La mujer, de 33 años, tenía una orden de alejamiento y había sido sancionada anteriormente por hostigar a su expareja. La sentencia reabre el debate sobre cuándo las interacciones digitales pueden constituir una forma de acoso.
Un tribunal de Tokio ha condenado este martes a una mujer japonesa de 33 años a seis meses de prisión, con la ejecución de la pena suspendida durante tres años, por acosar a su expareja mediante interacciones reiteradas en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Entre los hechos examinados figura haber dado 14 «me gusta» a una publicación de su antiguo compañero sentimental, pese a tener vigente una orden de alejamiento.
La sentencia, recogida por la cadena pública japonesa NHK y difundida por la agencia EFE, ha llamado la atención por la naturaleza de los actos que motivaron el procedimiento. Sin embargo, el caso no se limita a unas simples reacciones en una red social, sino que se inscribe en un historial de comportamientos que las autoridades judiciales consideraron constitutivos de acoso.
Una orden de alejamiento que no puso fin al hostigamiento
Según las informaciones difundidas por los medios japoneses, la mujer había enviado numerosos mensajes a su expareja después de que este pusiera fin a la relación a comienzos de 2026. Estas conductas dieron lugar a una orden de alejamiento destinada a proteger al hombre de nuevos contactos no deseados.
En mayo, la acusada recibió además una multa de 200.000 yenes, aproximadamente 1.000 euros, por acoso. Una semana después de aquella sanción, volvió a interactuar con su expareja en X, compartiendo una publicación y pulsando repetidamente el botón de «me gusta», hasta completar 14 reacciones.
Para el tribunal, estas actuaciones debían interpretarse teniendo en cuenta los antecedentes y la existencia de una prohibición judicial previa, y no como gestos digitales aislados.
El tribunal rechaza la explicación de la defensa
Durante el proceso, la defensa solicitó la absolución de la acusada y argumentó que había realizado las interacciones después de consumir pastillas para dormir, lo que, según su versión, podía explicar su comportamiento.
El juez Yoshihiro Hayashi, del Tribunal de Distrito de Tokio, rechazó esa interpretación. Consideró poco verosímil que la mujer hubiera realizado de manera involuntaria una secuencia de 15 acciones digitales, contando las 14 reacciones y la publicación compartida.
El magistrado calificó la conducta de persistente y maliciosa, al entender que había provocado temor en la víctima. No obstante, también tuvo en cuenta el arrepentimiento expresado por la acusada y su compromiso de eliminar la aplicación X de su teléfono.
La pena impuesta fue de seis meses de prisión, cuya ejecución quedó suspendida durante tres años, de acuerdo con la información judicial difundida por NHK.
¿Cuándo un «me gusta» puede convertirse en acoso?
El caso plantea una cuestión cada vez más relevante en las relaciones personales y en el ámbito jurídico: el significado de las interacciones digitales depende no solo de su apariencia, sino también del contexto en el que se producen.
Un «me gusta», una reacción o una publicación compartida son acciones habituales en las redes sociales. Sin embargo, cuando se realizan de manera insistente contra una persona que ha manifestado su rechazo al contacto, especialmente si existe una orden judicial de protección, pueden adquirir una dimensión distinta.
La sentencia japonesa no establece que dar «me gusta» a una publicación sea, por sí mismo, un delito. Lo que pone de relieve es la importancia de los antecedentes, la reiteración de la conducta y sus efectos sobre la persona afectada.
El caso también invita a reflexionar sobre la proporcionalidad de las respuestas judiciales y la necesidad de distinguir entre una interacción digital ordinaria y un comportamiento destinado a intimidar o mantener un contacto no deseado.
En una sociedad donde buena parte de las relaciones personales continúa desarrollándose después de una ruptura a través de las redes sociales, la sentencia de Tokio recuerda que los límites establecidos para proteger a una persona también pueden extenderse al espacio digital.
