La ola de incendios forestales que azota España ha desnudado por enésima vez la hipocresía estructural del Partido Popular (PP). Mientras las llamas consumen decenas de miles de hectáreas, Alberto Núñez Feijóo y sus barones autonómicos despliegan su arsenal retórico habitual, que consiste en culpar al Gobierno central de todos los males, demandar más recursos públicos y presentarse como víctimas de una supuesta dejadez estatal. Sin embargo, tales asertos no se compadecen con un análisis que arroja luz sobre una demoledora realidad. Porque los principales responsables de la precariedad del dispositivo antiincendios español son precisamente quienes ahora gritan pidiendo auxilio. La estrategia es tan cínica como efectiva: privatizar, recortar y precarizar los servicios públicos durante años, para después responsabilizar al adversario político cuando las consecuencias de sus decisiones se hacen evidentes. Esta táctica de culpar sistemáticamente al oponente por problemas autoinfligidos constituye uno de los pilares fundamentales del «populismo irresponsable», tal y como sostiene Steven Levitsky en su obra Competitive Authoritarianism (Cambridge University Press, 2010).
La gestión forestal del PP se caracteriza por una contradicción flagrante entre discurso y realidad. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, el presupuesto estatal destinado en 2025 a la extinción de incendios forestales ha experimentado un incremento del 29% respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 109,3 millones de euros, mientras el dispositivo estatal cuenta con 56 aeronaves frente a las 47 del año anterior. Pese a estas cifras objetivas, la vicesecretaria del PP Carmen Fúnez no dudó en difundir información deliberadamente sesgada, afirmando que disponían de «cinco aeronaves menos» basándose únicamente en un contrato parcial. La manipulación informativa también forma parte de la estrategia de desgaste del partido de Feijóo contra el ejecutivo de Sánchez. Simultáneamente, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han implementado políticas sistemáticas de privatización y precarización laboral. En Galicia, la Xunta de Alfonso Rueda se ha visto obligada a lanzar convocatorias urgentes para cubrir 117 plazas vacantes en pleno agosto, evidenciando una deficiente planificación que llevaba décadas gestándose bajo sucesivos gobiernos populares.
La privatización de los servicios antiincendios constituye quizás el ejemplo más paradigmático del fingimiento popular. En Galicia, desde 2006 el PP ha externalizado progresivamente el dispositivo de lucha contra fuegos, entregando contratos multimillonarios a empresas como Matinsa (filial de FCC), Afocelca y Tragsa, mientras precarizaba las condiciones laborales de los trabajadores. En Madrid, los bomberos forestales perciben salarios de apenas 1.300 euros mensuales tras más de una década sin actualización salarial, y el 40% de la plantilla trabaja únicamente durante los cuatro meses estivales. La externalización de servicios permite a los gobiernos conservadores transferir responsabilidades al sector privado manteniendo el control político, pero eludiendo las consecuencias directas de una gestión deficiente. En Castilla y León, mientras Alfonso Fernández Mañueco exige más recursos estatales, su gobierno ha rechazado sistemáticamente propuestas de la oposición para profesionalizar los cuerpos de bomberos, calificando tales medidas de «despilfarro económico». En Extremadura, María Guardiola denuncia que «el Gobierno no tiene capacidad para enviar los medios solicitados», omitiendo que su ejecutivo autonómico ha aplicado recortes sistemáticos en prevención durante años. Esta contradicción ilustra perfectamente la lógica popular: reclamar inversión pública cuando la emergencia es evidente, pero oponerse a ella cuando requiere planificación y gasto estructural.
Las consecuencias de esta gestión irresponsable se materializan trágicamente durante los periodos de crisis. Los testimonios de bomberos forestales dan cuenta de brigadas que inician su trabajo con dos o tres efectivos cuando deberían contar con siete, turnos maratonianos sin descansos adecuados y equipamientos insuficientes para hacer frente a incendios cada vez más virulentos. En palabras de un veterano agente ambiental gallego recogidas por quien suscribe estas líneas, «el plan contra incendios de Galicia recoge más de 7.000 personas en el dispositivo, pero es mentira». Esta realidad contrasta dramáticamente con las declaraciones grandilocuentes de Feijóo sobre «crisis nacional» y la necesidad de desplegar «maquinaria pesada» del Ejército. La retórica belicista busca ocultar que el problema no reside en la falta de medios estatales, sino en la degradación sistemática de los servicios ordinarios de prevención y extinción que son competencia de las comunidades autónomas dirigidas por los barones del PP. Se trata de dirigentes irresponsables que reclaman medidas excepcionales para atajar situaciones de crisis que ellos mismos han generado a través de políticas sostenidas de austeridad y privatización.
La politización de las tragedias ambientales es un síntoma más de la degradación democrática que sufre España. Mientras bomberos y voluntarios arriesgan sus vidas para proteger comunidades enteras, los dirigentes populares utilizan cada incendio como oportunidad para desgastar al adversario político, sin importar el coste en vidas humanas o los daños ambientales. Esta instrumentalización del sufrimiento ciudadano responde a lo que el politólogo Jan-Werner Müller «política performativa», entendida como espectáculo diseñado para generar adhesión emocional sin abordar las auténticas causas profundas de los problemas. La estrategia resulta particularmente perversa porque convierte a las víctimas en rehenes de una disputa partidista, al tiempo que los responsables de la precariedad del sistema se presentan como salvadores. Cuando Feijóo critica las «chanzas y groserías» del ministro Óscar Puente por señalar que dirigentes populares estaban de vacaciones durante los incendios, omite convenientemente que ese mismo patrón de ausencia institucional caracteriza la gestión popular: recortar recursos durante años y arremeter mediáticamente cuando la emergencia exige una intervención estatal excepcional.
La experiencia europea demuestra que la prevención eficaz de incendios forestales requiere inversión sostenida, planificación a largo plazo y profesionalización de los servicios. Francia destina anualmente el doble de recursos per cápita que España a la gestión forestal preventiva, mientras Portugal ha reducido drásticamente la superficie quemada a través de la implementación de programas integrales de ordenación territorial. El patrón se repite en Andalucía, donde el gobierno de Juanma Moreno exige constantemente más medios estatales, pero mantiene contratos precarios que obligan a los bomberos forestales a trabajar apenas cuatro meses al año. El modelo del PP español prioriza el espectáculo mediático sobre la gestión técnica rigurosa, reproduciendo un ciclo perverso donde cada verano se repiten las mismas emergencias previsibles. La hipocresía de Feijóo y los suyos no constituye un fenómeno aislado sino la manifestación de una estrategia política consciente que subordina el interés general a la rentabilidad electoral. Hasta que la ciudadanía no exija responsabilidades políticas reales por la gestión deficiente, España continuará ardiendo cada verano mientras los auténticos culpables se nos presentan como bomberos.
