La Policía desmanteló de madrugada la acampada de la Puerta del Sol, nacida tras el desahucio de una mujer de 87 años, con 334 personas desalojadas y dos detenidos. Mientras Ayuso y Almeida convierten el final del campamento en un ataque al Gobierno, la movilización por una vivienda asequible continúa en Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago, Vigo y Pontevedra, donde los colectivos insisten en que el problema sigue intacto.
La Policía Nacional desalojó a las tres menos diez de la madrugada del martes 3 de noviembre la acampada que ocupaba la Puerta del Sol de Madrid desde el 26 de septiembre. Según la Delegación del Gobierno, la operación afectó a 334 personas y terminó con dos detenciones por desobediencia y resistencia. En el dispositivo participaron 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de bomberos y servicios sociales. Hacia las cinco y cuarto, todos los accesos a la plaza estaban cortados y los servicios de limpieza del Ayuntamiento retiraban lonas y tiendas.
La protesta había nacido tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció días después en el Hospital Gregorio Marañón. Durante algo más de cinco semanas, la plaza se convirtió en el símbolo de una crisis de acceso a la vivienda agravada por la carestía del alquiler. El campamento reunió a vecinos, activistas y también a personas sin hogar. Su final no cierra, sin embargo, el conflicto que lo originó. La organización que coordina el movimiento, Acampada 26S, anunció que trasladará la protesta a varios barrios de la ciudad.
Dos relatos del desalojo
La Delegación del Gobierno defendió la intervención como «último recurso» tras dos comunicaciones previas en las que instaba a poner fin a la protesta. Según su escrito, la Jefatura Superior de Policía le había trasladado presuntos hechos delictivos e incidentes en el interior y el entorno del asentamiento. El organismo sostiene que protegió el derecho de reunión mientras la acampada mantuvo su carácter reivindicativo, pero subraya que ese derecho «no es ilimitado». La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, afirmó además que en la zona se requisaron drogas, cuchillos y defensas extensibles, entre otros objetos.
Aunque la operación transcurrió sin disturbios graves, los acampados ofrecen otra versión. Denuncian una «intervención policial violenta», con golpes y gas pimienta, y la pérdida de sus pertenencias. Exigen responsabilidades a la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, y la identificación de los agentes que actuaron. Rafa Quispe, de 40 años, llevaba 25 días en Sol cuando fue desalojado. «No sabíamos nada, nadie nos puso sobre aviso», relató a El País. Se marchó con una riñonera con sus documentos y dejó atrás un dibujo de sus hijos. Un agente municipal repetía que nada podía recuperarse porque todo sería destruido.
La derecha pasa factura al Gobierno
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cifró en 30 millones de euros las pérdidas del comercio de la zona por lo que llamó «38 días de ocupación». Calificó lo ocurrido como «una nueva factura del sanchismo». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, culpó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber consentido los desperfectos y la suciedad acumulada. Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento habían reclamado el desalojo en varias ocasiones, ya desde la etapa del anterior delegado del Gobierno, Francisco Martín.
En las declaraciones de ambos dirigentes no aparece referencia alguna a la crisis de vivienda que llevó a cientos de personas a dormir en Sol. El balance económico y la limpieza ocuparon el centro de su discurso, mientras el problema de fondo quedaba fuera del foco. Desde la izquierda, la crítica apuntó en la dirección contraria. Para Frente Amplio, la actuación policial fue «totalmente desproporcionada». Su diputado en el Congreso y coportavoz de los comunes, Gerardo Pisarello, denunció el uso de gas pimienta y reclamó una investigación sobre la operación desplegada en la plaza madrileña.
Una protesta que se extiende
El desalojo de Madrid no tendrá réplica inmediata en otras ciudades. En Barcelona, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, aseguró que no se prevé ninguna actuación salvo que surjan elementos que la aconsejen. En Valencia y Sevilla la protesta seguirá de forma indefinida, aunque los organizadores valencianos admiten que lo ocurrido en Sol marca un punto de inflexión. Ya estudian abandonar el campamento instalado en la plaza del Ayuntamiento.
En Galicia, la movilización mantiene el pulso. En Santiago, los acampados en la plaza del Obradoiro debatieron en asamblea sus próximos pasos. Entre sus demandas figuran la expropiación del patrimonio ocioso de grandes empresarios, la ilegalización de los desahucios y una rebaja del 50 % en los alquileres. Con más de cien tiendas ocupadas sobre todo por estudiantes y trabajadores pobres, el colectivo concentra ahora sus esfuerzos en la huelga general convocada para el 11 de noviembre. También hay en la plaza personas en riesgo de exclusión social.
En Vigo, la acampada seguirá de forma indefinida pese a lo ocurrido en Madrid. Desde el 13 de octubre, entre 30 y 40 personas pernoctan cada noche en la Alameda, donde se levantan cerca de 60 tiendas, para exigir soluciones a la crisis habitacional que sufre la ciudad. En Pontevedra, los concentrados mantenían su campamento mientras valoraban si continuar con la protesta. El desalojo ha vaciado la plaza más simbólica del país, pero las tiendas siguen en pie en buena parte del mapa.
