La primera huelga general en 14 años nació de la indignación por un desahucio y llega al miércoles con una agenda más amplia, que suma salarios, precios y servicios públicos. Convocada a 18 días de las elecciones y tras la tragedia ferroviaria de Urda, medirá su fuerza más en la calle que en los centros de trabajo.
Maricarmen Abascal tenía 87 años y llevaba siete décadas en la misma casa cuando fue desahuciada. Murió apenas 15 días después. Su caso desató una ola de indignación que llenó las calles y desembocó en una acampada en Sol tras el rechazo del Congreso a los llamados decretos Maricarmen. La presión empujó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre. De aquella movilización, impulsada por el Sindicato de Inquilinas, surgió la idea de una huelga general.
El paro del miércoles 11 de noviembre, el primero de este tipo desde 2012, es inédito por muchas razones. Lo impulsa un movimiento sin capacidad legal para convocarlo, y fueron CC OO y UGT quienes lo «legalizaron», en palabras de Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas. La vivienda fue la chispa, pero la convocatoria se ha ido cargando de reivindicaciones hasta resumirse en una tripleta, «salarios, vivienda y precios», a la que se suman las pensiones y los servicios públicos. Supera ya las 3.600 adhesiones.
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Una vivienda que se come el salario
El punto de partida es una brecha que no ha dejado de crecer. Con base 100 en 2015, el precio del alquiler alcanzó 187 puntos en 2024 y el de compra, 180. Los salarios brutos se quedaron en 128, apenas por encima de la inflación acumulada, según datos del INE e Idealista. Siete de cada diez jóvenes de entre 18 y 34 años siguen viviendo con sus padres. «La vivienda se come el salario de muchísima gente», resume Unai Sordo, secretario general de CC OO, que describe una fractura asimétrica tanto en lo territorial como en lo generacional.
El mercado, además, se ha desplazado hacia fórmulas más precarias. Un estudio del Ministerio de Consumo coordinado por el investigador Javier Gil, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), analizó 381.997 anuncios publicados en Idealista en 53 capitales entre marzo y septiembre. El 55,8% correspondía a alquileres de temporada o por habitaciones, frente a un 44,2% de viviendas para residencia habitual. Madrid y Barcelona concentran por sí solas el 45,5% de la oferta temporal detectada. Son los mercados donde los propietarios tenían más incentivos para eludir las limitaciones del alquiler ordinario.
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Salarios y precios, la otra mitad del malestar
La vivienda no explica por sí sola la convocatoria. Los salarios pactados en convenio crecen a un ritmo del 3%, frente a una inflación que se ha disparado al 4,9% interanual. Los trabajadores tampoco han recuperado la mayor parte del poder adquisitivo perdido en la crisis de precios de 2022. El pacto nacional de convenios sigue sin renovarse y, según el Ministerio de Trabajo, el número de huelguistas se triplicó hasta agosto. Las centrales vinculan ese repunte a una conflictividad sectorial creciente, como el paro educativo en la Comunidad de Madrid o el del sector cárnico.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, sostiene que la huelga responde a demandas que la negociación colectiva clásica ya no puede resolver. Los convenios suben con el IPC, explica, pero «la gente nos cuenta que no llega a fin de mes» porque la vivienda lo absorbe todo. El dirigente ugetista añade un efecto sobre el empleo que reconoce la propia patronal. El coste del alquiler impide a muchos trabajadores aceptar un puesto en Baleares o en ciudades como Málaga, y agrava la falta de personal en sectores enteros.
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Urda, de la tragedia al argumento
El accidente ferroviario de Urda (Toledo), nueve meses después del de Adamuz, alteró el clima de la campaña. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, pidió a los sindicatos que desconvocaran el paro y atribuyó la responsabilidad política del siniestro exclusivamente al Gobierno. «Antes era incomprensible, y 69 muertos después es un grave error», declaró. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue más lejos y habló de «huelga mafiosa». Las centrales calificaron de «insultante» el requerimiento. Nicolás Sartorius, cofundador de CC OO, atribuyó a Feijóo una «profunda ignorancia».
Para los convocantes, la tragedia refuerza una de las reivindicaciones centrales del paro. Sordo admite que «la emocionalidad del país ha cambiado», pero recuerda que la huelga defiende los servicios públicos y la fiscalidad necesaria para sostenerlos, infraestructuras incluidas. Racu va más allá y vincula el siniestro a un sistema que antepone el lucro al bienestar, con malas condiciones laborales e infrafinanciación. A su juicio, lo ocurrido en Urda «no resta fuerza a la huelga, le da mucha más». El transporte, sostiene, debe ser un servicio público seguro y asequible, como la vivienda, la educación o la sanidad.
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Una protesta contra todos los gobiernos
La pregunta de contra quién se dirige el paro recorre toda la convocatoria. El PP sostiene que va contra la oposición. El Sindicato de Inquilinas, en cambio, la define como una huelga «contra el rentismo, contra la patronal y contra sus gobiernos», de cualquier nivel y color político. Sordo apunta a un poder muy repartido y recuerda que las comunidades autónomas también son Estado. «¿Quién no está aplicando la ley de vivienda?», pregunta. Añade que ninguna administración está libre de culpa, porque la política de vivienda acumula un fracaso de décadas.
El Ejecutivo, por su parte, se coloca del lado de la protesta. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha animado a participar, y Sánchez afirmó en Valencia que la huelga «no va contra nadie». Álvarez defiende el balance del Gobierno, con una subida del salario mínimo del 66% y cuatro millones de contratos temporales convertidos en indefinidos con el voto en contra de PP y Vox. Aun así, advierte de que el Gobierno central «también tiene que poner de su parte». El politólogo Lluís Orriols se extraña de que el Gobierno anime a la huelga «como si no fuera con ellos» y teme que esa confusión debilite el mensaje.
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Una huelga heterodoxa con la mirada en el 29-N
Nadie espera que España se pare como en los grandes paros del pasado. Los sindicatos prevén un seguimiento asimétrico, más intenso en los sectores sindicalizados y en los territorios más castigados por la vivienda, como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. Sordo recuerda que el teletrabajo ha cambiado el mapa laboral y que quienes sostienen una huelga no suelen ser los más precarios. Su referencia es el 8-M de 2018, cuyo éxito nadie mide hoy por el número de huelguistas. Frente al rechazo de sindicatos corporativos como CSIF, ANPE o Sepla, que ven el paro como electoralista, lo respaldan decenas de organizaciones sociales y centrales territoriales.
La cita llega a 18 días de las generales, y la izquierda la ve como una palanca para movilizar a su electorado. La Plataforma de Intervención Democrática, coordinada por Sartorius y Manuel de la Rocha, ha difundido un manifiesto que conecta el paro con unos comicios marcados por el avance de la ultraderecha. Los sondeos que manejan los partidos reflejan un apoyo polarizado, con los votantes del PP en contra y los de izquierda a favor. Los convocantes aspiran a algo más que una foto. Álvarez reclama un pacto de Estado con un plan de inversión del 1% del producto interior bruto durante diez años.
