El exasesor de José Luis Ábalos asegura en un audio difundido por la Cadena SER que Alberto Durán, jefe de los servicios jurídicos del PP, le propuso pagar su defensa y un millón de euros a cambio de declaraciones contra el presidente, aun falsas. La investigación ya acredita que OkDiario costeó a su abogada con 242.000 euros. El PP lo niega y Sánchez exige explicaciones a Feijóo a tres semanas del 29 de noviembre.
Faltan tres semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre y el caso Koldo ha vuelto a primera línea con una acusación que apunta directamente a Génova. Koldo García, antiguo asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, sostiene en un audio enviado desde la cárcel y publicado por la Cadena SER que Alberto Durán, abogado del PP, le ofreció pagar su defensa y un millón de euros. A cambio, según su versión, debía facilitar información que sirviera para hacer caer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La acusación no llega en el vacío. La investigación judicial ya ha acreditado que García recibió 242.000 euros de OkDiario, la web ultraderechista, para pagar a su abogada, Leticia de la Hoz. Ella misma ha aportado a la Audiencia Nacional dos facturas que lo documentan. Lo que el exasesor añade ahora es que ese dinero formaba parte de un acuerdo más amplio con el PP, que se pagaría a través de la empresa editora del digital. El PP lo niega y, por ahora, la supuesta oferta solo descansa en el testimonio de García.
Una rebaja de pena y declaraciones «aun mintiendo»
García relata que se reunió dos veces con Durán en mayo de 2025. El letrado dirigía entonces los servicios jurídicos del PP y llevaba la acusación popular en la causa del Tribunal Supremo sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Según el exasesor, a los dos les interesaba verse. Él quería explorar un acuerdo y el abogado, siempre según su relato, buscó el contacto cuando el acusado empezaba a verse acorralado. En una de esas reuniones, afirma, Durán le planteó «una rebaja de pena que suponía no entrar en la cárcel».
Según el audio, la oferta incluía también sacar a su familia del proceso y hacerse cargo de su defensa. A cambio, García tendría que hacer declaraciones contra miembros relevantes del Gobierno, contra el presidente y «muy especialmente» contra su mujer, y también contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo más grave llega al final de la frase. García sostiene que se le pedían esas declaraciones «aun mintiendo». Si se confirmara, la oferta sería un intento de fabricar testimonios contra el Gobierno desde la acusación popular.
El dinero de OkDiario
Hasta ahora, la sospecha sobre los pagos de OkDiario se movía en el terreno político. El PSOE ya había acusado al PP de estar detrás de ese dinero a través de las administraciones que gobierna, que aportan fondos al periódico. El testimonio de García va más allá. Pone al responsable jurídico del partido en el origen del acuerdo y señala a la editora de OkDiario como el canal del pago. Así, una conexión hasta ahora solo sugerida pasa a ser una acusación concreta con nombres propios, aunque aún tenga que probarse.
Sánchez evitó entrar de lleno en el asunto en la rueda de prensa posterior a la Cumbre Iberoamericana, por tratarse de una comparecencia institucional. Sí señaló al líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo, dijo, «debería dar alguna explicación ante estas acusaciones tan graves». En Ferraz el tono fue más duro. Fuentes socialistas confirman que estudian acciones legales contra el PP y advierten de que, si se confirma, se trataría de «una guerra sucia gravísima».
Génova niega y la UCO vuelve a escena
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, desmiente la información y acusa a García de mentir. Recordó además que su partido pidió para él 30 años ante los tribunales. Muñoz se fijó en el momento de la publicación, que coincidió con un nuevo operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y sostuvo que eso «no es casualidad, que es causal». Para el PP, el audio es una maniobra para tapar las novedades judiciales que afectan al entorno de Ábalos.
Ese operativo es la otra cara del caso, la que incomoda a los socialistas. El jueves los agentes detuvieron a seis personas y registraron en Valencia el domicilio de Ábalos, que está en prisión tras su condena en el Supremo. En la vivienda reside su pareja, Andrea de la Torre, que fue interrogada como investigada y se acogió a su derecho a no declarar. Hubo también registros en Madrid, Sevilla y Córdoba. Además, los agentes pidieron información al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a la constructora Grupo Azvi.
Entre los detenidos están Cristian Corvillo, militante socialista en Córdoba, y su hermano Rubén. La oposición ha aprovechado una foto de Cristian con Sánchez, publicada en X en 2017, para crear revuelo. «Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo», zanjó el presidente, que ofreció «total colaboración con la justicia». El juez Ismael Moreno investiga tráfico de influencias, blanqueo, fraude fiscal y organización criminal en la octava pieza separada del caso. Mientras tanto, el audio de García deja a Génova ante una pregunta que tendrá que responder: si su abogado ofreció dinero a cambio de testimonios contra el Gobierno.
