Los investigadores de la Policía Nacional no han encontrado por ahora transacciones ilegales ni rastros de hawala que permitan atribuir a alguien la llegada de decenas de miles de personas a finales de julio. La jueza María Tardón mantiene abierta la vía financiera. Al mismo tiempo, reclama al Gobierno los informes reservados del CNI y de las Fuerzas Armadas para saber quién conocía la convocatoria y qué se hizo con esas alertas.
Por ahora, las cuentas no respaldan la hipótesis de una entrada masiva comprada y pagada en Ceuta. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no ha detectado transacciones ilegales que apunten a ninguna autoría concreta en la llegada irregular de los días 30 y 31 de julio. Así lo aseguran fuentes de la investigación citadas por La Razón. Que no aparezcan pagos no cierra ninguna puerta. Pero sí enfría uno de los relatos que la derecha política y mediática ha difundido con más insistencia desde el verano, el de una operación financiada y dirigida con dinero.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa, encargó a mediados de septiembre a la UDEF y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizasen «los movimientos económicos relevantes en la zona» antes de los hechos. El encargo incluía los sistemas informales de transferencia de dinero, «incluyendo hawala». También abarcaba el alquiler o la contratación colectiva de transportes y cualquier otra operación vinculada a la logística de la movilización. Hasta ahora, esas pesquisas no han dado pistas que apunten en esa dirección.
Un rastro difícil de seguir
La magistrada parte de una premisa razonable. Según los cálculos policiales, más de 85.000 personas entraron en la ciudad autónoma en menos de 48 horas. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha cifrado en unas 72.000 las que cruzaron desde Marruecos. Tardón escribe que un movimiento de esa escala «difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros». Por eso el análisis económico se ha convertido en una parte central de la causa para aclarar cómo se organizó la entrada y quién pudo estar detrás.
El problema está en el tipo de pago que se busca. La hawala funciona al margen de la banca tradicional. Dos intermediarios situados en lugares distantes se ponen de acuerdo y uno paga en destino la cantidad que el otro ha recibido en origen. Para garantizar el intercambio se usa un objeto único que actúa como contraseña, normalmente el número de serie de un billete. El sistema no deja rastro documental ni pasa por ninguna entidad financiera. Por eso detectarlo exige intervenir y analizar teléfonos móviles. La gran mayoría de quienes cruzaron llevaba uno, pero los investigadores no han encontrado pagos por esta vía.
A esa dificultad técnica se suma otra procesal. Parte de la documentación sigue bajo secreto de sumario y las distintas unidades no comparten sus avances entre sí. La jueza ha pedido que se comuniquen directamente con ella para evitar «interferencias» de sus superiores y presiones políticas del Ministerio del Interior. El diario vincula esa cautela de la instructora con los problemas de la UDEF para acceder a la causa completa.
Lo que sabía el Gobierno
Con la vía financiera estancada, el foco se desplaza hacia las alertas previas. El 27 de octubre, Tardón pidió al Consejo de Ministros que desclasificase la documentación reservada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva. Lo pidió con carácter urgente y en un plazo máximo de 15 días. Quiere determinar qué autoridades españolas conocían los movimientos que se estaban preparando, con cuánta antelación fueron advertidas y qué decisiones adoptaron ante los avisos recibidos.
La instructora reclama también todas las «notas e informes» que el CNI difundió a las autoridades desde el mismo día de la entrada, además de los que se refieren a la actuación de Marruecos. Interior, por su parte, ha respondido por escrito a la magistrada. Sostiene que la sentencia del Tribunal Supremo que frenó las devoluciones en caliente de quienes llegaban a nado, junto con la evolución de las llegadas en julio, permitía «anticipar un incremento progresivo de la presión migratoria» antes del día 30.
Marruecos y los testigos
La dimensión marroquí sigue siendo el eje de la causa. Tardón abrió la investigación al considerar que hubo una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero contra la integridad territorial de España. En ese auto llegó a señalar una «clara e indudable gestión favorecedora» desde el país vecino, con agentes que habrían practicado un «guiado activo» de quienes cruzaban. La Embajada de Marruecos en Madrid atribuyó en cambio la entrada a organizaciones criminales dedicadas a la trata y al tráfico de migrantes.
Las declaraciones siguen esta semana. Este martes comparecerán cuatro testigos protegidos propuestos por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional. El miércoles 11 lo harán el jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y un inspector del cuerpo. Mientras tanto, que no haya pagos identificados obliga a matizar un relato que dio por hecha una operación financiada. La respuesta sobre quién movilizó a decenas de miles de personas queda, por ahora, en manos de la instrucción.
