El presidente paraguayo presentó su renuncia después de perder el respaldo de su propio partido, pero el Congreso dejó en suspenso su dimisión y abrió el camino a un juicio político en el Senado. La intervención de Ueno Bank, que ha bloqueado el acceso a los fondos de cerca de tres millones de clientes, ha desatado protestas masivas y una investigación penal sobre la gestión de recursos públicos y los vínculos del mandatario con la entidad.
Asunción, 6 de noviembre de 2026. — Paraguay atraviesa una de sus crisis políticas y financieras más graves de los últimos años. En apenas tres días, la intervención de un banco digital se ha convertido en un escándalo de alcance nacional que amenaza con poner fin anticipadamente al mandato del presidente Santiago Peña, en el poder desde agosto de 2023.
El mandatario, de 47 años, anunció el jueves su renuncia en medio de crecientes protestas y después de perder el respaldo del gobernante Partido Colorado. Sin embargo, su salida no se ha hecho efectiva: el Congreso dejó la dimisión en suspenso y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una acusación que abre la vía a su destitución mediante juicio político.
El Senado tiene previsto iniciar el procedimiento este viernes a las 10.00 horas locales.
Peña ha anunciado que comparecerá para ejercer su defensa, mientras la Fiscalía investiga posibles irregularidades relacionadas con la supervisión de Ueno Bank y la colocación de fondos públicos en esa entidad.
Un banco con tres millones de clientes, en el centro del escándalo
La crisis comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank tras detectar graves problemas de solvencia.
La entidad, que había experimentado una rápida expansión en los últimos años, contaba con cerca de tres millones de clientes y administraba importantes depósitos de organismos públicos, entre ellos recursos vinculados al sistema de previsión social.
La intervención dejó a numerosos ahorradores sin acceso a sus cuentas, provocó largas filas frente a las sucursales y extendió la preocupación entre familias, trabajadores y pensionistas.
El escándalo adquirió una dimensión política por los anteriores vínculos empresariales del presidente con el grupo que controlaba el banco.
Peña había sido accionista del Grupo Vázquez, relacionado con Ueno Bank, hasta 2025. La oposición sostiene que durante su mandato se adoptaron decisiones regulatorias y financieras que pudieron favorecer a la entidad.
Estas acusaciones, que incluyen posibles conflictos de intereses y un uso irregular de fondos públicos, están pendientes de esclarecimiento judicial. El presidente ha negado haber cometido irregularidades.
Protestas y pérdida del respaldo oficialista
El bloqueo de los depósitos desencadenó manifestaciones en Asunción y otras ciudades, entre ellas Ciudad del Este.
Durante tres noches consecutivas, miles de personas salieron a las calles para reclamar la devolución de sus ahorros y exigir responsabilidades políticas.
Las protestas registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y vehículos hidrantes para dispersar a algunos manifestantes.
El malestar social se trasladó rápidamente al Congreso.
El jueves, el expresidente Horacio Cartes, dirigente del Partido Colorado y antiguo mentor político de Peña, anunció que su bancada apoyaría el juicio político.
La retirada de ese respaldo precipitó la renuncia del mandatario, que justificó su decisión por la necesidad de preservar la estabilidad del país y las instituciones democráticas.
Pero su dimisión no logró detener el procedimiento parlamentario.
La disputa por la renuncia y la inmunidad
Los 78 diputados presentes aprobaron la acusación contra Peña. En cambio, rechazaron promover un juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien figura como sucesor constitucional del presidente.
Una sesión posterior destinada a resolver la situación de la renuncia terminó sin decisión por falta de quórum.
La controversia tiene una dimensión jurídica decisiva.
Sectores de la oposición consideran que aceptar la dimisión permitiría a Peña conservar determinadas prerrogativas asociadas a su condición de expresidente y eventual senador vitalicio, lo que podría complicar futuras actuaciones judiciales.
Por ello, defienden que el procedimiento de destitución siga su curso.
La cuestión de los fueros y sus efectos sobre una eventual responsabilidad penal constituye uno de los puntos más controvertidos del proceso.
En paralelo, la Fiscalía General abrió investigaciones relacionadas con la crisis bancaria, mientras las autoridades buscan mecanismos para devolver los depósitos y proteger los recursos públicos comprometidos.
De promesa tecnocrática a presidente cuestionado
La caída política de Santiago Peña resulta especialmente significativa por la trayectoria que lo llevó al poder.
Nacido en Asunción en noviembre de 1978, estudió Economía en Paraguay y cursó estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Trabajó en el Banco Central paraguayo y en el Fondo Monetario Internacional antes de convertirse en ministro de Hacienda durante la presidencia de Horacio Cartes.
En 2023 ganó las elecciones presidenciales con aproximadamente el 43 % de los votos y asumió el cargo a los 44 años, convirtiéndose en el presidente más joven de la etapa democrática del país.
Su perfil de economista y tecnócrata alimentó las expectativas de modernización económica y estabilidad institucional.
En política exterior, mantuvo una estrecha relación con Washington, defendió los vínculos diplomáticos de Paraguay con Taiwán y reforzó las relaciones con Israel.
Sin embargo, el rápido crecimiento de Ueno Bank y sus relaciones anteriores con el grupo empresarial propietario de la entidad terminaron situándolo en el centro de una controversia que ha erosionado su credibilidad política.
Una crisis que trasciende la presidencia
El desenlace del juicio político determinará el futuro inmediato de Peña, pero no resolverá por sí solo las consecuencias del colapso bancario.
La devolución de los depósitos, la recuperación de los fondos públicos, la investigación de las responsabilidades y la restauración de la confianza en el sistema financiero seguirán siendo desafíos centrales para Paraguay.
El vicepresidente Pedro Alliana aparece como la figura llamada a asumir el poder si se concreta la salida del mandatario.
La crisis de Ueno Bank ha puesto al descubierto una cuestión que va más allá de la responsabilidad individual del presidente: la necesidad de garantizar la independencia de los organismos reguladores y evitar que los vínculos entre el poder político y los intereses financieros comprometan la seguridad de los ahorradores.
Paraguay afronta así una doble prueba: resolver su crisis de gobierno y recuperar la confianza de una población que exige respuestas sobre el destino de sus ahorros.
