Esta es la tercera y última parte de la entrevista realizada por Clara Riveros para Hoy24 a Carel de Rooy. El consultor y observador de asuntos globales y exrepresentante de UNICEF en diferentes regiones del mundo, analiza aquí la posición del gobierno Trump frente a El Salvador y las acciones recientes de la administración estadounidense en relación con Venezuela.
C.R.: ¿Ha rebajado la actual administración estadounidense los estándares e interpretaciones desde la Casa Blanca sobre que es una democracia y que no lo es? Planteo esta inquietud pensando, por ejemplo, en las declaraciones recientes sobre la reelección indefinida en El Salvador… ¿Cuál es su opinión?
C.D.R.: Es necesario entender que esta no fue una decisión de Bukele, sino del Parlamento de El Salvador, de ahí el apoyo del gobierno de Trump. Personalmente, no creo que sea saludable en términos del proceso democrático. Por otro lado, entiendo que el pueblo y sus representantes democráticos electos deben estar aterrorizados con la posibilidad de ver al país volver al caos que existía antes de Bukele.
El aspecto más visible de la administración Bukele fue la reducción de la delincuencia y el aumento de la seguridad en el país. La economía ha avanzado más lentamente, con alrededor del 30,3 % (2023) de su población aun viviendo en la pobreza. La disminución de las remesas, actualmente representa el 27 % del PIB, ha afectado negativamente a las familias más pobres.
Hubo un aumento de los ingresos de 2023 a 2024 en un 7,3 % gracias al aumento de la seguridad que también benefició al turismo, sector que representa el 14 % del PIB. Con el apoyo del FMI, en 2025 inició la estabilidad fiscal, facilitando las inversiones en infraestructura (aeropuertos, puertos, minería y tecnología) con riesgos ambientales que deben ser mitigados.
C.R.: Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han escalado en los últimos días y ambos exhiben su fuerza militar, ¿Cómo analiza estos eventos? ¿Cree que es posible una intervención estadounidense en ese país o son maniobras disuasorias?
C.D.R.: Vayamos a los hechos antes de responder a la pregunta.
El «Cartel de los Soles» es una estructura criminal dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas (su nombre proviene de los soles en los uniformes de los generales). Informes de la Agencia Antidrogas (DEA) y gobiernos latinoamericanos acusan a los militares de controlar las rutas de cocaína que pasan por Venezuela hacia el Caribe, México y Estados Unidos. Se estima que hasta 240 toneladas/año de cocaína pasan por el territorio venezolano.
Los principales líderes acusados de involucrarse con el narcotráfico son Diosdado Cabello (número 2 del chavismo), acusado por Estados Unidos de ser uno de los líderes del «Cartel de los Soles»; Tareck El Aissami (exvicepresidente), sancionado por Washington por facilitar rutas de narcotráfico y Nicolás Maduro acusado en 2020 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por «narcoterrorismo», acusado de conspirar con las FARC para enviar cocaína a Estados Unidos. Otros ministros, gobernadores y jefes militares también fueron sancionados.
Hay evidencia de conexiones con las extintas FARC, las disidencias de las FARC y el ELN, ya que Venezuela está acusada de albergar guerrilleros colombianos en su territorio. Según informes del gobierno colombiano y de la ONU, estos grupos utilizan Venezuela para refinar, almacenar y exportar cocaína. El régimen haría la vista gorda (o colaboraría) a cambio de financiación.
La DEA y los tribunales estadounidenses ya han condenado a traficantes vinculados a las autoridades venezolanas. Un caso emblemático fue el de los «narco sobrinos» (sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro) detenidos en 2015 cuando intentaban traficar 800 kg de cocaína hacia Estados Unidos. La ONU y la OEA han publicado informes sobre la participación del aparato estatal en esquemas de narcotráfico.
Desde mediados de la década de 2000, Venezuela ha venido a reemplazar algunas zonas de Colombia como principal corredor para el tráfico de cocaína. Los puertos venezolanos (Puerto Cabello, Maracaibo) y las pistas de aterrizaje clandestinas se utilizan para enviar drogas al Caribe, México, África y Europa. La ausencia de cooperación antidrogas con los Estados Unidos (la DEA fue expulsada en 2005) facilitó la expansión.
Además del tema del narcotráfico y los vínculos con organizaciones que violan los derechos humanos, también está el tema de los sucesivos fraudes electorales por parte de los gobiernos de Chávez y Maduro, que lo pusieron en la mira de la administración Trump.
La mayoría de las acusaciones provienen del testimonio de Carvajal (El Pollo), exjefe de la inteligencia militar venezolana. También alegó vínculos del régimen con Hezbollah e Irán, acusó a altos líderes de usar compañías como PDVSA (compañía petrolera estatal) para lavar dinero del narcotráfico y malversar miles de millones de dólares. Afirmó haber sido testigo del fraude electoral en los gobiernos de Chávez y Maduro y también del financiamiento de partidos de izquierda en Europa y América Latina.
En conclusión: hay pruebas contundentes de que Estados Unidos está preocupado por el régimen de Maduro que se perpetúa en el poder. Es difícil decir que habrá una intervención directa de «botas sobre el terreno» en territorio venezolano, aunque no se puede descartar esta opción. Lo que está claro es la intención de la administración Trump de cambiar el statu quo ofreciendo 50 millones de dólares para obtener información que facilite la captura de Maduro, así como la presión militar. Lo que no debe sorprender a nadie serán los ataques quirúrgicos a instalaciones e infraestructuras vinculadas al narcotráfico, así como su interceptación en el mar y en el aire.
