El presidente anuncia desde Ourense el refuerzo militar inmediato y plantea para septiembre un acuerdo nacional que sitúe la crisis climática «fuera de la lucha partidista». La iniciativa surge mientras España enfrenta la ola de incendios más devastadora del siglo, con más de 115.000 hectáreas calcinadas y miles de evacuados. Sánchez advierte que los efectos del cambio climático son «cada vez más acelerados y graves», y exige la coordinación de administraciones, partidos, sindicatos y sociedad civil para crear capacidades preventivas estructurales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la crisis de incendios más grave del siglo con una doble estrategia: refuerzo militar inmediato y propuesta de pacto nacional a medio plazo. Durante su visita al Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, Sánchez anunció el despliegue de 500 efectivos adicionales del Ejército de Tierra y propuso la creación de un «gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática» que comenzará a perfilarse en septiembre.
La medida de consagrar más efectivos militares responde a las peticiones insistentes de los presidentes autonómicos del PP, especialmente del gallego Alfonso Rueda, que había solicitado 200 militares para Galicia. «Hoy mismo la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha dado el visto bueno a que haya 500 efectivos más del Ejército de Tierra que se van a desplegar en los distintos incendios del territorio», confirmó Sánchez tras reunirse con Rueda y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una comparecencia que se vio interrumpida por el desmayo de una periodista debido al intenso calor.
Pacto nacional que trascienda lo partidista
La propuesta de pacto de Estado constituye la respuesta estructural de Sánchez a una crisis que considera sintomática del cambio climático. «Los efectos de la emergencia climática son cada vez más acelerados, graves y asiduos», argumentó el presidente, quien enmarcó los incendios actuales en el mismo contexto que las DANA de otoño e invierno. El objetivo del pacto es «anticipar una mejor respuesta, más garantista y segura» ante fenómenos que considera inevitables.
«Esto interpela a todas las administraciones públicas pero también a los grupos parlamentarios, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa, a los sindicatos. En definitiva, al conjunto del país», detalló Sánchez, quien busca crear un consenso que sitúe la emergencia climática «fuera de la lucha partidista, fuera de las cuestiones ideológicas». La referencia velada a formaciones como Vox, que niegan el origen antropogénico del cambio climático, evidencia la intención del Gobierno de aislar las posiciones negacionistas.
El acuerdo pretende desarrollar capacidades tanto de respuesta como de prevención que vayan más allá de los operativos de extinción. Mediante este pacto, explicó Sánchez, se podrá ofrecer a los servidores públicos «todas las capacidades, no solamente cuando se produce un incendio, sino antes para que puedan responder de manera mucho más eficaz y con muchísimas más garantías». El Gobierno comenzará a trabajar las bases del pacto para presentarlas en septiembre, cuando tradicionalmente finaliza la campaña más intensa de incendios.
Coordinación institucional sobre el terreno
La visita de Sánchez a Ourense, seis días después de declararse la situación 2 de emergencia en la provincia, evidenció las tensiones de la coordinación institucional. Rueda agradeció la presencia presidencial pero recordó que «era importante que vieran ese apoyo», en lo que sonó como un reproche por la tardanza. El presidente gallego insistió en la «movilización de las Fuerzas Armadas» para tareas de apoyo logístico, como apertura de cortafuegos con maquinaria pesada, sin participación directa en extinción.
Ambos presidentes coincidieron en priorizar «apagar los incendios y garantizar la seguridad de las personas», perseguir la impunidad de quienes provocan fuegos y facilitar ayudas de reconstrucción. Sánchez fue categórico sobre este último punto: «Aquellas personas que hayan sido las encargadas de hacer y de provocar estos incendios tienen que rendir cuentas ante la Justicia». La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido desde junio a 27 personas como presuntos autores de incendios forestales, mientras que otras 83 están siendo investigadas.
Críticas del PP
La propuesta de Sánchez se produce en un contexto de fuerte presión política. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó que el Gobierno «tenga que dejar de llegar tarde siempre» y reclamó la activación inmediata del Mecanismo Europeo de Protección Civil. «Hace días que pedimos activar el Mecanismo europeo de Protección Civil para más recursos aéreos y el despliegue de efectivos y maquinaria del Ejército», reprochó Feijóo a través de la red social X.
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, elevó el tono de las críticas al denunciar que el fuego de Jarilla está «desbocado» pero «el Gobierno nos dice que no tiene capacidad para enviar los medios que hemos solicitado». Estas declaraciones evidencian las limitaciones del dispositivo estatal, que según datos del propio Ministerio de Transición Ecológica mantiene los mismos 56 medios aéreos desde 2016, pese al incremento presupuestario del 29% anunciado para 2025.
La propuesta de pacto de Estado no carece de precedentes en la política española. Gobiernos anteriores lograron acuerdos transversales en materias como la violencia de género o la lucha antiterrorista, aunque el consenso sobre cambio climático presenta desafíos específicos. La polarización política en torno a este tema, alimentada por posiciones negacionistas, complica la construcción de mayorías amplias necesarias para políticas de largo plazo.
El contexto internacional tampoco favorece el consenso. El ascenso de formaciones ultraderechistas que niegan la crisis climática en Europa y América, junto con el discurso de «ideologización» del cambio climático, genera resistencias que Sánchez pretende neutralizar apelando a la «evidencia científica». Sin embargo, los datos del propio Ministerio de Transición Ecológica contradicen parcialmente el discurso oficial: el 87% de los incendios forestales en España tienen causas humanas, mientras que solo el 4,92% se deben a fenómenos naturales como los rayos.
La credibilidad de la propuesta enfrenta el contraste con las cifras presupuestarias. Aunque el Gobierno anuncia un incremento del 29% en extinción de incendios para 2025, alcanzando 109,3 millones de euros, la inversión en el plan nacional de prevención ha caído un 45% desde 2018, pasando de 225 millones a 115,8 millones actuales. Esta reducción en prevención mientras se incrementa extinción refleja una estrategia reactiva que el propio pacto pretende corregir.
La crisis actual, con más de 115.000 hectáreas calcinadas en una semana, triplica la superficie quemada durante todo 2024 y sitúa a agosto de 2025 como uno de los meses más devastadores de la historia reciente. Esta magnitud sin precedentes otorga urgencia a la propuesta de Sánchez, pero también evidencia las limitaciones estructurales del modelo actual de respuesta a emergencias climáticas que el pacto de Estado pretende superar.
