El líder del PP firmó doce compromisos de cara al 29-N. El documento recicla propuestas conocidas, pero fija un marco nítido. Pone el acento en inmigración, identidad nacional, lengua y rebajas fiscales, con promesas de gasto sin explicar cómo se financiarán.
Alberto Núñez Feijóo eligió el Espacio Larra de Madrid para escenificar el arranque de su precampaña. Ante el comité de dirección del Partido Popular y decenas de cargos, firmó de su puño y letra un «Contrato con España» de doce puntos, un formato que ya utilizó en Galicia en 2009 antes de su primera mayoría absoluta. El documento no es un programa electoral. Como reconoce el propio partido, compila medidas ya esbozadas durante los últimos meses, a la espera de un programa detallado que todavía no se conoce. Feijóo lo presentó como una promesa personal de «decir la verdad siempre».
El acto se apoyó en cuatro principios, la verdad, la ley, el esfuerzo y la unidad, y en una idea de «reconstrucción nacional» frente a la «decadencia» que atribuye a Pedro Sánchez. Más allá de la retórica, el contrato y los actos de los días siguientes perfilan un giro claro hacia la derecha. El peso del documento está en la inmigración, la identidad y la lengua, y en una agenda económica que combina menos impuestos con más gasto. Ese mismo encuadre explica la propuesta de restringir el voto exterior y la búsqueda de un acuerdo con Vox en el Senado.
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Inmigración y nacionalidad, el núcleo duro
El bloque migratorio es el más extenso y el que más se aproxima al discurso de la ultraderecha. Feijóo promete una ley para prohibir las regularizaciones «colectivas» de inmigrantes, expulsar a quienes delincan y reformar la ley de extranjería «para que España no sea un coladero». En Barcelona calificó la crisis de Ceuta de finales de julio como una «invasión» y acusó a Sánchez de defender los intereses de Marruecos. El documento incluye además una cláusula de valores que exige a quien llegue respetar «a las mujeres, a los homosexuales y a la forma de vivir de nuestro país».
La segunda pata es la nacionalidad. El contrato promete reforzar los criterios de acceso y vincularla a la cultura, los valores y el legado español. En el acto, Feijóo insistió en que ser español no es un trámite administrativo. Un día después concretó parte de esa idea con su propuesta de separar pasaporte y derecho al voto para quienes no hayan residido en España. El resultado es una concepción restrictiva de la ciudadanía, que endurece la entrada de inmigrantes y, al mismo tiempo, rebaja los derechos de los españoles nacidos fuera.
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Lengua y escuela, la batalla cultural
El contrato garantiza «la enseñanza del castellano en toda España» y de las lenguas cooficiales en sus comunidades. La fórmula es deliberadamente ambigua, pero va acompañada de un compromiso para erradicar el «adoctrinamiento de las aulas» y de una escuela con contenidos «académicos y no ideológicos». En Cataluña, la lectura fue inmediata. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respondió desde el Palau que «la lengua catalana no se toca» y rechazó que se use como arma de confrontación.
El rechazo atravesó todo el arco catalán. El líder de ERC, Oriol Junqueras, acusó a Feijóo de querer «liquidar» la inmersión lingüística, y el PSC denunció que el anticatalanismo vuelve a ser recurso de campaña para la derecha. Junts reprochó al PP y a Vox que usen el modelo educativo como moneda de cambio. La paradoja es evidente. Feijóo necesita votos en Cataluña, donde perdió dos escaños clave en 2023, y a la vez reabre un conflicto lingüístico que moviliza en su contra a casi todas las fuerzas catalanas.
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Justicia e instituciones, una independencia selectiva
El segundo compromiso promete recuperar la calidad democrática y la separación de poderes. Su medida estrella es que «los jueces elijan a los jueces», lo que obligaría a cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo quiere además devolver la independencia a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional, donde acusa a Sánchez de colocar a ex altos cargos. Añade la obligación de convocar elecciones si el Gobierno encadena dos prórrogas presupuestarias.
El discurso choca con lo que el propio Feijóo dijo un día después. Admitió que busca una «fórmula» con Vox para alcanzar los tres quintos del Senado, la mayoría que decide cuatro magistrados del Constitucional y la mitad del Tribunal de Cuentas. La defensa de unos órganos independientes convive así con un plan para asegurar, junto a la ultraderecha, el control de sus nombramientos. El contrato habla de despolitizar la justicia, pero la estrategia parlamentaria apunta a repartir su llave con Vox.
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Impuestos, Estado «ligero» y servicios públicos
En el plano económico, Feijóo promete poner «fin al infierno fiscal que asfixia a las familias», revisar las más de cien subidas tributarias que atribuye a Sánchez y subir el salario medio mediante más productividad. El contrato incluye un Estado «más limpio y más ligero», con auditoría del gasto, recorte de ministerios, altos cargos y asesores, y vigilancia de las estructuras que considera superfluas. En Barcelona llegó a prometer que nadie pagará más impuestos de lo que necesite un Gobierno decente.
Las cuentas no aparecen por ninguna parte. El mismo documento garantiza pensiones actualizadas con el índice de precios de consumo (IPC), más médicos y mejores condiciones en la sanidad pública, y más medios para policías y guardias civiles. Feijóo no explica cómo se financiará ese aumento de gasto con menos ingresos. Tampoco despejó la polémica sobre las pensiones que arrastra el PP en esta precampaña y que intentó cerrar con eslóganes. La promesa fiscal funciona como reclamo electoral, mientras la viabilidad queda aplazada a un programa todavía inédito.
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Vivienda y ocupación, ladrillo y mano dura
Feijóo define la vivienda como el primer problema de España y promete construir al menos un millón de viviendas con «más suelo y menos burocracia», además de proteger la propiedad privada. No hay calendario, ni reparto entre vivienda pública y privada, ni financiación. La única concreción llegó por la vía penal. En el mitin de Barcelona encargó a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y cabeza de lista por esa provincia, una ley antiocupación. «Serás el ponente de la ley», le dijo, con la promesa de que los ocupas estén fuera en 48 horas.
Albiol fue más lejos y propuso que los ocupas españoles reincidentes vayan a prisión y los extranjeros sean expulsados a sus países de origen. Atribuyó a Cataluña el 40 % de las ocupaciones del país, una cifra que no acompañó de fuente. Admitió que las familias vulnerables necesitan apoyo de los servicios sociales, pero situó el problema en mafias y delincuencia. Junts reclamó la paternidad de una norma similar, con lo que la ocupación se convierte en bandera disputada en Cataluña. El enfoque deja fuera los alquileres, que son el núcleo de la crisis residencial.
