Los letrados responsabilizan a Laurent Nuñez de las instrucciones sobre el uso de armas policiales durante las protestas sociales y estudiantiles. Una veintena de personas han sufrido heridas graves desde septiembre, mientras el ministro defiende la legalidad de las intervenciones y se declara dispuesto a responder ante la Justicia.
París, 7 de noviembre de 2026. Los abogados de al menos 18 personas gravemente heridas durante las manifestaciones sociales y estudiantiles que se suceden en Francia desde mediados de septiembre anunciaron su intención de presentar una denuncia contra el ministro del Interior, Laurent Nuñez, por las lesiones sufridas por sus representados en intervenciones policiales.
La iniciativa, anunciada el viernes, se dirigirá a la Corte de Justicia de la República, el órgano competente para examinar posibles responsabilidades penales de los miembros del Gobierno francés por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Los letrados cuestionan las instrucciones relativas al empleo de lanzadores de balas de defensa (LBD) y granadas policiales, cuyo uso durante las movilizaciones ha provocado una creciente controversia sobre la proporcionalidad de la fuerza.
La denuncia todavía no ha sido presentada. Según sus promotores, el procedimiento se iniciará en un plazo aproximado de tres semanas.
Una veintena de manifestantes con heridas graves
La agencia AFP ha contabilizado alrededor de veinte personas que han sufrido lesiones graves desde mediados de septiembre, entre ellas amputaciones traumáticas de manos, fracturas de mandíbula y pérdida de visión en un ojo.
Las heridas se atribuyen a impactos de proyectiles disparados por lanzadores de balas de defensa o a explosiones de granadas utilizadas por las fuerzas de seguridad.
Estos casos han intensificado el debate sobre el empleo de armamento policial durante las protestas y sobre los mecanismos de control de las intervenciones.
Las manifestaciones se han desarrollado en un contexto de creciente malestar social por el coste de la vida, la defensa de los servicios públicos y las reivindicaciones estudiantiles.
Las autoridades, por su parte, mantienen que deben prevenir los episodios de violencia, destrucción de bienes y saqueos registrados durante algunas de las movilizaciones.
Los abogados apuntan a las decisiones ministeriales
Arié Alimi, uno de los abogados que impulsan la iniciativa, afirmó que ha llegado el momento de examinar la responsabilidad de quien, a su juicio, autorizó o mantuvo el uso de armas capaces de provocar lesiones irreversibles.
«Hoy consideramos que es imperativo apuntar a quien es responsable de estas mutilaciones», declaró el letrado al anunciar la futura denuncia.
Alimi sostiene que el ministro del Interior conocía los riesgos asociados a estos dispositivos y, pese a ello, permitió que siguieran utilizándose en operaciones de mantenimiento del orden.
La estrategia jurídica busca, por tanto, trascender la responsabilidad individual de los agentes que efectuaron los disparos para examinar las decisiones adoptadas en la cadena de mando.
Sin embargo, la existencia de lesiones graves no demuestra por sí sola la responsabilidad penal del ministro. Para establecerla sería necesario determinar qué instrucciones impartió, su alcance jurídico y su posible relación con los daños sufridos.
Nuñez defiende la actuación policial
Laurent Nuñez rechazó las críticas y defendió la necesidad de que las fuerzas de seguridad dispongan de medios de intervención adaptados a situaciones de violencia.
«Este armamento de rango intermedio es imprescindible para la actuación de las fuerzas de seguridad», afirmó el ministro, quien sostuvo que su utilización está sometida a un marco legal.
Aunque lamentó que se hayan producido heridos, Nuñez se declaró dispuesto a responder ante cualquier procedimiento judicial.
«Estoy muy tranquilo y muy firme en mis convicciones», añadió.
La posición del ministro refleja el argumento del Ejecutivo francés: las fuerzas de seguridad deben disponer de instrumentos que les permitan contener disturbios y proteger a las personas y los bienes.
Los abogados de los manifestantes, en cambio, consideran que el riesgo de causar lesiones permanentes obliga a revisar tanto el empleo de estas armas como las instrucciones que regulan su utilización.
Más de cien investigaciones internas abiertas
La controversia se desarrolla mientras las autoridades policiales examinan numerosas denuncias relacionadas con las actuaciones de sus agentes.
Según un recuento conocido hasta el 30 de octubre, se habían abierto 105 investigaciones internas.
De ellas, 52 estaban vinculadas a las protestas estudiantiles, 48 a intervenciones realizadas durante los días 17 y 18 de octubre y cinco a incidentes registrados el 24 de octubre.
Estas investigaciones no equivalen a constataciones de culpabilidad, pero reflejan la magnitud de los cuestionamientos sobre las actuaciones policiales durante las últimas semanas.
El Gobierno se encuentra bajo presión tanto por la necesidad de evitar nuevos disturbios como por las exigencias de esclarecer las circunstancias en las que numerosos manifestantes resultaron heridos.
Un debate sobre seguridad y derechos fundamentales
La anunciada denuncia abre un nuevo frente político y judicial en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo francés.
La Corte de Justicia de la República, integrada por tres magistrados de la Corte de Casación y doce parlamentarios, es la única jurisdicción habilitada para juzgar a ministros por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
La eventual presentación de la denuncia no implicará automáticamente la apertura de un juicio ni una declaración de responsabilidad.
Más allá del procedimiento, el caso plantea una cuestión central para cualquier Estado democrático: cómo garantizar el orden público sin recurrir a medios desproporcionados que puedan ocasionar daños irreversibles.
La respuesta exige distinguir entre el derecho a manifestarse pacíficamente, la obligación de las autoridades de prevenir actos violentos y la necesidad de investigar de forma independiente las lesiones provocadas durante las operaciones policiales.
Mientras Francia afronta nuevas jornadas de movilización, el debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad amenaza con convertirse en uno de los principales desafíos políticos y judiciales para el Gobierno.
