salario mínimo un 5,3% para 2027, cuatro décimas más de lo que proponían sus expertos, y acelera los plazos para que el Consejo de Ministros lo apruebe antes de las elecciones del 29 de noviembre. Desde 2018 el aumento acumulado llega al 74%, pero esta vez no hay acuerdo con sindicatos ni con patronal y la tributación sigue sin resolverse.
El salario mínimo interprofesional (SMI) pasará en 2027 de 1.221 a 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, es decir, 18.004 euros al año. El Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó el miércoles por la noche el proyecto de real decreto con una subida del 5,3%, que supone 65 euros más al mes. La cifra supera en cuatro décimas el escenario central de la comisión de expertos, que planteaba un alza del 4,9% y 60 euros, en línea con la inflación interanual de octubre.
La decisión cierra un procedimiento comprimido al máximo. Trabajo redujo el diálogo con los agentes sociales a una sola reunión, ese mismo miércoles, y horas después sacó el texto a audiencia pública. El plazo de alegaciones termina el 16 de noviembre. A partir de ahí, el Consejo de Ministros podría aprobar la subida el día 17, la fecha más probable, o el 24. Son las dos reuniones ordinarias que quedan antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Recuperar el poder adquisitivo perdido
El departamento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, explica la diferencia con los expertos por la necesidad de compensar lo que los perceptores del SMI han perdido este año. Según Trabajo, el salario mínimo subió un 3,1% en 2026 y la inflación media fue del 3,5%, empujada por una escalada de precios que el ministerio atribuye a la guerra de Irán. Los sindicatos pidieron durante el año una revisión por el encarecimiento de la vida. Trabajo no la aceptó entonces, pero ahora incorpora esas cuatro décimas.
La subida consolida una trayectoria sin precedentes. En 2018 el salario mínimo era de 736 euros, así que con la nueva cifra el incremento acumulado llega al 74%. El SMI se ha convertido en uno de los salarios más frecuentes del país, lo que supone una mejora directa para los sueldos más bajos. La propia comisión de expertos advierte, sin embargo, de un riesgo. Si las nóminas se concentran en una banda estrecha cerca del mínimo, pueden quedar en ella trabajadores cualificados o con experiencia, porque el efecto de arrastre sobre los salarios superiores es limitado.
Sin el aval de sindicatos ni de la patronal
Por primera vez desde que Díaz llegó al ministerio, la subida saldrá adelante sin el respaldo formal de ninguna de las partes. La ley no lo exige. El Estatuto de los Trabajadores obliga al Gobierno a consultar cada año a sindicatos y patronal, pero no a pactar con ellos. Además, como el SMI se aprueba por decreto, no tiene que pasar por la Diputación Permanente ni por las nuevas Cortes. Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) siguen pidiendo más. «Nos vamos a mantener firmes en la reivindicación del 7%», afirmó el secretario general de CC OO, Unai Sordo.
En un comunicado conjunto, las dos centrales celebraron la subida como «un nuevo impulso para los salarios más bajos», pero reprocharon al Gobierno varios compromisos incumplidos. El principal es reformar las reglas de compensación y absorción para que las empresas no puedan suprimir pluses cuando sube el SMI. Fuentes conocedoras de los planes del ministerio dan por hecho que esa reforma no llegará. Sí podría aprobarse antes de las elecciones el refuerzo del registro horario. Esa norma se frenó tras un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que Trabajo atribuyó a las objeciones del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo. «Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer», prometió Díaz en marzo.
La CEOE pide esperar a las urnas
La patronal ha cargado contra el calendario. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que preside Antonio Garamendi, acusa al Ejecutivo de hacer «una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales». Pide que decida el Gobierno que salga de las urnas y que la negociación empiece en diciembre. El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, también cuestionó el método. Habló de «prestidigitación» y describió la consulta como una apariencia de diálogo social.
La CEOE aprovechó además para recordar una reivindicación que el Gobierno nunca ha atendido, la actualización de los contratos públicos. Quiere que las empresas que prestan servicios a la Administración puedan trasladar a sus facturas el aumento salarial. Según la patronal, la subida pesa especialmente en sectores con mucha mano de obra, como la limpieza o la seguridad privada. Su propuesta de aplazar la decisión dejaría el salario mínimo en manos de un Gobierno en funciones o del que se forme tras el 29 de noviembre, justo lo que Trabajo quiere evitar.
Queda pendiente la fiscalidad. Hacienda prevé subir la deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de unos 590 euros a cerca de 1.030 al año. Sin ese ajuste, un trabajador soltero y sin hijos pagaría unos 600 euros. El ministro Arcadi España reiteró que es un salario que «no tributa a términos de IRPF». Según El País, el cambio podría aprobarse antes de las elecciones, aunque La Vanguardia duda de que este Gobierno llegue a hacerlo. Mientras tanto, los sindicatos insisten en que la subida debe llegar íntegra a la nómina.
