El profesorado madrileño mantiene una huelga indefinida con seis exigencias concretas sobre horas lectivas, ratios, salarios e infraestructuras. Frente a ellas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha optado por una guerra de cifras, un discurso que equipara la protesta con la violencia y una negociación que los convocantes consideran inexistente.

La huelga indefinida de la enseñanza pública madrileña arrancó el 14 de octubre, convocada por una amplia alianza de sindicatos y plataformas. Entre ellos están Comisiones Obreras (CC OO), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Solidaridad Obrera y colectivos como Menos Lectivas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se sumó con un formato propio de paros. La protesta afecta a un sistema público que escolariza a más de 666.000 alumnos.

La segunda semana de paros dejó una imagen que resume el conflicto. El 19 de octubre, la Policía Nacional cargó contra unos 500 profesores que bloqueaban el acceso a un acto de Ayuso en el palacio de Santoña. La presidenta habló de «gente así de violenta», su consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, comparó la protesta con los disturbios de Francia y el Gobierno regional acusó a los huelguistas de tomar a los alumnos como rehenes. Detrás del ruido hay una tabla reivindicativa que apenas ha ocupado espacio en el discurso oficial.

1. Seis exigencias concretas

La huelga no responde a una consigna genérica. Los convocantes han planteado seis demandas precisas. La primera es reducir la carga lectiva a 17 horas semanales en secundaria y a 22 en infantil y primaria, frente a las 19 y 25 actuales. Le siguen la bajada de ratios con más personal especializado en atención a la diversidad, el freno a la segregación socioeconómica entre la red pública y la concertada, y una subida salarial de 600 euros mensuales. Completan la lista la reducción de la carga burocrática y la mejora de infraestructuras, con climatización de los centros y retirada del amianto.

El comité de huelga sostiene que muchas de estas medidas ya existen en otras comunidades, algunas gobernadas por el Partido Popular (PP) desde hace décadas, como Castilla y León. Si es así, el argumento de la radicalidad pierde buena parte de su fuerza. «Me parece increíble que no quiera dialogar», lamentaba Pilar, maestra de primaria, ante la Consejería de Educación. Otros docentes consultados por El País vinculan las ratios y la plantilla con algo tan básico como la calidad de la evaluación del alumnado. Zarzalejo, en cambio, calificó las reivindicaciones de insensatas e inasumibles.

2. La guerra de cifras

El seguimiento se ha convertido en otro frente. Según la Comunidad de Madrid, el primer día secundó la huelga el 44,6% del profesorado, porcentaje que fue cayendo hasta el 13,2% del 19 de octubre. Los sindicatos ofrecen una lectura opuesta. Situaron la participación en el 72% en la primera jornada y por encima del 50% en el arranque de la segunda semana. La distancia entre ambas series, de casi 37 puntos en el último recuento, impide cualquier lectura compartida del alcance real del paro.

La batalla numérica se extiende a la calle. La manifestación del 16 de octubre reunió a 35.000 personas según las autoridades y a 60.000 según los convocantes, de acuerdo con EFE. Para el Gobierno regional, la caída de su propio indicador demuestra que la protesta ha perdido el respaldo de las aulas. En su comunicado del 19 de octubre lamentó una radicalización que, a su juicio, ha dejado la huelga en manos de quienes quieren trasladarla a la calle. El razonamiento omite que cada jornada supone para los docentes una pérdida directa de salario, algo que puede explicar parte de las fluctuaciones diarias.

3. Una protesta que ha tomado la calle

El 19 de octubre condensó todas las formas de movilización. A primera hora, unas 200 personas cortaron la autovía A-3 a la altura de Moratalaz y colocaron pupitres y sillas sobre la calzada. La visita de Zarzalejo al instituto público de Formación Profesional (FP) Antonio Palacios, en Vallecas, fue anulada ante la pitada de cientos de manifestantes. Hacia el mediodía, unas 2.000 personas se concentraron ante la sede de la Consejería, en la calle de Alcalá, y desbordaron en minutos el dispositivo policial que intentaba contenerlas en un solo sentido de la vía.

El episodio más tenso llegó en el palacio de Santoña. Según El País, una docena de policías protegía el acceso cuando varias decenas de antidisturbios cargaron para desplazar a los profesores, que coreaban consignas contra Ayuso y su consejera. La presidenta salió a las 14.13 por el otro extremo de la calle, ya despejado, en su coche oficial. A las concentraciones acudieron también alumnos de bachillerato, que defendían la lucha de sus profesores como garantía de que todos puedan estudiar. Esa imagen casa mal con el relato oficial de los estudiantes convertidos en rehenes.

4. El discurso de la criminalización

Frente a las reivindicaciones, el Gobierno regional ha construido un marco de orden público. Ayuso aseguró que la educación de los hijos de todos está en manos de gente violenta y acusó a Pedro Sánchez de enviarle a los sindicatos. Zarzalejo fue más lejos tras los incidentes de Santoña. «No quieren paz en las calles, quieren París», escribió en redes sociales, en alusión a la violencia vivida esos días en Francia. Ya en la primera jornada había descrito el paro como político y electoralista, y había atribuido a los convocantes el único objetivo de «quemar las calles».

El comunicado oficial completó el cuadro al acusar a los huelguistas de tomar como rehenes a alumnos, familias, docentes y a toda la ciudadanía. La comparación con Francia y el lenguaje del secuestro cumplen la misma función. Ambos trasladan el debate desde las condiciones de trabajo del profesorado hacia un supuesto problema de seguridad. Esa operación permite al Ejecutivo madrileño eludir el contenido de la tabla reivindicativa y presentar cualquier crítica como parte de una ofensiva de la izquierda contra su Gobierno, sin entrar en horas lectivas, ratios ni salarios.

5. Una negociación que no llega

La queja que más se repite entre los huelguistas es la falta de diálogo. «No vamos a parar hasta que se siente a negociar», advirtió Julia, portavoz de las docentes que cortaron la A-3, que cifró en más de 40.000 los profesores que pararon la primera semana. La Consejería sostiene que las mejoras deben abordarse en los cauces de negociación existentes y que cumple el acuerdo sectorial vigente. Pero cuando convocó una mesa sobre la carrera profesional, CC OO se levantó al considerar que era un asunto ajeno a la huelga y una forma de simular una negociación inexistente.

El conflicto se cruza además con un calendario electoral que tensiona todos los discursos. Ayuso ha vinculado la huelga a una supuesta estrategia de Moncloa y ha advertido de que la presión acabará cuando pasen las elecciones. Los convocantes, por su parte, han anunciado que mantendrán las acciones mientras dure la huelga. Con un Gobierno que descalifica las demandas y unos docentes dispuestos a seguir perdiendo sueldo, el desenlace dependerá de que alguien se siente por fin a una mesa donde se hable de lo que el profesorado reclama.