El candidato de Vox defiende deportaciones masivas, el despliegue del Ejército en las fronteras y una auditoría de las ayudas sociales para retirarlas a migrantes. En una entrevista con El Periódico, califica de «secuestro» la acogida de menores e invoca el 155 contra un supuesto «califato islámico» en Cataluña. También anticipa que Pedro Sánchez podría recurrir a «cualquier trampa» para alterar el resultado electoral.
A tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, Santiago Abascal ha dejado claro cuál será el eje de su campaña. En una entrevista publicada este domingo por El Periódico, el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno presenta la «invasión migratoria» como el problema del que dependen casi todos los demás. Según él, afecta a la sanidad pública, a la educación, a la seguridad en las calles, a las ayudas sociales y al mercado de la vivienda. Por eso la llama «la política esencial» de su partido y evita hablar de los ministerios que reclamaría en un Gobierno de coalición.
Su primera receta es la expulsión. Abascal quiere que la policía, las Fuerzas de Seguridad y la Administración estén «dedicadas» a expulsar a quien esté en situación irregular y a deportar a los delincuentes. Propone que estos cumplan condena en cárceles de sus países de origen cuando haya convenios y, si no los hay, «crearlas». Añade una auditoría completa de las ayudas sociales para retirarlas a personas que, en su opinión, vinieron a trabajar y viven de subsidios. Completa el plan con nuevas infraestructuras en Ceuta y Melilla y con el uso del Ejército y la Armada en la vigilancia de las fronteras.
Menores en la frontera
La parte más dura de la entrevista se refiere a los menores migrantes no acompañados. Para Abascal, los centros que los acogen forman parte de un «secuestro de menores institucionalizado y permanente en España». Su alternativa es «ponerlos en la frontera», hablar con las autoridades marroquíes y entregarlos. Lo justifica con el argumento de que Rabat ya ha pedido su devolución para que vuelvan con sus familias. Según el líder ultraderechista, esa es una reclamación que «curiosamente» coincide con la de Vox.
La propuesta encierra una contradicción que el propio Abascal deja a la vista. En la misma respuesta asegura que no va a «caer en la confianza respecto a Marruecos», un país que, según él, «nos ha invadido» y reclama Ceuta y Melilla. Aun así, plantea dejar en manos de ese Estado a niños que hoy están bajo tutela pública española. El candidato no menciona ningún procedimiento individual ni garantía de protección. Habla de los menores como de un volumen que hay que trasladar al otro lado de la valla.
Un califato imaginario en Cataluña
Abascal también busca terreno en Cataluña. Se presenta como defensor de la identidad catalana y la describe como una identidad a la vez regional y española. Según su relato, la amenaza a esa identidad es «la invasión migratoria procedente de países islámicos», no el independentismo. De ahí sale su propuesta más llamativa. Sostiene que el artículo 155 de la Constitución, el que permitió intervenir la autonomía en 2017, debería aplicarse ahora «al califato islámico». Lo que habría que revertir, dice, es el proceso que ha degradado «muchos barrios y muchas ciudades».
Ese marco le permite tender la mano a Sílvia Orriols. Abascal define a Aliança Catalana como un partido separatista y, por tanto, como una amenaza para la unidad de España. Al mismo tiempo, la ve como una alternativa legítima para los catalanes preocupados por la inmigración. Niega cualquier alianza formal, pero deja abierta la colaboración con cualquier formación «de izquierdas o de cualquier signo» dispuesta a frenar la «invasión». La misma lógica aparece en su plan de vivienda, que combina la liberalización del suelo con sacar de las casas a quienes están en situación irregular.
Sospechas sobre las urnas
El pasaje con más consecuencias para la convivencia democrática aparece cuando el candidato habla de las encuestas. Abascal asegura que no se fía de los sondeos favorables y recuerda que en 2023 vio a muchos «repartiéndose ministerios» antes de tiempo. Después da un paso más y afirma que Sánchez va a intentar «cualquier cosa, cualquier trampa, cualquier violencia» para alterar el resultado electoral. No aporta ninguna prueba que respalde esa acusación. Su respuesta es pedir una «movilización masiva» capaz de imponerse a cualquier maniobra.
El mismo estilo aparece cuando el líder de Vox habla del choque ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el 28 de octubre. Sus causas siguen bajo investigación. Abascal habla de instituciones «asaltadas por amigos» y de lugares donde se estarían «produciendo mordidas», aunque no concreta ningún caso. Además, mezcla la tragedia con su argumento central y llega a afirmar que «la invasión migratoria mata», igual que la corrupción o el «fanatismo ideológico».
En economía, Abascal recurre a un informe del Instituto Juan de Mariana sobre los costes de la «sobrerregulación». Carga contra las políticas de género, las medioambientales y la Agenda 2030, y defiende las rebajas fiscales como motor de crecimiento. Sobre las pensiones evita comprometerse con un modelo concreto. Insiste en que los derechos adquiridos son «sagrados» y admite que pagarlas podría exigir más deuda pública. Su respuesta final es que le «da igual el sistema».
