La campaña del 29N acumula ya decenas de encuestas con resultados contradictorios, la mayoría encargadas por medios con una línea editorial bien definida. No mejoran la información del votante y alejan los programas e iniciativas del debate. España ya prohíbe publicarlas en los cinco días anteriores a la votación. Ampliar ese veto a toda la campaña merece una discusión seria.
El 5 de octubre, Pedro Sánchez convocó elecciones generales para el 29 de noviembre. En las cuatro semanas siguientes se publicaron al menos 29 encuestas electorales y solo el día en que fueron redactadas estas líneas, el 9 de noviembre, aparecieron otras cuatro. A tres semanas de la votación, el ciudadano recibe una estimación nueva casi cada día. La inflación de estimaciones que no mejora la información del votante y empobrece el debate electoral. Por eso conviene abrir una discusión que en España apenas se ha planteado, la de prohibir la publicación de sondeos durante todas la campaña.
El primer argumento es el volumen, el exceso de indicadores. Cada encuesta ocupa portadas, tertulias y redes sociales, y desplaza la conversación hacia qué partido va por delante. Las propuestas sobre vivienda, empleo o impuestos quedan en segundo plano. Los estudios de comunicación política llaman a este fenómeno «cobertura de carrera de caballos», llamando la atención sobre los posibles ganadores, quienes van en cabeza. En una precampaña de ocho semanas con un sondeo nuevo casi cada día, queda poco espacio para examinar lo que cada partido promete hacer si gobierna.
Por otra parte, los resultados se contradicen. Por ejemplo, las encuestas del 9 de noviembre hicieron sus entrevistas entre el 2 y el 5 de noviembre. 40dB sitúa al PSOE a dos puntos del PP y le atribuye 119 escaños. NC Report lo coloca siete puntos por detrás, con entre 99 y 101. GAD3 e IMOP le dan 103 y 106. El margen de error de 40dB es de 2,2 puntos, que no explica una diferencia de veinte escaños. La causa está en las decisiones técnicas de cada empresa, el método de entrevista, tratamiento de indecisos o corrección de datos brutos, que casi nunca se hacen públicas. El votante recibe cifras incompatibles y no tiene forma de saber cuál es más fiable.
Pesa sobremanera la orientación de quien las encarga. Casi todos los sondeos los paga un medio de comunicación, que después decide qué destacar. El accidente ferroviario de Urda, con 69 muertos, es un buen ejemplo. Según 40dB, el PSOE no ha sufrido castigo electoral y sube 1,8 puntos. Según IMOP, el accidente le ha costado siete escaños en veinte días. Con datos recogidos en las mismas fechas, cada medio destacó la conclusión más cercana a su línea editorial. Eso no demuestra una manipulación, pero convierte la encuesta en un instrumento más de la competición política.
Las encuestas públicas tampoco escapan a este problema. El barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) daba al PSOE el 34 % y al PP el 22,2 %, mientras la media de las empresas privadas concedía al PP casi cinco puntos de ventaja. Su presidente desde 2018, José Félix Tezanos, es simpatizante socialista y sus estimaciones favorecen de forma reiterada al PSOE. Si la estadística pública tampoco es capaz de ofrecer una referencia neutral, el votante se queda sin ningún dato fiable al que acudir.
Además, las encuestas aciertan mucho menos de lo afirman. En las generales de 2023, la derecha tenía ocho puntos de ventaja cuando se convocaron las elecciones y ganó por uno y medio. Aun así, influyen en el electorado. La investigación académica no ha demostrado con claridad que cambien el sentido del voto, pero sí que condicionan la estrategia de los partidos y el ánimo de los electores. Según 40dB, el 42 % de los entrevistados da por hecho que Vox entrará en el Gobierno y en la izquierda predominan la preocupación y el miedo. Si una parte del electorado da el resultado por decidido, puede optar por no votar.
España ya limita la difusión de sondeos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe publicarlos en los cinco días anteriores a la votación, de modo que el último día permitido será el 23 de noviembre. La cuestión es si ese plazo basta. En Francia, dirigentes socialistas y comunistas han propuesto este año extender la prohibición a toda la campaña oficial. En España, una medida similar impediría publicar encuestas desde el 13 de noviembre, fecha en que empieza la campaña. Así, el debate de las dos últimas semanas se centraría exclusivamente en los programas.
Los partidos seguirían encargando sondeos internos y algunos resultados podrían circular por redes sociales o desde el extranjero, como ocurrió en anteriores generales. Son reparos serios, pero no invalidan la medida. Un sondeo interno orienta la estrategia de un partido, pero no ocupa las portadas ni marca los temas del debate público. Y una difusión ilegal tendría mucho menos alcance si los medios dejaran de publicar y comentar esas cifras. La prohibición podría completarse, fuera del periodo electoral, con la obligación de que cada empresa publique la intención directa de voto y sus criterios de corrección en aras de una mayor transparencia y aspirar así a un voto bien informado.
