El vicepresidente primero asume el ministerio tras la dimisión de Óscar Puente. Hereda un sector ferroviario en pie de guerra y dos accidentes mortales en diez meses en la alta velocidad Madrid-Sevilla. También una cartera de inversiones y contratos que no admite pausa a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre.
El siniestro del 28 de octubre en Urda (Toledo), que causó 69 muertos, ha precipitado un relevo que el Gobierno no tenía previsto. Óscar Puente renunció el 3 de noviembre a la cartera de Transportes. Al día siguiente, el presidente Pedro Sánchez anunció en una breve comparecencia que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, asumía sus competencias. Es la segunda colisión de trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en apenas diez meses, después de la de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, que dejó 46 víctimas mortales.
En el entorno del presidente consideran a Cuerpo la figura idónea para rebajar la tensión política y el ruido en la opinión pública. Su margen, sin embargo, es estrecho. Con la cita electoral a menos de un mes, el nuevo responsable de Transportes tendrá poco tiempo para algo más que contener daños. Lo hará en un ministerio que acumula frentes abiertos en el ferrocarril, los aeropuertos y las carreteras, y en el que cada decisión será leída en clave de campaña.
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El pulso con los sindicatos ferroviarios
La urgencia más inmediata es laboral. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene convocada una huelga para el 10 y el 12 de noviembre, las jornadas anterior y posterior a la huelga general del 11-N contra la carestía de la vivienda. Los maquinistas exigen que se cumplan los acuerdos firmados en febrero, tras los accidentes de Adamuz y Gelida (Barcelona). Esos acuerdos preveían reforzar el mantenimiento de la red del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y las plantillas de las empresas públicas del sector y de la agencia de seguridad.
«Las promesas no cristalizan en realidades», lamenta Diego Martín, secretario general de Semaf. El malestar va más allá de los maquinistas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC OO) y el Sindicato Ferroviario estudian movilizaciones conjuntas y contundentes en torno a la jornada electoral. Según una fuente conocedora de la estrategia, «el Gobierno buscará desactivar a toda costa la indignación sindical abriendo mesas urgentes de negociación».
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Menos trenes en el Madrid-Sevilla mientras llega el ERTMS
La respuesta técnica inmediata pasa por bajar la intensidad de la línea siniestrada. Transportes y Adif reducirán las frecuencias en el Madrid-Sevilla para aumentar la distancia entre convoyes hasta que entre en servicio, a principios de año, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS). Este sustituirá al LZB, un sistema de señalización considerado seguro pero ya obsoleto. Para limitar el recorte de plazas, Adif hará que las operadoras, principalmente Renfe, circulen con trenes en doble composición.
El ministerio ha ordenado además a la Agencia de Seguridad Ferroviaria una auditoría sobre el estado del Corredor Sur. Este eje se ha renovado en los últimos cuatro años con una inversión superior a los 800 millones de euros. La revisión debe aclarar la situación de unas obras recientes en una línea que ha sufrido dos colisiones mortales en menos de un año. A ello se suma la coordinación de Transportes con las investigaciones técnica y judicial del siniestro, que siguen su propio curso y marcarán buena parte del mandato de Cuerpo.
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Adif sin presidente y el gran plan de Aena
Del vicepresidente depende ahora también el futuro de la cúpula directiva de Adif. El 4 de noviembre dimitió su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña. La salida deja sin cabeza al gestor de la infraestructura ferroviaria en el momento de mayor presión sobre su mantenimiento, precisamente la cuestión que está en el centro de las reivindicaciones sindicales. Los frentes del ministerio, además, no se limitan al tren. El CSIF alentó ante la sede de Transportes la primera concentración que afronta Cuerpo en el cargo, en este caso «por la situación de Salvamento Marítimo», otro servicio esencial.
Al mismo tiempo, el vicepresidente toma las riendas de la cartera en pleno arranque del macroplan de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031. El programa cuenta con un presupuesto de 13.000 millones de euros y ya está en marcha. Las primeras licitaciones se han lanzado en los aeropuertos de Madrid, Tenerife y Almería. La gestión de este volumen de obra pública coincidirá con la transición política, lo que obligará al ministerio a mantener la continuidad administrativa mientras atiende la emergencia ferroviaria.
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Carreteras con una brecha de conservación millonaria
En carreteras, Transportes ha programado un plan extraordinario de refuerzo de firmes valorado en 1.600 millones de euros. Llega en pleno revuelo del sector de la conservación. Las empresas critican unos pliegos de contratación que priman el valor objetivo de la oferta económica y que imponen también fórmulas objetivas para puntuar las propuestas técnicas. Las compañías consideran que este sistema reduce el peso de la calidad en las adjudicaciones.
El propio Puente reconoció hace meses que estas garantías de neutralidad respondían a la supuesta corrupción que planeó sobre la obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del ministerio. El problema de fondo es la falta de inversión acumulada. Los equipos técnicos de Transportes reconocen una brecha de más de 6.000 millones de euros en el cuidado de las carreteras. Las asociaciones de empresas especializadas elevan esa cifra por encima de los 10.000 millones.
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Concesiones que vencen y costes disparados
El cierre del año trae además el vencimiento de contratos de concesión relevantes. La autopista AP-68, entre Bilbao y Zaragoza, revierte en parte al Ministerio de Transportes y, en varios tramos, a administraciones vascas. Concluyen también los plazos de explotación de una decena de autovías de primera generación, con un total de 993 kilómetros. Son antiguas carreteras nacionales desdobladas, la mayoría en el entorno de Madrid, que las constructoras conservan desde 2007 a cambio de un canon. El 1 de enero su gestión vuelve al ministerio, y los traspasos se tramitan ya.
El sector constructor reclama, por su parte, fórmulas para reequilibrar contratos millonarios por la subida del acero, la madera, el aluminio, el cemento, los áridos, los combustibles y la electricidad. Durante la crisis de precios causada por la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo armó un escudo contra el encarecimiento de la obra pública. Ahora, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci) y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) vuelven a pedir revisiones extraordinarias. Pesa la crisis de Ormuz, derivada de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán desde finales de febrero. En el transporte de carga y pasajeros, esa misma crisis sí ha motivado ayudas con bonificaciones directas al gasóleo.
