La jueza de Orgaz ha decretado el secreto de sumario, ha prohibido tocar la vía sin su autorización para evitar lo ocurrido en Adamuz y ha citado como investigado al operador de Atocha. PP y Vox se personarán, y Vox se querella contra Puente ante el Supremo. Los precedentes de Angrois, Spanair o el Metro de Valencia anticipan una instrucción de años.
La investigación judicial del accidente de Urda (Toledo) recae en Aristea Ortiz Tiliakou, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, un municipio de 2.600 habitantes. Se incorporó al juzgado en enero. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acordó el viernes reforzar su órgano para que pueda dedicarse en exclusiva a la causa. Cuenta con el apoyo de una compañera, de tres magistrados de la red judicial especializada en catástrofes y de cinco letrados de la Administración de Justicia.
La prioridad desde el primer minuto ha sido localizar e identificar a las víctimas y comunicar los fallecimientos a las familias. El domingo, la jueza requirió de forma urgente a la empresa de grúas contratada por Adif y Renfe que destinara más operarios y mantuviera los trabajos por la noche, con el objetivo de entregar los restos a los allegados lo antes posible. La cifra oficial de fallecidos se mantiene en 69, aunque las autoridades no descartan que aumente.
Lecciones de Adamuz
La instructora se apresuró también a blindar el lugar del siniestro. Prohibió de forma tajante retirar cualquier elemento de la vía sin orden judicial, para evitar lo ocurrido en Adamuz (Córdoba). Tras el accidente de enero, Adif retiró fragmentos de la vía que estaban en el foco de la investigación, los trasladó a sus instalaciones y practicó ensayos. La Guardia Civil advirtió de que lo hizo sin avisar ni pedir permiso, y la jueza de aquella causa reclamó la devolución del material bajo advertencia de posibles responsabilidades penales.
En Urda, la jueza vetó además el acceso de personal de Adif y de Hitachi Rail a la instalación del sistema LZB y declaró secreto el sumario. Ordenó a la Guardia Civil recabar los datos de circulación e identificar a quienes estaban al mando cuando se produjo el choque. El Servicio de Criminalística ha tomado muestras, fotografías y grabaciones con drones para elaborar una reconstrucción en tres dimensiones. La policía judicial de Toledo y la Unidad Central Operativa (UCO) toman declaración a testigos, entre ellos la maquinista del Iryo.
Un investigado y las primeras personaciones
El pasado jueves, los agentes citaron como investigado no detenido, acompañado de abogado, al operador de Atocha que presuntamente autorizó al AVE a retomar la marcha. Se acogió a su derecho a no declarar. Su situación procesal no prejuzga responsabilidad alguna, y la propia investigación técnica mantiene abiertas todas las hipótesis. La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT), que asumió el pasado verano las competencias de la antigua comisión ferroviaria, solo ha emitido una nota informativa de cinco páginas.
En los próximos días se esperan las primeras denuncias de familias y heridos. La organización Manos Limpias presentó una el mismo día del accidente. El PP anunció que se personará en la causa. «Queremos que se investigue hasta el final», afirmó su vicesecretaria Alma Ezcurra, que sostuvo que lo ocurrido no puede explicarse simplemente como un accidente. Vox también se personará, y ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro Óscar Puente por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Instrucciones que duran años
Las peticiones de las distintas partes, que pueden reclamar citaciones de testigos, investigados o peritos y ser recurridas por las demás, suelen ralentizar este tipo de procesos. Los antecedentes no invitan al optimismo. El accidente de Angrois (Santiago de Compostela), que causó 80 muertos en 2013, no tuvo sentencia firme hasta el pasado enero, casi 13 años después. La Audiencia Provincial de A Coruña confirmó entonces la condena de dos años y medio de cárcel al maquinista y absolvió al responsable de seguridad de Adif.
La causa del vuelo de Spanair, con 154 muertos en Madrid en 2008, se archivó tras cuatro años de instrucción. La del Metro de Valencia, que costó la vida a 43 personas en 2006, se prolongó durante 12 años. El caso de Adamuz, con 46 fallecidos, sigue en una fase inicial de recopilación de pruebas. La jueza dio en junio nueve meses a los peritos, por lo que sus informes podrían no llegar hasta marzo de 2027. Las familias de Urda afrontan un camino igual de largo.
