El desahucio de una familia con seis hijos menores en Vitoria-Gasteiz ha desatado una fuerte controversia sobre la actuación de las administraciones públicas ante la emergencia habitacional. Mientras el Gobierno Vasco asegura que no recibió del Ayuntamiento el informe de vulnerabilidad necesario para intervenir, el Consistorio sostiene que ofreció una solución provisional de alojamiento. El caso presenta una circunstancia especialmente compleja: el propietario del inmueble también se encuentra en situación de vulnerabilidad y llevaba cinco años intentando recuperar su única vivienda.
El desahucio de una familia de ocho miembros, ejecutado el viernes 23 de octubre en el barrio de Sansomendi de Vitoria-Gasteiz, ha abierto un debate que trasciende los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Ertzaintza. La actuación judicial plantea interrogantes sobre la coordinación entre las administraciones, la eficacia de las políticas públicas de vivienda y la protección de los menores ante la pérdida del domicilio familiar.
La familia, formada por un matrimonio de origen inmigrante y sus seis hijos menores de edad, residía desde 2018 en un apartamento de la avenida de Los Huetos. Su contrato de alquiler había finalizado y, pese a disponer de ingresos, no había conseguido encontrar otra vivienda.
Según el Sindicato Socialista de Vivienda, que ha acompañado a la familia durante el proceso, los afectados llevaban aproximadamente un año buscando un nuevo alquiler. Sus representantes denuncian que las dificultades para encontrar alojamiento se agravaron por el número de hijos y por posibles prejuicios relacionados con su origen extranjero.
La familia sostiene que no había dejado de pagar las mensualidades del alquiler. Sin embargo, el propietario reclamaba judicialmente la recuperación del inmueble para destinarlo a su propia residencia.
Un propietario que también necesita recuperar su vivienda
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que el propietario no responde al perfil de un gran tenedor inmobiliario.
Según las informaciones publicadas por RTVE, El País y otros medios españoles, se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, reconocida mediante informes técnicos municipales, que vive con su esposa embarazada y un hijo pequeño en una habitación alquilada.
El apartamento objeto del litigio constituye su única propiedad y llevaba desde 2021 intentando recuperarlo para establecer allí su domicilio familiar.
La reclamación terminó desembocando en una resolución judicial que permitió ejecutar el desahucio.
Por tanto, el conflicto enfrenta las necesidades de dos familias vulnerables: una que pierde la vivienda en la que ha residido durante años, con seis menores a su cargo, y otra que reclama recuperar su única propiedad para poder habitarla.
Esta circunstancia introduce una cuestión central en el debate: hasta qué punto corresponde a un pequeño propietario asumir las consecuencias de la falta de alternativas habitacionales disponibles para una familia necesitada de protección social.
El Gobierno Vasco afirma que no recibió el informe municipal de vulnerabilidad
La controversia institucional gira en torno a la actuación de las dos principales administraciones implicadas.
Según la información publicada por El País, el Gobierno Vasco sostuvo que, al tratarse de una vivienda privada, necesitaba recibir del Ayuntamiento un informe de vulnerabilidad para poder intervenir en el caso.
El Ejecutivo autonómico aseguró que dicho documento no le había sido remitido.
Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gobernado por una coalición del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), afirma que sus servicios sociales realizaron un seguimiento de la familia y le ofrecieron un recurso de acogida urgente y provisional.
Según la versión municipal, la familia rechazó inicialmente esta alternativa.
El Consistorio sostiene asimismo que sus servicios sociales no disponen de viviendas que puedan adjudicar directamente a las personas afectadas por un desahucio.
Sin embargo, la información publicada por El País señala que el Ayuntamiento tampoco había propuesto la adjudicación de una vivienda a través de Etxebide, el servicio público vasco de vivienda, al considerar que no se trataba de una situación sobrevenida, puesto que la familia conocía desde hacía años la intención del propietario de recuperar el inmueble.
Estas explicaciones dejan abierta una cuestión relevante: si las administraciones conocían con suficiente antelación el riesgo de desahucio, ¿por qué no se articuló una solución habitacional estable antes de que llegara la fecha del lanzamiento?
La vivienda, competencia exclusiva del País Vasco
El reparto de competencias resulta fundamental para comprender las responsabilidades institucionales.
El artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye a esta comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Además, la Ley vasca 3/2015, de 18 de junio, reconoce el derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna y adecuada, siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos.
En consecuencia, el Gobierno Vasco dispone de competencias esenciales para desarrollar políticas de vivienda protegida, gestionar programas de alquiler social y facilitar el acceso a recursos habitacionales mediante Etxebide.
Los ayuntamientos, por su parte, ejercen funciones de asistencia social, atención de emergencias, intervención comunitaria y colaboración en materia de vivienda dentro de sus competencias.
La legislación también establece la necesidad de cooperación entre las diferentes administraciones públicas para garantizar el acceso a una vivienda adecuada.
No obstante, el reconocimiento del derecho subjetivo no supone la adjudicación automática de un inmueble a cualquier persona desahuciada. Su ejercicio está condicionado, entre otros requisitos, a la situación económica, las necesidades residenciales y los procedimientos administrativos previstos.
Por ello, determinar si la familia tenía derecho a una solución habitacional específica exigiría conocer su expediente, su situación ante Etxebide y las actuaciones administrativas realizadas antes del lanzamiento.
Dos detenidos y 19 agentes heridos durante los enfrentamientos
El desahucio provocó una importante movilización ciudadana que comenzó la noche del jueves, cuando alrededor de un centenar de personas acamparon frente al inmueble para intentar impedir la intervención judicial.
Durante la mañana del viernes, centenares de manifestantes, entre ellos estudiantes de varios institutos de Vitoria-Gasteiz, acudieron a la zona para expresar su solidaridad con la familia.
La Ertzaintza desplegó un amplio dispositivo policial y realizó varias cargas contra manifestantes que trataban de bloquear el acceso al edificio.
El lanzamiento terminó ejecutándose alrededor de las 13.00 horas, después de varias horas de tensión.
Según el balance oficial del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, dos personas fueron detenidas, una de ellas menor de edad, y otras 58 fueron identificadas.
Las autoridades comunicaron también que 19 agentes resultaron heridos durante los incidentes.
El Sindicato Socialista de Vivienda denunció, por su parte, una actuación policial desproporcionada y aseguró que numerosos manifestantes sufrieron lesiones.
La organización convocó nuevas movilizaciones para protestar tanto por el desahucio como por la intervención policial.
Las críticas políticas alcanzan al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento
La actuación institucional ha suscitado críticas desde diferentes sectores del panorama político vasco.
EH Bildu, Sumar y Podemos han cuestionado la respuesta de las administraciones y han denunciado la ausencia de una alternativa residencial estable para una familia con seis menores.
EH Bildu anunció iniciativas parlamentarias para reclamar explicaciones sobre el operativo policial y las actuaciones de los responsables públicos.
Desde el Partido Popular también se ha insistido en que corresponde a las administraciones garantizar una respuesta habitacional a las familias necesitadas, sin trasladar esa responsabilidad a los pequeños propietarios.
Las críticas proceden, por tanto, de formaciones con posiciones políticas diferentes, aunque sus diagnósticos y propuestas sobre la política de vivienda no sean necesariamente coincidentes.
¿Quién debe garantizar una alternativa habitacional?
El caso de Vitoria-Gasteiz pone de manifiesto una de las contradicciones más complejas de la crisis de la vivienda: la protección de los inquilinos vulnerables puede entrar en conflicto con los derechos de propietarios que también atraviesan situaciones económicas y sociales difíciles.
La respuesta no puede limitarse a enfrentar ambos derechos.
La legislación vasca reconoce instrumentos de protección residencial y atribuye responsabilidades a las instituciones autonómicas y municipales. Sin embargo, la existencia de estos mecanismos no garantiza, por sí sola, una solución inmediata para todos los casos de emergencia.
En Vitoria, las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento plantean dudas sobre la coordinación administrativa y sobre la capacidad de anticipar una situación que llevaba años anunciándose.
La investigación periodística de este caso debería esclarecer si se remitieron los informes necesarios, qué recursos de vivienda se estudiaron y por qué las alternativas propuestas no permitieron evitar que una familia con seis menores perdiera su residencia habitual sin disponer previamente de otra vivienda estable.
El desahucio ya se ha ejecutado. La cuestión pendiente es si las instituciones utilizaron todas las herramientas legales y sociales a su alcance para impedir que el conflicto entre dos familias vulnerables terminara en una situación de emergencia habitacional.
