El juzgado ha cerrado la investigación sobre el exjefe del área de Rusia del servicio secreto y otro agente, detenidos en 2023 por presuntamente sacar información clasificada y ponerla a disposición de la inteligencia estadounidense. Si se confirma la acusación por traición, será el segundo caso de este tipo en la historia reciente de España. Ambos niegan los hechos y sus defensas sostienen que no se ha probado ninguna entrega ni pago.
La justicia ha cerrado la investigación sobre los dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detenidos en septiembre de 2023, acusados de sacar información clasificada del organismo y ponerla a disposición de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Según fuentes jurídicas citadas por El País, el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha dado por concluida la instrucción y ha remitido el sumario a la Audiencia Provincial. Uno de los investigados dirigió el área de Rusia del servicio secreto. Sin embargo, el país al que presuntamente servían no era Rusia, sino un aliado.
Si la acusación se formaliza por traición y revelación de secretos, será el segundo procedimiento de este tipo en la historia reciente de España. El único precedente es el de Roberto Flórez, antiguo miembro del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), que intentó vender documentación secreta a Rusia. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó en 2010 a 12 años de prisión, la pena máxima prevista para ese delito, y el Tribunal Supremo la rebajó después a nueve. Flórez sigue siendo el único espía español condenado por traición.
Un veterano con acceso privilegiado
El agente 7691, de 58 años, es capitán de fragata, un rango equivalente al de teniente coronel del Ejército de Tierra, y acumula más de tres décadas de trayectoria. En su currículum figuran un destino en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y un trabajo para una empresa de seguridad estadounidense durante una excedencia en la pandemia. Fuentes cercanas a la investigación sitúan en esos contactos el origen de una posible colaboración con Washington. Él lo ha negado durante toda la instrucción. «Sirvo y quiero a mi país. No traicionaría a mi país», declaró ante el juez.
Su compañero ocupaba un puesto más operativo, ligado a fuentes de Oriente Medio, y fue él quien despertó las primeras sospechas. Los controles internos implantados tras el caso Flórez detectaron que consultaba información ajena a su competencia. Siguiendo ese rastro, Asuntos Internos llegó hasta el jefe del área de Rusia. La funcionaria encargada de las pesquisas relató en el juzgado que también él «estaba accediendo a informaciones que no le correspondían». Ambos tenían una relación estrecha. Habían comprado juntos una vivienda en el estado brasileño de Ceará y el agente 7691 pagaba parte del colegio de los hijos de su compañero.
Fuentes comprometidas y años de trabajo perdidos
Tras los registros y el análisis de sus dispositivos, la Policía cifró en 288 los archivos extraídos del CNI sin autorización. Entre ellos había nombres de informantes en entornos sensibles, terminología interna, datos sobre el despliegue exterior y la estructura del servicio, y un gráfico de conexiones entre ciudadanos rusos y delegaciones diplomáticas extranjeras. La información presuntamente entregada afectaría a la Unión Europea (UE), a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a China, Venezuela, Centroamérica y Marruecos, y al estrecho de Gibraltar.
El propio CNI concluyó que se había perdido «todo el trabajo de años sobre determinados objetivos informativos» en el ámbito de la contrainteligencia, y que la identidad de varias fuentes humanas había quedado expuesta, con riesgo para sus vidas. Según fuentes de la investigación, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no buscaba un dato concreto. Su objetivo habría sido disponer de un topo al que poder orientar dentro del servicio español. La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, pidió el arresto porque ambos habían sido «instruidos para utilizar técnicas de evasión personal».
Una crisis diplomática con un aliado
El caso tuvo consecuencias inmediatas en la relación bilateral. Con Joe Biden en la Casa Blanca, la ministra de Defensa, Margarita Robles, convocó en su despacho a la entonces embajadora estadounidense en Madrid, Julissa Reynoso, para pedirle explicaciones por una acción que el Gobierno consideraba hostil e insólita entre aliados. España forzó la salida de al menos dos agentes destinados en la embajada de Estados Unidos e implicados directamente en la captación. El mensaje fue nítido. Una alianza no da licencia para infiltrar las instituciones del socio.
Los dos acusados pasaron por prisión provisional antes de quedar en libertad. El agente 7691 permaneció un año y tres meses en la cárcel, primero en Estremera (Madrid) y después, a petición propia, en una prisión militar. Su compañero estuvo menos de dos meses. El fiscal se opuso a la excarcelación del primero por el riesgo de fuga que suponía la vivienda en Brasil, que los investigados presentaron como una simple inversión.
Las defensas mantienen la inocencia de ambos. El abogado del agente 7691 niega que la información se obtuviera de forma ilegal y alega que entre lo hallado no había material clasificado como secreto o reservado, las dos categorías superiores. Asegura además que existían grupos de WhatsApp «donde se compartía información y documentos del CNI de manera cotidiana». Los letrados insisten en que no se ha probado la entrega a ningún país ni se ha localizado dinero alguno.
El procedimiento aguarda ahora los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que concretarán las acusaciones. Fuentes jurídicas no descartan un pacto con alguno de los acusados, de modo que el alcance final del juicio sigue abierto.
