El tribunal rechaza ampliar la suspensión del voto que pedían Vox y Iustitia Europa porque faltan menos de tres semanas para el 29-N. En una segunda resolución, sin embargo, endurece su posición sobre los 163.355 nacionalizados como descendientes del exilio y habla de un «riesgo serio y fundado» para el resultado electoral. El Gobierno considera que ese argumento favorece la estrategia de la ultraderecha.
Los 189.678 hijos de los españoles nacionalizados por la ley de nietos que residen en el extranjero podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó este lunes la petición de Vox y de la asociación Iustitia Europa, que reclamaban extenderles la suspensión cautelar del sufragio acordada en septiembre para sus padres. La Abogacía del Estado se había opuesto porque ampliar la medida a estas alturas pondría en riesgo los trámites legales del 29-N e incluso el escrutinio.
Los magistrados comparten ese diagnóstico. Recuerdan que la petición llegó con más de la mitad del periodo electoral consumido, a una semana del inicio de la campaña y a dos del depósito del voto en los consulados. Revisar ahora el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) resultaría contrario a «los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral». Exigiría además identificar a los afectados y permitirles presentar alegaciones, algo que el tribunal ve inviable en tan poco tiempo.
Una decisión precipitada por el calendario
La resolución no supone un respaldo a los derechos de este colectivo. El Supremo advierte de que, si se cuestiona la inscripción de los padres, «en pura lógica» habrá que hacerlo también con la de sus hijos. La denegación responde a la proximidad de las urnas, no a la solidez de su nacionalidad. Aceptar la petición provocaría, según los jueces, una «perturbación grave de los intereses generales». Los hijos obtuvieron la nacionalidad por otro apartado de la Ley de Memoria Democrática, que no estaba afectado por la suspensión de septiembre.
La decisión tampoco fue unánime. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero firmó un voto particular discrepante en el que sostiene que sus compañeros han dado demasiado peso a la cercanía de los comicios. Alicia Millán suscribió otro concurrente, de acuerdo con el resultado pero no con los argumentos. Iustitia Europa ya ha anunciado que recurrirá, al entender que el tribunal solo ha rechazado su pretensión por el proceso electoral en marcha.
La cifra que esgrime el tribunal
En paralelo, la Sección Cuarta dictó un segundo auto, con Antonio Narváez como ponente, que rechaza las alegaciones contra la suspensión de septiembre y mantiene vetado el voto de los nacionalizados como descendientes del exilio. El tribunal afirma advertir «de modo cada vez más intenso» indicios de «irregularidades de gran relevancia» en el CERA. Su argumento principal procede de los datos de la Abogacía del Estado: solo 901 de las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad por esta vía acreditaron que sus ascendientes se exiliaron.
El origen está en una instrucción del Ministerio de Justicia del 25 de octubre de 2022, que permitía prescindir de esa acreditación si la emigración se produjo entre el 18 de julio de 1936 y diciembre de 1955. La norma presumía el exilio ante la dificultad de conservar documentación de aquellos años. El Supremo considera que esa interpretación «no parece ajustarse» a la ley aprobada por las Cortes. Y destaca que en el Consulado General en Buenos Aires 17.775 personas obtuvieron la nacionalidad sin que ningún expediente incluyera prueba de exilio.
Un auto que alimenta la sospecha
El tribunal va más allá. Como los nuevos inscritos aparecen repartidos por las 52 circunscripciones, el auto aprecia un «riesgo serio y fundado» de que su participación afecte no solo a la limpieza del proceso, sino «al propio resultado de las elecciones». Se trata de una medida cautelar y el fondo sigue sin resolverse. Aun así, la formulación ofrece un argumento de enorme valor político a quienes cuestionan el voto exterior.
El Gobierno celebró la primera resolución como un «freno» a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas, aunque la Moncloa lamentó que no se aplicara el mismo razonamiento a los padres. Según el Ejecutivo, Vox e Iustitia Europa pretenden suprimir derechos fundamentales de forma masiva y «arrojar dudas sobre el resultado electoral» si la derecha no logra la mayoría que desea. Arcadi España, ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, acusó al PP y a Vox de copiar la estrategia de Donald Trump.
El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, lo resumió así: «si uno tiene la nacionalidad, tiene derecho a voto». En el otro extremo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusó al Gobierno de querer «adulterar de forma masiva el censo electoral» y llamó a estar «especialmente vigilantes». El eurodiputado Jorge Buxadé, coordinador jurídico de Vox, sostuvo en redes sociales que si los padres obtuvieron la nacionalidad con fraude, también la obtuvieron hijos, nietos y bisnietos.
El resultado es paradójico. A menos de tres semanas de las elecciones, casi 190.000 hijos podrán votar mientras 162.454 de sus padres seguirán sin hacerlo, a la espera de una decisión de fondo que el tribunal todavía no ha adoptado. La ley aprobada para reparar a los descendientes del exilio llega así al 29-N convertida en munición electoral.
