El Gobierno de Sánchez afronta dos frentes diplomáticos simultáneos. El rechazo a la guerra de Irán genera fricciones con Washington y tensiones en la OTAN. La condena de la ley israelí de pena de muerte para palestinos en Cisjordania provoca la acusación de Tel Aviv de que el presidente incita el odio. El Ejecutivo mantiene en ambos casos firmeza con tono deliberadamente contenido.
El Gobierno de Pedro Sánchez completó un mes desde el inicio de la guerra de Irán con la gestión simultánea de dos frentes diplomáticos de distinto signo. Frente a Washington, el Ejecutivo mantiene una política de fricción calculada: rechazo a la guerra sin ruptura de la relación bilateral. Frente a Israel, el discurso se ha ido endureciendo de manera progresiva. La última expresión de esa tendencia llegó este martes, cuando el presidente calificó de «apartheid» la ley israelí que autoriza la pena de muerte para palestinos en la Cisjordania ocupada.
La estrategia con Washington descansa en un mensaje que Sánchez trasladó esta semana en una entrevista al diario estadounidense The Wall Street Journal. «Los buenos aliados son como los buenos amigos. Nos decimos la verdad pase lo que pase», afirmó, añadiendo que entre ambos países existe un «desacuerdo temporal» pero que la relación bilateral «está más estrecha que nunca». Desde La Moncloa se evita responder a cada declaración de la Administración Trump y se reitera la lealtad de España como socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con más de 3.500 militares desplegados en el Este de Europa.
La gestión del pulso con Washington
España no es el único aliado que ha restringido el uso de sus instalaciones militares para operaciones relacionadas con el conflicto. Este martes se confirmó que Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, había adoptado una medida equivalente, y Trump acusó a Francia de impedir el sobrevuelo de aviones militares estadounidenses con rumbo a Israel. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó en Radio Euskadi que «la solidaridad de España con sus aliados está fuera de toda duda», y recordó que el país es «un aliado indispensable» de la Alianza Atlántica.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, descartó ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y el Senado que Estados Unidos retire sus efectivos de las bases de Rota, en Cádiz, y Morón de la Frontera, en Sevilla. «Es un escenario que no contemplamos», afirmó. La declaración llegó horas después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sugiriera que su país debería «revisar» la relación con la OTAN tras la negativa de España y otros aliados a facilitar operaciones vinculadas a la guerra. El 3 de marzo, el presidente Trump había calificado a España de «socio terrible».
La condena de la ley de pena de muerte
El nuevo detonante de la tensión con Israel fue la aprobación por el Parlamento israelí, la Knesset, de una ley que autoriza la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos en la Cisjordania ocupada condenados por terrorismo, con aplicación explícitamente asimétrica: el texto excluye de esa pena a los israelíes que cometan delitos equivalentes. Sánchez la condenó en términos directos en la red social X. «Eso no es justicia, es un paso más hacia el apartheid», publicó el presidente, añadiendo que «el mundo no puede callar».
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ratificó el posicionamiento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Vamos a estar siempre ahí en coherencia con estas decisiones», afirmó, en referencia a lo que el Ejecutivo describe como una «deriva radical» del Gobierno de Benjamín Netanyahu. La ley se suma al bloqueo de la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén, que el Gobierno israelí impidió sin explicaciones. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Palestina advirtió de que la nueva norma «afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial».
Las réplicas desde Tel Aviv y Washington
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, replicó publicando en la misma red social que Sánchez «nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel». La tensión entre Madrid y Tel Aviv tiene una trayectoria que precede a los episodios de esta semana. España reconoció el Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024, marcando el paso a otros países europeos, y el propio Sánchez ha respaldado los procesos abiertos en la Corte Penal Internacional (CPI) contra responsables del conflicto en Gaza. El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, calificó el incidente del Domingo de Ramos de «manifiestamente irrazonable y desproporcionado».
La coincidencia de los dos frentes sitúa a España en la posición más definida del espectro europeo ante el conflicto en Oriente Medio, a distancia visible de socios como Francia o Alemania, que han mantenido actitudes más matizadas. Para el Gobierno de Sánchez, las dos líneas responden a la misma lógica de defensa del Derecho internacional como principio no negociable, con independencia de la presión diplomática que ello genere desde Washington o Jerusalén. El ciclo de declaraciones cruzadas no ha producido todavía consecuencias tangibles, pero la acumulación de fricciones configura el marco diplomático más tenso para España desde el inicio de la legislatura.
