El líder del Partido Popular (PP) pidió a los sindicatos que desconvoquen el paro del 11 de noviembre en nombre de las 69 víctimas del accidente ferroviario. El argumento invierte la lógica de una protesta que reclama inversión en servicios públicos y ferrocarril. También coincide con la advertencia de la ultraderecha a unas centrales cuya legitimidad ambos condicionan a que renuncien a movilizarse.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, aprovechó un desayuno informativo de Europa Press para dirigirse a los sindicatos con una petición explícita. Según dijo, la huelga general del 11 de noviembre debe desconvocarse. «Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error», resumió. La frase condensa la operación política que recorrió toda su intervención. En una misma secuencia quedaron unidos tres planos. El primero es el duelo por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El segundo, una protesta convocada por la vivienda, los salarios y los servicios públicos. El tercero, una campaña que culmina en las elecciones del 29 de noviembre. Conviene separarlos para ver qué se pretende al fundirlos.
El punto de partida del líder popular tiene un anclaje real. María Jesús Montero, directora de campaña del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), afirmó que la huelga «se convoca contra la oposición por derribar los decretos de vivienda». Feijóo convirtió esa frase en la prueba de que el paro es un acto de campaña al servicio de Pedro Sánchez. Los convocantes describen otra cosa. Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), recordó que la movilización responde «fundamentalmente» a la vivienda y los salarios. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), admitió que se trata de una huelga «heterodoxa». Lo es porque rompe el esquema clásico de oposición a una ley laboral del Gobierno, y esa singularidad no convierte a las centrales en apéndice de un partido.
La inversión más llamativa afecta al propio accidente. Entre los motivos declarados del paro figura la defensa de los servicios públicos. Álvarez citó expresamente la necesidad de invertir «de manera muy clara en el sistema ferroviario». Sordo formuló la objeción de fondo al preguntar por qué una situación tan dramática restaría sentido a una convocatoria que reclama sostener las grandes infraestructuras públicas. El propio Feijóo reconoció en el desayuno que el mantenimiento no ha acompañado el aumento del uso de las vías. Ese diagnóstico refuerza las razones de la huelga. El candidato popular extrajo la conclusión contraria y pidió a los sindicatos que renuncien a reclamar justamente lo que la tragedia ha puesto en evidencia.
Las contradicciones de Feijóo
La contradicción se extiende al terreno fiscal. Feijóo anunció que, si llega a La Moncloa, encargará una auditoría de los sistemas de seguridad con resultados «en semanas». También prometió un «plan de choque» financiado mediante la «declaración de una emergencia». «Si tengo que parar una línea, la pararé», aseguró. Ese gasto extraordinario convive con un programa que, según Sordo, reduciría los ingresos del Estado en un 4% del producto interior bruto (PIB). Convive además con un socio potencial, Vox, que también defiende rebajas fiscales. El dirigente de CCOO preguntó con qué recursos se afrontaría entonces el refuerzo de las infraestructuras públicas. Esa ecuación no aparece en un discurso dedicado a exigir a otros que renuncien a movilizarse.
El reparto de culpas sigue la misma lógica. Feijóo atribuyó las «debilidades profundas del sistema» a una responsabilidad política que, a su juicio, «corresponde exclusivamente al Gobierno». Para sostenerlo citó un informe interno del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Según él, el documento prevé hasta 2030 un aumento del 94% del riesgo de accidentes atribuibles al gestor y una caída cercana al 30% en la fiabilidad de las instalaciones. El informe no se ha hecho público y sus cifras se conocen únicamente a través de Feijóo. El líder popular justificó su petición por la situación actual, «con cadáveres sin identificar», en el mismo acto en el que avanzó que ya tiene en mente a su ministro de Transportes. El duelo, en su planteamiento, impone silencio a los sindicatos y deja intacta la tribuna del candidato.
Amalgama de derecha y ultraderecha
El aviso más inquietante llegó en forma de advertencia reputacional. «No la hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre», reclamó Feijóo. Después explicó que, si gobierna, necesitará agentes sociales «responsables» y no «más débiles». La legitimidad de los sindicatos queda así condicionada a que no se movilicen contra quien aspira a gobernar. Santiago Abascal, líder de la formación ultraderechista Vox, fue más explícito al anunciar que tomará nota si hay un cambio de ciclo. La amenaza tiene antecedentes concretos. Los pactos autonómicos del PP con Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía incluyen recortes a la financiación pública de las organizaciones sindicales. Vox dispone, además, de su propio sindicato, Solidaridad.
Los argumentos de ambos dirigentes difieren. Abascal no invocó la tragedia y se limitó a negar sentido al paro. Según denunció el diputado de Comuns-Sumar Gerardo Pisarello, su partido siguió con la campaña tras el accidente sin que Feijóo objetara nada. El efecto, sin embargo, converge. En la amalgama del líder popular, una tragedia vuelve inoportuno el ejercicio de un derecho constitucional solo cuando lo ejercen quienes protestan. Feijóo defendió el derecho de huelga en abstracto y cuestionó su ejercicio concreto en nombre de 69 víctimas que ocuparon el centro de un acto electoral. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, pidió que no se utilice políticamente el dolor. Ese dolor era precisamente la base del desayuno.
