La Cámara de Representantes de Estados Unidos deberá abordar una iniciativa para acusar formalmente a Pete Hegseth de ocho presuntos abusos de poder. El presidente estadounidense defiende a su secretario de Defensa, mientras crecen las divisiones republicanas tras la derrota electoral de noviembre.
La guerra contra Irán ha abierto un nuevo frente político en Washington, esta vez dentro del propio Partido Republicano. El congresista Thomas Massie, representante de Kentucky y conocido por sus discrepancias con Donald Trump, presentó el lunes 9 de noviembre ante la Cámara de Representantes una resolución de ocho cargos para promover un juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth. La iniciativa, que podría llegar a votarse antes del miércoles, sitúa al responsable del Pentágono ante una de las crisis institucionales más delicadas de su mandato.
La ofensiva parlamentaria se produce apenas una semana después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los demócratas consiguieron hacerse con el control de ambas cámaras para la próxima legislatura. Aunque los republicanos conservarán sus actuales mayorías hasta enero de 2027, el revés electoral ha intensificado las críticas internas contra la conducción de la guerra y contra una Administración que afronta crecientes cuestionamientos sobre el coste político, económico y estratégico de sus operaciones militares.
Una acusación que cuestiona los límites del poder presidencial
El núcleo de la resolución presentada por Massie es la participación de Hegseth en la guerra contra Irán. El congresista sostiene que el secretario de Defensa ejecutó operaciones militares sin la autorización constitucional necesaria y mantuvo las hostilidades pese a las disposiciones legales que regulan las facultades de guerra del presidente estadounidense.
Tres de los ocho artículos de acusación se refieren específicamente a presuntas vulneraciones de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, concebida para limitar la capacidad del Ejecutivo de sostener operaciones militares sin control parlamentario. Massie argumenta que la continuación de las hostilidades más allá de los plazos legales y el incumplimiento de las decisiones del Congreso constituyen motivos suficientes para exigir responsabilidades al responsable del Pentágono.
La controversia trasciende, por tanto, la figura de Hegseth. En el fondo, plantea una cuestión recurrente en la historia política estadounidense: hasta dónde puede llegar el presidente en el uso de la fuerza militar y qué instrumentos efectivos posee el Congreso para impedir una intervención que considera contraria a sus competencias constitucionales.
Ocho cargos que van más allá de Irán
La iniciativa parlamentaria no se limita al conflicto iraní. Massie también acusa a Hegseth de haber incumplido disposiciones destinadas a reducir las víctimas civiles, de respaldar operaciones letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico y de utilizar su autoridad para intimidar a críticos de la Administración.
Entre las acusaciones figura una presunta represalia contra el senador demócrata Mark Kelly, quien había defendido el derecho y el deber de los militares de rechazar órdenes ilegales. La resolución incluye asimismo las operaciones estadounidenses en Venezuela, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, y la campaña militar desarrollada en Yemen.
Se trata de imputaciones políticas y constitucionales formuladas por el congresista republicano, no de hechos judicialmente establecidos. Su inclusión en una resolución de impeachment obliga a examinar la actuación del secretario de Defensa, pero no equivale a una declaración de culpabilidad.
Trump cierra filas con Hegseth
El presidente Donald Trump ha respondido con una defensa inequívoca de su secretario de Defensa. Ante los periodistas, aseguró que mantendría su apoyo a Hegseth incluso si la Cámara aprobara su acusación formal. El mandatario reivindicó las operaciones militares dirigidas por su Administración y cuestionó que el responsable del Pentágono deba afrontar un proceso de destitución por actuaciones que la Casa Blanca considera necesarias para la seguridad nacional.
Hegseth tampoco ha mostrado intención de dimitir. Ha denunciado el carácter político de la iniciativa y sostiene que sus decisiones responden a las exigencias estratégicas de Estados Unidos. La dirección republicana de la Cámara, encabezada por Mike Johnson, se opone al procedimiento, al considerar perjudicial abrir una crisis de esta naturaleza mientras las fuerzas estadounidenses participan en operaciones militares en el extranjero.
Sin embargo, la procedencia republicana de la resolución introduce un elemento especialmente incómodo para Trump. La controversia ya no puede presentarse únicamente como una ofensiva de la oposición demócrata, puesto que nace de un legislador de su propio partido que cuestiona abiertamente la legalidad de la política militar de la Administración.
Los demócratas ven una oportunidad tras las elecciones
El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, ha anunciado su apoyo al procedimiento. También el dirigente demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha respaldado la exigencia de responsabilidades por la guerra contra Irán.
La aritmética parlamentaria podría resultar decisiva. Según las estimaciones recogidas por la prensa estadounidense, bastaría con que tres congresistas republicanos se sumaran a los demócratas, siempre que estos votaran unidos, para alcanzar la mayoría simple necesaria para aprobar la acusación en la Cámara.
No obstante, la dirección republicana dispone de mecanismos procedimentales para intentar bloquearla o remitirla a una comisión. Y aunque la Cámara aprobara el impeachment, Hegseth no sería destituido automáticamente: el Senado tendría que pronunciarse posteriormente, y una condena exigiría el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
Esta última condición convierte la destitución en una perspectiva considerablemente más difícil que la aprobación de la acusación inicial.
El precedente histórico y el riesgo para la Casa Blanca
La iniciativa adquiere una dimensión histórica por la excepcionalidad de los procesos de juicio político contra miembros del Gobierno federal. El precedente más directamente relacionado con la dirección militar estadounidense es el de William Belknap, secretario de Guerra acusado por la Cámara de Representantes en 1876 y posteriormente absuelto por el Senado.
La Constitución estadounidense contempla el impeachment como un instrumento de responsabilidad política de los altos cargos federales, pero su aplicación efectiva depende tanto de la gravedad de las acusaciones como de las correlaciones de fuerzas en el Congreso.
Para Trump, el riesgo inmediato no se limita a una eventual destitución de Hegseth, sino al deterioro de la autoridad política del Pentágono y a la posibilidad de que una parte de los republicanos se distancie de la estrategia militar presidencial. Además, la futura mayoría demócrata podría impulsar investigaciones parlamentarias sobre las operaciones en Irán, Venezuela y Yemen, ampliando el alcance de la controversia.
Una crisis que va más allá del destino de Hegseth
El procedimiento abierto en la Cámara representa una prueba para el sistema de contrapesos institucionales estadounidense. También pone de manifiesto cómo una guerra exterior puede trasladar sus consecuencias al centro mismo de la política nacional, especialmente cuando aumentan sus costes y disminuye el consenso que inicialmente pudo rodearla.
La cuestión esencial no es únicamente si Pete Hegseth conservará su cargo, sino si el Congreso conseguirá ejercer un control efectivo sobre las decisiones militares del Ejecutivo. La respuesta podría tener consecuencias duraderas para el equilibrio entre la Casa Blanca y el poder legislativo.
La guerra contra Irán, concebida por la Administración Trump como una demostración de fuerza, amenaza ahora con convertirse en uno de sus principales factores de vulnerabilidad política.
