La caída del mandatario, apartado del poder por el Senado en medio del colapso de Ueno Bank, abre una nueva etapa de incertidumbre política y financiera. El nuevo presidente promete compensar a los millones de ahorradores afectados, mientras la Fiscalía investiga posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos.
Paraguay atraviesa una de sus crisis políticas y financieras más graves de los últimos años. Pedro Alliana asumió este viernes la presidencia de la República tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político acelerado, desencadenado por el colapso de Ueno Bank y las sospechas de conflictos de intereses que rodean al anterior mandatario.
Peña fue detenido poco después de perder el cargo y quedó inicialmente bajo arresto domiciliario. Posteriormente fue trasladado a una instalación militar por motivos de seguridad, en medio de manifestaciones de ciudadanos que exigían su encarcelamiento y la recuperación de sus ahorros.
El expresidente deberá comparecer ante la Fiscalía este sábado para responder a una investigación por presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Las acusaciones se encuentran en fase de investigación y Peña ha negado haber cometido irregularidades.
La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia. La medida paralizó el acceso a depósitos y servicios bancarios de una entidad con cerca de tres millones de clientes, provocando una ola de protestas en Asunción y otras ciudades.
Una destitución respaldada por casi todo el Senado
El Senado paraguayo destituyó a Peña por «mal desempeño en sus funciones» con 44 votos favorables de los 45 miembros de la Cámara, mientras un senador estuvo ausente.
La votación culminó un proceso iniciado el jueves en la Cámara de Diputados y permitió la inmediata sucesión constitucional.
Peña había presentado previamente su renuncia, pero el Congreso optó por continuar el procedimiento de juicio político. La diferencia no era menor: la dimisión podía abrirle la vía a la condición de senador vitalicio y a determinadas prerrogativas parlamentarias, mientras que la destitución lo dejó sin esa protección.
Su defensa cuestionó la rapidez del procedimiento. El abogado Ricardo Preda denunció vulneraciones del debido proceso, particularmente por el escaso tiempo concedido para preparar los argumentos de descargo.
Los legisladores que promovieron el juicio político sostienen, por el contrario, que existían elementos suficientes para atribuir al mandatario responsabilidad política en el deterioro de los mecanismos de supervisión financiera.
La destitución fue celebrada por cientos de manifestantes congregados frente al Congreso, que reclamaban responsabilidades y la devolución de sus depósitos.
Alliana promete devolver el dinero a los ahorradores
Pedro Alliana, de 52 años, hasta entonces vicepresidente y miembro del Partido Colorado, juró el cargo ante el Congreso y recibió la banda y el bastón presidenciales.
Su mandato se extenderá hasta agosto de 2028, cuando concluirá el periodo constitucional iniciado por Peña en 2023.
En su primer discurso, Alliana situó la reparación de los daños causados a los depositantes entre las prioridades inmediatas de su Gobierno.
«Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos», aseguró.
El nuevo presidente anunció instrucciones para acelerar los mecanismos de compensación, dando prioridad a los sectores económicamente más vulnerables.
También exigió resultados concretos a los responsables de ejecutar las medidas de emergencia.
El Congreso designó al senador Antonio Barrios como nuevo vicepresidente de la República, completando así la reorganización del Ejecutivo.
Ueno Bank: el origen de una crisis que sacude al Estado
La crisis bancaria ha dejado al descubierto una compleja red de relaciones entre el sector financiero y el poder político paraguayo.
Ueno Bank, una entidad que había experimentado una rápida expansión mediante servicios digitales, mantenía vínculos empresariales anteriores con Santiago Peña y administraba depósitos procedentes de organismos públicos, entre ellos el Instituto de Previsión Social.
Los investigadores examinan si determinadas decisiones regulatorias y la colocación de fondos estatales pudieron beneficiar indebidamente al banco.
Entre los nombres señalados figura Carlos Carvallo, antiguo ejecutivo de Ueno que posteriormente presidió el Banco Central del Paraguay. Su nombramiento y actuación al frente del organismo supervisor forman parte de los cuestionamientos planteados durante la crisis.
Las autoridades han practicado registros en inmuebles vinculados al grupo empresarial propietario de la entidad y han ordenado detenciones de responsables bancarios.
Sin embargo, la existencia de vínculos empresariales y políticos no constituye por sí sola una prueba de responsabilidad penal. Corresponderá a la Justicia determinar si hubo decisiones ilegales, beneficios indebidos o utilización irregular de recursos públicos.
Los primeros reembolsos, bajo la presión de las protestas
El Banco Central comenzó el jueves a efectuar devoluciones a determinados depositantes mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.
José Maciel, responsable de la unidad administradora del fondo, confirmó el inicio del proceso, que se desarrollará progresivamente.
Las primeras transferencias están destinadas a clientes que cumplen determinadas condiciones y contemplan cantidades iniciales de aproximadamente 1.600 dólares.
La magnitud del problema supera, no obstante, el ámbito estrictamente bancario. La interrupción de operaciones ha afectado a familias, pequeños negocios y beneficiarios de prestaciones sociales que utilizaban la entidad para gestionar sus ingresos y ahorros.
Las manifestaciones registradas durante la semana fueron dispersadas en algunos casos con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
La principal exigencia ciudadana sigue siendo recuperar el dinero inmovilizado y esclarecer las responsabilidades del colapso.
Una crisis con repercusiones regionales
Las consecuencias del escándalo han comenzado a extenderse fuera de Paraguay.
En Argentina, alrededor de mil trabajadores de la empresa tecnológica ITTI, perteneciente al mismo grupo empresarial, fueron suspendidos temporalmente sin sueldo.
El impacto también alcanza al fútbol sudamericano. Una fuente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) indicó a la AFP que la organización mantenía unos 13 millones de dólares depositados en Ueno Bank, aunque aseguró que la situación no comprometía sus operaciones.
La crisis evidencia así la amplitud de los intereses económicos vinculados a la entidad y el alcance potencial de su quiebra.
El desafío de reconstruir la confianza
El relevo presidencial no implica una ruptura con el partido gobernante. Tanto Santiago Peña como Pedro Alliana pertenecen al Partido Colorado y llegaron al poder con el respaldo del expresidente Horacio Cartes, figura central de la política paraguaya.
La continuidad partidista plantea interrogantes sobre la capacidad del nuevo Ejecutivo para investigar las irregularidades denunciadas y restablecer la confianza ciudadana.
Paraguay cuenta, además, con el precedente de 2012, cuando el presidente Fernando Lugo fue destituido mediante un juicio político de extraordinaria rapidez, en un episodio que provocó una fuerte controversia regional.
Aunque las circunstancias son distintas, ambos casos reabren el debate sobre el alcance del juicio político y las garantías del debido proceso.
Para Alliana, la urgencia inmediata será garantizar la estabilidad financiera, acelerar la devolución de los depósitos y demostrar que la investigación sobre Ueno Bank podrá avanzar sin interferencias políticas.
La destitución de Peña ha resuelto la sucesión institucional, pero no la crisis de confianza que ha llevado a miles de paraguayos a las calles.
