El Partido Popular y Vox participarán este sábado en Madrid en una manifestación por Ceuta cuyo manifiesto exige juzgar a Pedro Sánchez por traición, militarizar la ciudad autónoma y expulsar a Marruecos a «la totalidad de los invasores». El texto, promovido por Sociedad Civil Española, alimenta además la sospecha de un «pucherazo». Génova asegura que acude «por la causa y no por el escrito».
La manifestación convocada este sábado en Madrid en «defensa de España» llega acompañada de un documento que va mucho más allá de la crisis de Ceuta. El manifiesto de la llamada Marcha por la Dignidad, difundido por Sociedad Civil Española, reclama que Pedro Sánchez sea juzgado por traición y por atentar contra la seguridad del Estado. Pese a ello, dirigentes del Partido Popular (PP) y de Vox han confirmado su asistencia a una protesta convocada contra la «invasión de Ceuta y Melilla» que exige también elecciones anticipadas.
La marcha partirá a las diez de la mañana de Cibeles y recorrerá la calle de Alcalá, la Gran Vía y la calle de la Princesa hasta llegar a la Moncloa. Sociedad Civil Española asegura reunir en torno a 200 entidades, entre asociaciones, fundaciones, foros, partidos y sindicatos. La plataforma está impulsada, entre otras, por organizaciones que lideran Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos, y Alejo Vidal-Quadras, antiguo líder del PP en Cataluña y cofundador de Vox. El perfil de los promotores anticipa el tono del texto que el PP ha decidido acompañar en la calle.
Cuatro exigencias y un «pucherazo»
El manifiesto plantea cuatro exigencias. La primera es la convocatoria inmediata de elecciones generales. La segunda, la garantía de que esos comicios serán «limpios» y de que no habrá «adulteración del censo», en una referencia a la llamada ley de nietos, que facilitó la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados. El texto va más lejos y afirma que existe una «creciente sospecha» de que el Gobierno prepara un «pucherazo electoral». Es una acusación de fraude que siembra dudas sobre el proceso democrático antes incluso de que las elecciones se convoquen.
La tercera exigencia apunta directamente a Ceuta. El manifiesto pide aplicar el «instrumento legal procedente» para militarizar la ciudad y expulsar a Marruecos a «la totalidad de los invasores». La cuarta reclama activar sin dilación el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente. El diagnóstico que acompaña estas demandas es apocalíptico. España habría llegado a un «punto de no retorno» ante un desastre de «carácter existencial», que el texto atribuye a una «alianza tóxica» de separatistas, «herederos del terrorismo» y «extremistas de izquierda liberticidas».
La aritmética del artículo 102
La vía que reclama el manifiesto choca con la realidad parlamentaria. Activar el mecanismo exige que lo proponga al menos la cuarta parte del Congreso, es decir, 88 diputados, y que lo apruebe la mayoría absoluta de la Cámara, fijada en 176 escaños. Los 32 diputados de Vox no bastan ni siquiera para presentar la iniciativa. Por eso la formación de Santiago Abascal ha presionado al PP para que se sume a un debate que, sin los populares, no puede siquiera arrancar en el Congreso.
Génova ha desdeñado hasta ahora esa opción y ha recordado que requiere una mayoría absoluta de la que la derecha carece. Tampoco se ha pronunciado sobre la iniciativa de Vox, aunque sí se ha personado en la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional sobre la crisis de Ceuta. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo explican que confirmaron su presencia en la marcha «antes de conocer el manifiesto». Añaden que acuden «por la causa y no por el escrito», una distinción difícil de sostener cuando el escrito define la causa que se defenderá en la calle.
Mucho más que Ceuta
El documento desborda con claridad la crisis migratoria. Denuncia la concesión de permisos penitenciarios a presos de la banda terrorista ETA en el País Vasco, la «ruina económica», el deterioro de las infraestructuras y la «pésima» calidad de la educación pública. Habla de un «Gobierno infame» y de la pérdida de parte del territorio nacional, invadido por «un vecino hostil y agresivo». La suma de agravios compone un catálogo de oposición total al Ejecutivo, con Ceuta como detonante emocional.
El PP asume así un riesgo evidente. Compartir pancarta con Vox detrás de un texto que habla de «invasores» y de fraude electoral le obliga a explicar qué suscribe y qué rechaza. Hasta ahora, la única respuesta de Génova ha sido que desconocía el contenido cuando decidió acudir, sin desmarcarse de ninguna de sus exigencias.
La frontera entre la derecha y la ultraderecha vuelve a difuminarse en torno a la inmigración. El marco de la «invasión», propio del discurso de Vox, se ha instalado en una convocatoria que el PP respalda con su presencia. Y lo hace en la misma semana en que su presidente en Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha admitido que no todos los menores llegados a la ciudad podrán ser devueltos a Marruecos.
