Los equipos de rescate intensifican la búsqueda de supervivientes cuando se aproxima el límite simbólico de las primeras 72 horas. Cerca de 500 personas permanecen desaparecidas y más de 3.500 resultaron heridas por el seísmo de magnitud 7,4.
Las operaciones de rescate entraron este miércoles en una etapa crítica en Colombia. Socorristas, bomberos y voluntarios aceleran la búsqueda entre los edificios derrumbados por el terremoto del lunes, mientras se aproxima el final de las primeras 72 horas, consideradas determinantes para localizar supervivientes.
El seísmo, de magnitud 7,4, ha dejado al menos 265 muertos, más de 3.500 heridos y cerca de 500 desaparecidos, según el balance comunicado por el presidente Abelardo de la Espriella. Es el terremoto más mortífero registrado en Colombia en lo que va de siglo.
Las zonas más afectadas se concentran en el oeste del país, especialmente en la región cafetera y varios municipios próximos al Pacífico. Cali y Pereira reúnen buena parte de los trabajos de búsqueda, aunque numerosas localidades pequeñas también han sufrido graves daños.
Señales bajo los escombros en Pereira
En Pereira, los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en las ruinas de una panadería. Los rescatistas creen que un vendedor ambulante podría continuar con vida bajo la estructura después de escuchar varios golpes procedentes del interior.
Las labores avanzan con extrema precaución para evitar nuevos derrumbes. Perros entrenados, grúas y equipos de detección trabajan junto a voluntarios que retiran fragmentos de hormigón con las manos.
Cada cierto tiempo, las máquinas se detienen y se guarda un silencio completo para intentar captar voces, golpes o cualquier otra señal de vida.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que las operaciones entran en su «fase final». Superado el umbral de las 72 horas, explicó, disminuyen las probabilidades de encontrar personas con vida, aunque los trabajos de búsqueda continuarán.
Tres días de luto y emergencia económica
El presidente De la Espriella, que tomó posesión el pasado 7 de agosto, decretó tres días de luto nacional y declaró el estado de emergencia económica.
Esta figura constitucional permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias, modificar partidas presupuestarias y establecer temporalmente disposiciones fiscales sin seguir el procedimiento legislativo ordinario. Las decisiones estarán sujetas posteriormente al control de la Corte Constitucional.
El mandatario anunció también la creación de un fondo de reconstrucción, alimentado parcialmente con ayuda internacional, para atender a las víctimas y reparar viviendas, hospitales, escuelas e infraestructuras.
La catástrofe golpea al país en un momento de estrechez presupuestaria. El propio presidente reconoció que la emergencia encuentra a Colombia «en medio de una crisis fiscal».
Miles de viviendas han quedado destruidas o seriamente dañadas y numerosas familias han pasado varias noches al aire libre. Algunas perdieron sus casas; otras temen regresar ante la posibilidad de nuevas réplicas.
Solidaridad en medio de la devastación
La movilización ciudadana se ha extendido por las regiones afectadas. Miles de personas han llevado agua, alimentos, medicamentos y otros suministros, mientras los centros de donación de sangre registran largas filas.
En Cali, profesionales del cine cedieron micrófonos, cámaras y equipos de iluminación para ayudar a detectar movimientos o sonidos bajo los escombros.
Las autoridades afrontan ahora dos urgencias simultáneas: mantener la búsqueda de quienes continúan desaparecidos y organizar la atención de miles de personas que han perdido su vivienda.
El Gobierno también ha rechazado las acusaciones de haber seleccionado la ayuda humanitaria según la orientación política de los países oferentes. La Cancillería asegura que la recepción de asistencia se realiza conforme a las necesidades de la emergencia.
