La difusión de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha, que incluyen la voz del conductor del AVE fallecido, ha roto la tregua política y ha unido a los sindicatos ferroviarios contra el señalamiento de un trabajador. El Gobierno asegura que desconocía las grabaciones. Socios y oposición le acusan de desviar el foco.
Apenas 24 horas después del accidente de Urda (Toledo), las grabaciones de las comunicaciones entre los dos trenes siniestrados y el centro de control de Adif en Atocha llegaron a los medios. La Vanguardia tuvo acceso a ellas la noche del miércoles. La secuencia, reconstruida a partir de varios cortes de audio independientes, muestra cómo la maquinista del Iryo comunicó que no podía reanudar la marcha por un problema con el sistema de señalización LZB. Muestra también cómo, después, desde Atocha se autorizó al AVE a continuar mientras el Iryo seguía detenido.
Los audios incluyen la voz del maquinista del AVE, una de las 69 víctimas mortales. Su difusión colocó durante horas el foco sobre los trabajadores ferroviarios antes de que se conozca ninguna conclusión de la investigación. Nadie ha aclarado quién facilitó unas grabaciones que forman parte de un procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz, y su origen se ha convertido en la principal batalla política del día.
Los sindicatos cierran filas
La reacción de las organizaciones ferroviarias fue unánime. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) censuró la publicación de unas conversaciones que, en teoría, debían estar custodiadas. Su secretario general, Diego Martín, reclamó una investigación independiente y pidió no construir hipótesis a partir de fragmentos que calificó de sesgados. «Las culpas no evitan los accidentes, las causas, sí», insistió.
UGT anunció que investigará quién difundió los audios. Su secretaria general del sector ferroviario, Raquel González, expresó su total repulsa. «No es de recibo que pase esto», afirmó. Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazaron que se culpe al eslabón más débil de la cadena. CCOO fue más allá y reclamó el cese inmediato del ministro Óscar Puente por señalar públicamente a un trabajador del centro de control. Pidió además que se examinen las condiciones de trabajo, las cargas laborales y los sistemas de protección. CGT exigió investigar la formación de las plantillas y los medios disponibles cuando la circulación funciona en modo degradado.
Huelgas en noviembre
El malestar se ha traducido ya en movilizaciones. Semaf ha convocado dos nuevas jornadas de huelga en Renfe para el 10 y el 12 de noviembre, a ambos lados de la huelga general prevista para el día 11. Si se mantienen las convocatorias, la compañía afrontará tres días consecutivos de paros en plena recta final de la campaña electoral.
El análisis de las grabaciones publicado por El País refuerza el argumento sindical. Según los expertos consultados, el audio revela las dudas y consultas del controlador antes de dar una orden equivocada, lo que apunta a un déficit de formación. Muestra también la ausencia de un sistema de control final que hubiera podido contradecir esa orden. La Guardia Civil, por su parte, investiga por qué no frenaron los mecanismos de seguridad de respaldo.
Una batalla por el relato
La polémica saltó de inmediato al terreno político. El PP acusó al Gobierno de usar la filtración para eludir sus responsabilidades. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, resumió la posición de su partido. «El error no es humano, el error es político», afirmó. Desde la izquierda, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, exigió asumir responsabilidades sin recurrir a filtraciones y señaló como causas de fondo los recortes del PP y la liberalización del mercado ferroviario impulsada por el PSOE.
La candidata de Podemos, Irene Montero, cuestionó que el foco recaiga en el error humano cuando, a su juicio, el sistema muestra fallos estructurales. Alberto Ibáñez, de Compromís, calificó la filtración de despreciable, y Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, preguntó si el Gobierno había difundido los audios para desplazar la atención hacia el factor humano. Vox, el único partido que mantiene su agenda de campaña pese al luto oficial, atribuyó la filtración al Ejecutivo y negó instrumentalizar el duelo.
El Gobierno se escudó en su desconocimiento de las grabaciones hasta su publicación, y Pedro Sánchez evitó entrar en su contenido. La difusión de unos audios con la voz de una víctima, antes de que sus familias conozcan las causas de su muerte, abre un debate sobre la custodia de las pruebas y sobre los límites de la información en plena investigación judicial.
