El Gobierno español invoca su soberanía sobre las instalaciones militares compartidas con Washington para impedir que sean utilizadas en la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás, distanciándose de Francia, Alemania y Reino Unido, que han abierto la puerta a unirse a la operación
El Gobierno de Pedro Sánchez vetó este lunes el uso de las bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) por parte de Estados Unidos para apoyar la operación militar contra Irán, conocida como Operación Furia Épica, lanzada el pasado sábado 28 de febrero de forma conjunta por Washington e Israel. La negativa, comunicada públicamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, convierte a España en el primer país de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en denegar explícitamente apoyo logístico a la ofensiva, en una decisión que tensiona la relación transatlántica y genera una fractura visible en el seno de la alianza occidental.
Albares fue tajante en sus declaraciones a los medios: «No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas». El ministro subrayó además que, si bien se trata de instalaciones de uso conjunto hispano-estadounidense, «son bases de soberanía española» y que, por tanto, «España tiene la última palabra sobre su uso». La ministra Robles negó «rotundamente» que se haya prestado desde esas bases «ningún tipo de asistencia» a los ataques que se están desarrollando en Oriente Próximo.
El Convenio de Cooperación para la Defensa, clave jurídica
El fundamento legal de la negativa española reside en el Convenio de Cooperación para la Defensa suscrito entre Madrid y Washington, que establece que cualquier utilización de las bases de Morón y Rota para operaciones que excedan los términos acordados requiere autorización expresa del Gobierno español. Esta condición se extiende también a las misiones de tránsito y reabastecimiento de aeronaves: los vuelos deben ajustarse a los fines previstos en el convenio y contar con el visto bueno de las autoridades españolas para llevarse a cabo.
Robles precisó el fundamento de esa denegación: «Ese convenio tiene que actuar en el marco de una legalidad internacional, de que haya un amparo internacional del ámbito que sea para que se puedan realizar esas actuaciones». En ese sentido, la ministra señaló que las operaciones militares de Israel y Estados Unidos se están desarrollando «unilateralmente, sin un apoyo de una resolución internacional», lo que, en su criterio, hace que el tratado no resulte de aplicación. El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, cercano a la Administración Trump, respondió desde las redes sociales calificando al Gobierno español de «liderazgo europeo patéticamente débil que ha perdido su brújula moral».
La retirada de los aviones cisterna estadounidenses
Como consecuencia directa de la negativa española, el Pentágono procedió a retirar al menos quince aviones cisterna KC-135 —aeronaves especializadas en el reabastecimiento en vuelo de cazas y bombarderos— que se encontraban desplegados en ambas bases andaluzas. Los aparatos fueron trasladados a otras bases europeas desde las que operar sin las restricciones impuestas por Madrid. Robles confirmó el movimiento y lo justificó con pragmatismo: «Han salido porque no iban a realizar ninguna actuación». La ministra añadió que «el Ejército de Estados Unidos decide lo que hace con los aviones cisterna», y que la decisión de su reubicación correspondió al propio Pentágono ante la imposibilidad de emplearlos desde suelo español.
La retirada de los aviones fue avanzada inicialmente por el diario El Independiente y posteriormente confirmada por el propio Ministerio de Defensa. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, reforzó el mensaje del Ejecutivo: «En todo lo que dependa de la decisión de la soberanía de España, nosotros no participaremos en ninguna acción militar». La posición española se articula, por tanto, no como un rechazo a la alianza con Washington, sino como la defensa de un principio de legalidad internacional que el Gobierno considera vulnerado por la ofensiva contra Irán.
España frente a sus socios europeos
La decisión de Madrid contrasta de forma llamativa con la postura adoptada por los tres grandes de Europa occidental. Francia, el Reino Unido y Alemania emitieron una declaración conjunta en la que condenan los ataques «indiscriminados y desproporcionados» con misiles lanzados por Irán contra países de la región, y abrieron la puerta a participar en acciones destinadas a proteger sus intereses y los de sus aliados. Albares esquivó la comparación directa: «Cada país toma sus decisiones en política exterior». Sin embargo, el ministro sí trazó una línea clara respecto al papel que España considera que debe desempeñar la Unión Europea: «La voz de Europa tiene que ser en estos momentos de equilibrio y de moderación, de trabajar para la desescalada y para que se regrese a la diplomacia y a las mesas de negociación».
Esta divergencia con París, Londres y Berlín coloca a España en una posición singular dentro de la alianza atlántica, alineada con una lectura del derecho internacional que prioriza la cobertura de Naciones Unidas sobre la acción conjunta con aliados. El aislamiento relativo de Madrid generó presiones tanto externas —desde Washington y los socios europeos favorables a la intervención— como internas, desde la oposición conservadora.
La advertencia iraní y la respuesta diplomática
En paralelo a la gestión de las bases, Albares convocó al embajador de Irán en España, Reza Zabib, para trasladarle la «condena» del Gobierno español a los ataques «injustificados» llevados a cabo por el régimen iraní contra países de Oriente Próximo y contra Chipre, donde se habían registrado impactos en una base militar británica. Durante la convocatoria, el ministro exigió que cesaran «inmediatamente» los ataques y recordó al representante iraní que la escalada «pone en peligro» a los aproximadamente 30.000 españoles presentes en la región.
La respuesta de Zabib no fue tranquilizadora. El embajador iraní advirtió que «la regla general para nosotros es que responderemos a cualquier agresión, sin importar dónde sea», y que cualquier localización empleada en la «agresión» contra Irán sería considerada un «objetivo legítimo». No mencionó expresamente las bases de Morón y Rota. Sin embargo, matizó que Teherán valora «las reacciones del Gobierno español contra la agresión», en alusión al rechazo de Sánchez a la operación. España aguarda la evolución del conflicto en un equilibrio delicado: firme en su negativa a participar militarmente, pero consciente de la vulnerabilidad de miles de sus ciudadanos atrapados en la región y del coste diplomático que implica distanciarse de sus principales aliados.
