La justicia ha cambiado en cuestiones de fondo y de forma en México y las perspectivas no son favorables. Hoy asume funciones la nueva Suprema Corte. Esta nueva versión tiene lugar tras la aprobación de la reforma judicial de 2024 que estableció que la Suprema Corte pase de 11 a nueve ministros y, además, deje de funcionar en dos salas. Por tanto, todos los asuntos de su competencia desde ahora serán atendidos directamente por el pleno. Hoy también entran en funciones otros 872 nuevos cargos entre magistrados electorales, de circuito y jueces de distrito.
Clara Riveros conversa con el periodista y escritor mexicano Julio Patán quien anticipa que México se enfrenta al fin de su democracia, a una división de poderes completamente desdibujada y, todo ello, en medio de la indiferencia de las mayorías.
Clara Riveros: Hoy inicia funciones la nueva Corte Suprema de México y quiero preguntarle, ¿Cómo se vive este tema hoy en el país? Un tema que generó tantas críticas y polémica en los meses pasados porque los jueces serían elegidos por voto popular. ¿Hay rechazo, hay resignación, hay indiferencia?
Julio Patán: Indiferencia. Hay un sector relativamente pequeño de la población de México, más bien relacionado con los sectores de clase media y alta, los más informados, en términos generales, están informados y muy preocupados, pero son los menos. Para la mayor parte de la gente esto no significa nada. La participación en las elecciones en general es baja, no a nivel federal, pero si en las elecciones intermedias, aunque incluso en la elección donde fue elegida Claudia Sheinbaum fue más baja de lo esperado.
Si eso es así, con figuras que la gente percibe que inciden de manera directa e inmediata en sus vidas, en relación con la Suprema Corte, la elección no tiene importancia para la mayor parte de la población, empezando porque no sabe quiénes son. La Suprema Corte se dedica a los asuntos constitucionales y a que se respete la Constitución. Y eso, para el mexicano medio, no significa nada. Eso explica que para la Suprema Corte y, en general para los jueces, la votación fue muy baja, no llegó al 13% del padrón electoral. En los sectores que no son del oficialismo ha sido motivo de franca consternación.
C.R.: Uno de los problemas que plantea la nueva composición de la Corte es que su estructura ha cambiado. Hay quienes alertan e indican que los desafíos incluso serán mayores que en el pasado: primero, ya no hay salas y, segundo, ahora hay menos ministros (de 11 pasó a nueve) y, tercero, a excepción de tres ministras que hacían parte de la antigua Corte y que postularon para ser reelegidas, las otras seis personas llegan sin experiencia. Con lo cual la nueva Corte inicia funciones con cientos de casos pendientes y creo que no exagero. He visto en la prensa internacional que se habla de unos 1000 casos pendientes. Todo ello parece complejizar la meta de hacer que la justicia sea más eficiente y la resolución de casos tenga mayor celeridad. Menos personas, menos experiencia, ¿Menos expectativas? ¿Cómo analiza la situación?
J.P.: Las tres ministras a las que usted refiere, que son Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, son y fueron tres ministras absolutamente entregadas al gobierno federal. Son personas puestas por Andrés Manuel López Obrador y que son parte del movimiento (MORENA). La referencia a la separación o a la división de poderes sería aquí de una ingenuidad abrumadora. Son tres personas mandadas por el presidente. Una es la famosa ministra “pirata” que plagió la tesis de licenciatura y de doctorado, eso está documentado, además. Y Lenia Batres se la conoce como la ministra “burra”, porque tiene una formación paupérrima, pero ella es, eso sí, una (militante) radical.
Respecto a los demás son gente sin suficiente preparación, hay dos quizá más cualificados en términos constitucionales, pero en general no tienen formación y experiencia en el campo constitucional. El ministro presidente, Hugo Aguilar, es un hombre completamente ajeno al Derecho Constitucional, o casi totalmente ajeno. Tiene una preparación muy pobre y más bien se ha dedicado al activismo indigenista primero, diría que de una manera bastante ramplona, además. Y luego, básicamente a trabajar para AMLO como funcionario en oficinas relacionadas con asuntos indígenas, con el gobierno, no como activista independiente del poder. Entonces, esta es una Corte completamente entregada y totalmente incapaz. Llegados a este nivel, estamos entre la indiferencia de las multitudes y la desolación de las minorías.
C.R.: Hay quienes ya hablan de que inicia una era de «populismo judicial». Y que se dará trámite a casos mediáticos y que generan mucha polémica para hacer creer que la justicia trabaja y avanza, pero en realidad se puede tratar de una distracción para ocultar, en cierto modo, la acumulación de procesos y el tratamiento superficial de los mismos, sin estudiarlos en profundidad. ¿Cuál es su opinión a este respecto?
J.P.: La composición de la Corte, que mencionaba en la pregunta anterior, plantea una cuestión muy propia de los populismos latinoamericanos, supuestamente orientados a la austeridad del gasto, pero esto significa que se hace una poda y se contrata personal de muy bajo nivel, a las órdenes del Poder Federal, del Poder Ejecutivo y del Legislativo, que a su vez está bajo órdenes del Ejecutivo. Antes eran nueve, ahora son 11, pero eso es lo de menos. Son ministros completamente entregados, no creo que vaya a haber disidencia interna y, como ya dije, son terriblemente incapaces. Es cierto que la Suprema Corte acarrea una enorme cantidad de casos pendientes, pero, si se revisa con más detalle, se podrá corroborar que una enorme cantidad de los casos pendientes de la anterior Corte, se deben a la ministra reelegida, Lenia Batres, la ministra “burra”. La cosa pinta muy mal a todos los niveles de la justicia, con todos los jueces elegidos, no solo ya con los ministros de la Suprema Corte.
Si es cierto que se puede atender lo más vistoso y lo más mediático y desatender todo lo demás. Esto es grave, pero no es lo más grave. Ahora los gobernantes y legisladores de MORENA y partidos aliados han empezado a atacar sistemática y jurídicamente, a medios y a ciudadanos, incluso en redes, utilizando a los jueces. Lo hacen a través de una figura llamada “Ley de violencia política de género”. Por ejemplo, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha demandado a un periódico que se llama Tribuna porque ventiló graves irregularidades en el ejercicio del presupuesto. Los demandó por violencia política de género, alegando que la atacaron por ser mujer. Ahora ese periódico tiene literalmente un comisario político al lado que aprueba o desaprueba los contenidos que se publican, más la prohibición expresa de hablar de la gobernadora.
Otro caso: una diputada de un partido aliado del gobierno -esposa de Sergio Gutiérrez Luna, de MORENA, quien hasta hoy ha sido presidente de la Cámara de Diputados-, demandó por violencia política de género a una ciudadana, ni siquiera a un medio, a una ciudadana que la criticó en redes y que dijo que era una incompetente y que estaba en la Cámara de Diputados por su marido. Esa ciudadana fue obligada a ofrecer disculpas durante 30 días seguidos, así como lo oye: ‘maoísta el rollo’. De todas formas, le salió mal a la diputada porque la destrozaron en redes sociales. Pero, lo que quiero decir, es que el Poder Judicial está a su servicio y lo usan como mecanismo de represión y de silenciamiento.
C.R.: ¿Cuál es la perspectiva frente al rumbo de la justicia y la institucionalidad del país?
J.P.: Los ministros de la Suprema Corte se van a concentrar en los casos más mediáticos en un afán de legitimación. La democracia en este país ya se terminó. Es un régimen crecientemente autoritario y descaradamente autoritario. No tienen problema en mostrarlo. Y, además, es ostentosamente corrupto. Este capitulo de la elección de jueces tiene un efecto más: afectará la inversión en México. Un inversor, mexicano o extranjero, que tenía interés de invertir en México tiene, primero, ante un litigio con el gobierno o con el Estado, que ir a jugarse el dinero de su inversión con un juez que pusieron ellos. Dicho en buen mexicano: ‘hay que ser muy pendejo para invertir aquí’.
La segunda cosa, hay un cierto error de cálculo del gobierno: sí es cierto que tienen a los jueces en el bolsillo y sí es verdad que, ante cualquier conflicto judicial con un ciudadano, opositor o empresario, la justicia les dará la razón a ellos. Pero, en muchos casos, esos jueces serán cooptados por el crimen organizado. No tanto en la Ciudad de México, aunque podría haber situaciones, pero sí afuera de la CDMX y en zonas más marginales donde los van a comprar y los van a amedrentar a quienes no se dejen comprar en primera instancia. El empresario, además, tiene la perspectiva de que el crimen organizado que ya busca presionarlo y extorsionarlo por otras vías, también lo hará a través de los jueces.
