Cuando un mandatario, cualquiera que sea, decide pasar por encima de las libertades fundamentales consagradas constitucionalmente y está convencido de que su poder es absoluto y, por tanto, puede imponer sus ideas por la vía de la coacción, amparándose en el uso de la fuerza y en el ejercicio de la violencia, para alcanzar el orden deseado o para establecer un nuevo orden, también elije sacrificar el contrato social y, entonces, el sistema político adquiere una nueva definición. Es ahí cuando el tipo de régimen pasa a llamarse de otra manera.
“Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”, lo dijo uno de los próceres de la independencia y segundo presidente de la historia republicana de la Nueva Granada, entre 1832 y 1837, el General Francisco de Paula Santander. Esa es una sentencia potente y debió serlo mucho más en aquel tiempo. Entre otras cosas, el fondo de esta afirmación plantea las diferencias de pensamiento y las razones de división entre Simón Bolívar y Santander. Por otra parte, el escudo de la bandera de Colombia lleva inscritos dos conceptos fundamentales: libertad y orden. Todo eso es historia patria, como solían decir en la escuela primaria.
Todos estos conceptos e ideas moldean el pensamiento, desde los primeros años de vida, inciden en la formación de ciudadanía y garantizan el civismo y el comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública y con las instituciones e intereses del país de origen o del país de acogida.
Libertad y orden a veces están contrapuestos, usualmente experimentan tensión y es que no es fácil mantener el equilibrio entre ambos, pero se necesitan para garantizar el ejercicio de ciudadanía, evitar el caos y la anarquía, asegurar la vida en democracia, establecer límites al poder y reducir las arbitrariedades desde el poder. Ocurre también que esa concesión y cesión de algún grado de libertad, de los ciudadanos al Estado, a cambio de seguridad, muchas veces no está plenamente garantizada por los gobernantes. Y es entonces cuando los ciudadanos se ven empujados a buscar nuevos destinos, tierras con más libertad o con mayores garantías.
En el caso de Colombia han sido varios los factores y las condiciones del país que han propiciado la emigración (miedo, violencia, inseguridad, pobreza, miseria). Durante décadas, miles de colombianos han visto con interés y admiración la evolución de la nación americana, la importancia de sus instituciones, el clima de seguridad, el funcionamiento de su sistema político, así como su extraordinario progreso material y su desarrollo económico, científico y tecnológico. Las ideas de libertad y orden allí han funcionado más y/o mejor.
Pero el beneficio aquí ha sido mutuo. Millones de inmigrantes se han beneficiado de un país que funciona y en el que pueden cumplir sus aspiraciones y sueños, donde por mucho tiempo, la sensación era que el cielo es el límite o que se podría lograr todo aquello que se desease porque finalmente era ese Estados Unidos donde todo es posible. Por su parte, el país ha crecido gracias a la fuerza de trabajo, talento y creatividad de millones de inmigrantes.
Por todo ello es posible compartir o comprender ese sentimiento de pesar e incluso de angustia que experimentan ciudadanos nativos o inmigrantes arraigados en Estados Unidos que ya son ciudadanos y que dicen off the record: “desconozco mi país”.
Jorge Ortega, colombiano de origen y ciudadano estadounidense, quien lleva más de cinco décadas allí, arraigado en Chicago, explicaba hace unos días que nunca experimentó lo que hoy se está viviendo en su ciudad con la ofensiva migratoria de la administración federal. “Sentimos que Chicago está bajo de amenaza de guerra, estamos en guerra con nuestro propio país. No entiendo por qué está pasando esto”, le dijo Ortega a CNN.
El colombiano fundó el Gran Festival Colombiano, este es un evento que ha sido parte de la cartelera cultural de Chicago desde hace 11 años. La edición de este año se llevó a cabo entre el 18 y el 20 de julio. La asistencia, sin embargo, fue mucho menor que los otros años. De hecho, la mitad de los vendedores no fueron este año. Pero, incluso así, hubo más de 6.500 asistentes que agotaron todos los productos. “Celebramos nuestra independencia, seguimos adelante, presentamos nuestra cultura. Y al final, ganamos. (…) Creo que vencimos el miedo”. Ortega plantea un tema fundamental: “si uno vive con miedo, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Me voy a quedar encerrado en casa sin hacer nada? Eso no es vida”.
Él planea seguir adelante con su festival y celebrarlo el próximo año como de costumbre. Es un ciudadano, él no tiene temor, no está en situación irregular, pero sí observa como los trabajadores, vendedores y asistentes del festival se marginaron este año por temor y esta misma lógica está siendo operativa en la ciudad con todas las comunidades de inmigrantes. Ortega no es alarmista, hay fundadas razones para expresar el malestar y la preocupación de la comunidad latina: “Se ve mucho la presencia de ICE en todos los lados, en todos los barrios latinos”.
Las calles y los negocios latinos están teniendo poca afluencia y, a veces, están vacíos, cuando hasta hace poco sucedía todo lo contrario. Vendedores y compradores, oferta y demanda, están siendo afectados severamente por un presidente empresario que pareciera haber olvidado cómo funcionan los negocios.
Efectivamente, el miedo, la zozobra y la desconfianza se han instalado en la comunidad latina y no son infundados cuando las redadas y detenciones, aunque los responsables digan lo contrario, responden a ciertos perfiles, como si ser latino fuese sinónimo de criminal, narcotraficante o delincuente. Ahora bien, según las autoridades, no es la raza o la etnia una razón para ser detenido, pero mostrar pánico o expresar miedo sí es un motivo para sospechar y detener.
Las detenciones masivas que hoy están teniendo lugar exceden los procedimientos y desafían las leyes, hay niños que han quedado en medio de los operativos de las fuerzas del orden y que han sido separados de sus padres y entregados a servicios sociales, situaciones incluso violentas con agentes que rompen ventanas de autos o que han atacado tiendas, por ejemplo locales de Home Depot, disparado sustancias químicas irritantes contra manifestantes y periodistas, derribado a empujones a quienes se oponen a su presencia y usado o empleado tácticas poco ortodoxas en sus redadas. Ha habido heridos, también políticos detenidos. Tensiones políticas y sociales en plena efervescencia.
Estas formas asumidas por las fuerzas del orden no pueden convertirse en expresiones social y políticamente aceptadas en el país democrático más poderoso del mundo. Con esa forma de proceder, ¿Cómo pretenden los agentes que los ciudadanos no expresen miedo o muestren pánico incluso si no son indocumentados?
Otra cuestión que genera inquietud es si los agentes emplazados por el gobierno federal están actuando por encima de la ley. Ellos dicen que en realidad están “aplicando la ley”, pero su arrogancia desde el poder, porque se saben amparados en las órdenes y directivas presidenciales, les permite desafiar tanto a las autoridades locales y estatales democráticamente electas como a los mecanismos legales y jurídicos con los que se pone freno al poder desmedido y a la arbitrariedad ejercida desde el poder.
Cuando un mandatario elige pasar por encima de todo y de todos y ampararse en las fuerzas del orden, en su capacidad de coacción y en el uso de la violencia, para imponer el orden, por encima de las libertades fundamentales consagradas constitucionalmente, se sacrifica el contrato social, el sistema político adquiere una nueva definición y el régimen pasa a llamarse de otra manera.
