El presidente del Gobierno defendió en Huelva, al término de la cumbre bilateral con Portugal, la postura española frente al conflicto: rechazo a la intervención de EEUU e Israel, despliegue de la fragata Cristóbal Colón en apoyo a Chipre y apelación a las encuestas que muestran respaldo mayoritario de la ciudadanía española a la posición del Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó este viernes la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán de «extraordinario error» que España «va a pagar» y reafirmó que el conflicto es «de todas todas ilegal». Lo hizo en rueda de prensa en Palos de la Frontera, provincia de Huelva, al término de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, que compartió con el primer ministro luso, Luís Montenegro. La declaración llegó en un momento de máxima tensión diplomática con Washington, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara duros ataques contra España en los últimos días.
Sánchez no eludió la confrontación con su homólogo transatlántico, aunque buscó matices. «Tengo un enorme respeto por la presidencia de los Estados Unidos y una enorme admiración por la sociedad estadounidense», dijo. «A partir de ahí, la posición del Gobierno de España es clara: esta guerra está fuera de la legalidad internacional». El jefe del Ejecutivo subrayó que entre países aliados conviene señalar los errores y no solo celebrar los aciertos, y fue directo: «Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, es un extraordinario error que vamos a pagar».
Las consecuencias de ese error, advirtió Sánchez, ya son visibles. El precio del petróleo y del gas se ha disparado desde el inicio del conflicto, que arrancó con los ataques de EEUU e Israel contra Irán el pasado sábado 1 de marzo. El cierre del Estrecho de Ormuz —la vía marítima por la que transita alrededor de un quinto del comercio mundial de petróleo—, anunciado por Teherán como represalia, agravó las perspectivas energéticas globales. «Lo que pueda suceder en los bolsillos de la gente tiene que ver con una guerra que es ilegal y que va a traer mucha resaca», remarcó el presidente, que aseguró que el Gobierno trabaja en medidas de compensación.
La fragata y el Congreso
En ese contexto, Sánchez defendió el despliegue de la fragata Cristóbal Colón en aguas próximas a Chipre —junto al portaaviones francés Charles De Gaulle— para tareas de protección y rescate en favor de ese Estado miembro de la Unión Europea (UE). Chipre solicitó apoyo tras sufrir ataques con drones vinculados a la escalada regional del conflicto, que llegaron a impactar en la base aérea británica de Akrotiri, en la isla. «Con la misma determinación que decimos ‘no a la guerra de Irán’, somos solidarios y ayudamos a un Estado de la UE que es víctima de ese conflicto», afirmó el presidente.
El despliegue, sin embargo, ha abierto un frente doméstico. El Partido Popular (PP), principal formación de la oposición, exige que la decisión sea sometida a votación en el Congreso de los Diputados, la cámara baja del Parlamento español. Sánchez rechazó esa demanda argumentando que el envío está amparado por la Ley Orgánica de Defensa Nacional, aprobada por las Cortes Generales —las dos cámaras del Parlamento— en 2005. «Cumplimos con la legalidad internacional, la legalidad nacional y la solidaridad», zanjó el presidente, que a su vez retó al PP a aclarar públicamente «por qué apoyan la guerra en Irán».
El choque con Washington
La postura de Sánchez ha generado fricciones con la Administración Trump, que ha presionado a los aliados europeos para que respalden la operación. El magnate neoyorkino llegó a calificar a España de «perdedora» en declaraciones públicas. El presidente español optó por una respuesta medida: reconoció su «enorme respeto» hacia la presidencia norteamericana y su «enorme admiración» por la sociedad estadounidense, pero subrayó que la alianza incluye el derecho a señalar los errores. Montenegro, por su parte, respaldó la posición de EEUU en el conflicto, aunque rechazó las amenazas de Trump contra España.
La posición española, precisó Sánchez, es coherente con la que ha mantenido el Ejecutivo en otros conflictos internacionales. España apoya a Ucrania frente a la invasión rusa porque, a su juicio, hay una violación de la legalidad internacional por parte de Moscú. En el mismo sentido, el Gobierno defiende la causa palestina ante lo que califica de vulneración flagrante del derecho internacional en Gaza. «La disyuntiva no es si estamos a favor del régimen de Irán o no. La disyuntiva es si estamos del lado de la legalidad internacional y de los derechos humanos», argumentó el presidente.
El respaldo de las encuestas
Sánchez apeló a la opinión pública para reforzar su postura ante las críticas, tanto de la derecha como de algunos socios de Gobierno. Varias encuestas publicadas este viernes muestran que 2 de cada 3 españoles rechazan la intervención militar de EEUU e Israel, y que el 57% respalda la decisión de no dar apoyo militar a Washington. «El Gobierno de España no solo está del lado de la legalidad internacional, sino también de una mayoría de españoles», afirmó, respondiendo al PP, a Vox y a las reservas del Partido Nacionalista Vasco (PNV), socio parlamentario del Ejecutivo.
El presidente anunció que comparecerá ante el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Oriente Medio, aunque la sesión no podrá celebrarse antes de las elecciones autonómicas de Castilla y León de este fin de semana. Sánchez aprovechó para recordar el precedente de la guerra de Irak, en 2003, cuando el entonces presidente José María Aznar comprometió a España en ese conflicto —también cuestionado por la comunidad internacional— sin comparecer ante la cámara hasta diez meses después de iniciadas las hostilidades. «Yo hoy he pedido comparecer», subrayó, insinuando un contraste deliberado con aquella actuación.
