La comisión de expertos de Trabajo recomienda subir el salario mínimo un 4,9% en 2027 para que no pierda poder adquisitivo frente a una inflación del mismo nivel. Será la última subida impulsada por Yolanda Díaz, que quiere aprobarla antes de las elecciones del 29 de noviembre, mientras los sindicatos reclaman un 7% y condicionan su apoyo al refuerzo del control horario.
El salario mínimo interprofesional (SMI) ya tiene cifra de referencia para 2027. La comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social recomienda elevarlo un 4,9%, de los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas que rigen este año a 1.281 euros. Son 60 euros más al mes, un alza que replica la evolución interanual de los precios, según el informe al que ha tenido acceso El País. El documento es la pieza que esperaba el Gobierno para aprobar la subida antes de que termine la legislatura.
Como en años anteriores, el informe abre la negociación con sindicatos y patronal, donde se fijará la cifra definitiva. Las centrales sindicales piden un 7%. Los empresarios critican las «prisas» del ministerio y todavía no han concretado cuánto debería subir el suelo salarial. El Ejecutivo, por su parte, quiere cerrar el incremento antes de las elecciones del 29 de noviembre. Sería un adelanto notable, porque en los últimos ejercicios la subida se ha aprobado en torno a febrero, con efectos retroactivos.
Dos criterios, dos cifras
Hace tres semanas, Trabajo encargó dos cálculos a este grupo, formado por miembros del Gobierno, representantes sindicales y académicos, en general de perfil progresista. El primero medía cuánto debe subir el SMI para equipararse al 60% del salario medio neto. Es la referencia que el Comité Europeo de Derechos Sociales extrae de la Carta Social Europea como nivel adecuado para los salarios mínimos. El segundo buscaba la subida necesaria para que no pierda poder adquisitivo. Uno depende de la evolución de las retribuciones y el otro, de los precios.
Con el primer criterio bastaría un alza del 2,7%, hasta 1.254 euros mensuales, 33 más que ahora. Los expertos advierten, sin embargo, de que ese incremento quedaría por debajo de la inflación, que el avance de octubre sitúa en el 4,9%. Anclar el SMI al 60% del salario medio neto, señala el informe, «no permitiría mantener el poder adquisitivo». Por eso la comisión considera razonable una subida que lo preserve, siempre que el salario mínimo siga exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El Gobierno ya ha anticipado que aprobará de nuevo una deducción para que el SMI no tribute, aunque no ha precisado cuándo. La cuestión ha enfrentado a Trabajo y Hacienda en ejercicios anteriores. El ministerio que dirigía María Jesús Montero sostenía que la fuerte subida del suelo salarial había situado a unos 2,5 millones de personas en ese nivel retributivo y que no convenía dejarlas fuera del IRPF. Hacienda cambió de posición el año pasado, pocos meses antes de que Montero dejara el cargo para ser la candidata socialista en Andalucía.
El balance de una etapa
Será el último aumento del SMI con Yolanda Díaz al frente de Trabajo, ya que no repetirá como candidata de la izquierda. Desde 2018, el salario mínimo ha pasado de 736 a 1.221 euros, un 66% más. En los últimos años, además, la posición de los expertos ha marcado la del ministerio en la mesa de negociación. El año pasado recomendaron un 3,1%, exactamente la cifra que Trabajo pactó con Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
La patronal se ha mantenido al margen de casi todos esos acuerdos. Solo respaldó el primero de la etapa de Díaz, el de 2020, cuando el SMI alcanzó los 950 euros. Su ausencia no ha frenado las subidas porque el salario mínimo se regula por decreto, sin rango de ley, y no necesita pasar por el Congreso. Esa vía ha permitido a la ministra seguir elevándolo año tras año durante una legislatura en la que la mayoría de derechas en la Cámara tumbó la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.
Las condiciones sindicales
El último incremento de Díaz podría, sin embargo, llegar sin la firma de los sindicatos. La alternativa a la reducción de jornada era reforzar el registro horario mediante un decreto que Trabajo todavía no ha aprobado, pese a que su departamento y el Ministerio de Economía prometieron tenerlo listo en septiembre. El retraso ha irritado a CC OO y UGT, que han avisado de que no pactarán nada con el Gobierno mientras no se refuerce el control horario.
Las centrales plantean una segunda condición. Exigen un decreto que impida a las empresas absorber las subidas del SMI suprimiendo pluses salariales, una medida en la que Economía y Trabajo mantienen enfoques distintos y que tampoco se ha aprobado. A ello se suma el debate sobre el calendario. La oposición atribuye fines electoralistas al adelanto de la subida, mientras el Gobierno defiende resolverla antes de quedar en funciones. La patronal también cuestiona los plazos. El salario mínimo de 2027 se decidirá así en plena cuenta atrás electoral.
