El Gobierno aprobó tras el accidente de Urda un paquete que duplica el control humano cuando falla el sistema, reduce frecuencias en la línea Madrid-Sevilla e incorpora inteligencia artificial para vigilar la red. Grupos parlamentarios y sindicatos ferroviarios sitúan el problema en el modelo y no en el error individual.
El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre un paquete de medidas para reforzar la seguridad de la alta velocidad y recuperar la confianza de los usuarios. Responde al choque de dos trenes en Urda (Toledo), que deja un balance provisional de 69 muertos y cerca de 200 heridos. Óscar Puente lo presentó horas antes de anunciar su dimisión como ministro de Transportes. Lo articuló en tres ejes, que son el apoyo a víctimas y supervivientes, la limitación de precios en los transportes alternativos y el refuerzo de la seguridad en el servicio.
El plan se suma a la respuesta anunciada tras los siniestros de Adamuz y Gelida, en enero. Aquella incluía 1.800 millones de euros para mantenimiento, 3.600 contrataciones en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe, y medio centenar de profesionales más en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Las causas del accidente de Urda siguen bajo investigación judicial. En el Congreso, varios grupos advirtieron contra la tentación de reducir la tragedia a un fallo individual y pidieron examinar el conjunto del sistema, un debate que atraviesa buena parte de las nuevas medidas.
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Doble control humano cuando cae el sistema
La medida central es lo que Puente llamó «un sistema de validación cruzado». Cuando deje de funcionar el sistema principal de protección, las órdenes que reciba el maquinista en esa situación de circulación degradada tendrán que validarlas dos controladores. «Este sistema entrará en funcionamiento cuando el LZB o el ERTMS caigan», precisó el ministro. Se refería al sistema de control continuo de origen alemán y al Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, los mecanismos automáticos que supervisan la circulación en la alta velocidad española.
Hasta ahora, un único controlador firmaba la orden. «A partir de ahora, la decisión no solo la asumirá un operador, sino dos», explicó Puente. Aseguró que el cambio no exigirá más personal en el centro de control porque los trabajadores «tendrán atribuciones distintas». La reforma reparte así el peso de una decisión crítica que hasta ahora dependía de una sola firma. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, había sugerido en el Congreso que la presión por la puntualidad influyó en la decisión de mantener la circulación tras la caída del sistema de seguridad.
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Menos trenes y vagones más seguros
En la línea Madrid-Sevilla circularán menos trenes y más espaciados, aunque sin perder capacidad, porque se emplearán convoyes de doble composición con más plazas. Según Puente, la reducción se mantendrá un tiempo «para ir haciendo ganar confianza al usuario». Después se recuperará la frecuencia normal, ya que la red «no está saturada». El ministro calculó que la línea podrá reabrir en un plazo máximo de diez días naturales desde que la jueza autorice los trabajos de reconstrucción. El recorte se limitará a este corredor y no afectará al resto de la red.
El paquete incluye además cambios en la seguridad pasiva. Transportes estudiará rediseñar el espacio de los equipajes para evitar que las maletas «se conviertan en auténticos misiles» en caso de accidente. Puente descartó, en cambio, instalar cinturones de seguridad para los pasajeros. Estas medidas buscan sobre todo devolver la confianza en un servicio que durante años se ha presentado como emblema de la modernización del país. Esa confianza ha quedado seriamente dañada después de dos accidentes mortales en la misma línea en menos de un año.
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Inteligencia artificial para vigilar la red
Transportes creará un agente de inteligencia artificial (IA) y un gemelo digital de la red, una réplica virtual del sistema ferroviario. Según Puente, ambos servirán para «supervisar el funcionamiento del sistema, anticipar escenarios, detectar anomalías y monitorear conversaciones entre maquinistas y controladores». El ministro presentó la herramienta como un apoyo que facilitará el trabajo de la plantilla y reducirá la posibilidad de error humano en el control del tráfico. Las informaciones publicadas no precisan plazos de implantación, coste ni el organismo encargado de desarrollarla.
Monitorizar las comunicaciones del personal desplaza la atención hacia la conducta de maquinistas y controladores, cuando la investigación judicial todavía no ha establecido qué falló en Urda. El comité de empresa de Adif lo integran Comisiones Obreras (CC.OO.), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación General del Trabajo (CGT), el Sindicato Ferroviario y el Sindicato de Circulación Ferroviario. Ha convocado una huelga para el 17 de noviembre, motivada según fuentes sindicales por su preocupación por la seguridad, y una concentración el día anterior.
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El factor humano, bajo la lupa
El plan prevé modificar la normativa de descansos de los responsables de regular el tráfico para adaptarla a los periodos de mayor exigencia. Los protocolos de control de fatiga que ya se aplican a los maquinistas se extenderán a otros perfiles críticos, como el personal de seguridad en obras ferroviarias. Transportes quiere reforzar además la formación continua de los controladores con mentorías, nuevas acreditaciones y simulacros periódicos de situaciones excepcionales. Son precisamente los escenarios en los que una orden manual sustituye a los sistemas automáticos de protección.
Buena parte de la Cámara reclamó que el foco no se quede en los trabajadores. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), advirtió de que «un error humano refleja un sistema de seguridad fallido». Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, rechazó reducir la tragedia a un fallo individual y apuntó a presiones empresariales por la puntualidad. Toni Valero, de Sumar, vinculó la pérdida de seguridad al modelo neoliberal aplicado al sector. Miriam Nogueras, de Junts, denunció la falta de inversión en mantenimiento, y Mikel Legarda, del PNV, criticó que se primaran las nuevas líneas sobre la seguridad.
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Ayudas inmediatas y precios contenidos
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley con 30 millones de euros para acelerar las ayudas a los afectados y evitar las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros. La norma adelanta parte de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil. Se suma a los mecanismos ya existentes, que reconocen a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familias el derecho a una asistencia integral. De los cerca de 200 heridos, 40 seguían hospitalizados en el momento de la comparecencia del ministro.
Las ayudas serán complementarias a los planes, seguros y coberturas previstos en la ley y compatibles con las indemnizaciones obligatorias. Estarán exentas de tributación, de modo que las víctimas las percibirán íntegramente. El tercer eje del plan limita los precios de los transportes alternativos mientras la línea Madrid-Sevilla permanezca cortada, para que el cierre no encarezca los desplazamientos. El ministro dimisionario seguirá en el cargo hasta que su cese sea efectivo, y la aplicación del plan quedará en manos de su sucesor mientras la investigación judicial determina qué falló en Urda.
