Las islas recibieron 6.194 personas el mes pasado, más que en los ocho primeros meses del año juntos, mientras las salidas se desplazan de Mauritania a Senegal y Gambia. Grande-Marlaska viaja el viernes a Senegal para frenar los cayucos, Clavijo acusa al Estado de guardar silencio y la travesía más letal del mundo vuelve a mostrar los límites de una política basada en contener las salidas.
La ruta atlántica hacia Canarias ha vuelto a activarse con una intensidad que no se veía desde hace tres años. Según los datos publicados el martes por el Ministerio del Interior, en octubre llegaron al archipiélago 6.194 personas por vía marítima. Es el octubre con más llegadas irregulares desde 2023, cuando la anterior crisis migratoria batió todos los récords. La cifra supera por sí sola el total acumulado entre enero y finales de agosto, que se situaba en 5.163. Detrás de cada número hay una travesía larga y precaria por la ruta que más muertes registra en el mundo.
El repunte ha sido abrupto. A finales de septiembre, el balance anual en las islas era de 7.133 llegadas, muy lejos de las 12.848 registradas en la misma fecha de 2025. Un mes después, el acumulado alcanza 13.327 personas y se aproxima a las 14.099 del año anterior. El número de embarcaciones también ha crecido con rapidez, de 95 a 160, aunque sigue por debajo de las 231 de 2025. La incógnita es si el aumento responde a las buenas condiciones del mar en esta época o a una menor colaboración policial de Senegal y Gambia.
El Hierro, primera puerta
El martes fue otra jornada de intensa actividad en las costas canarias. Desde la noche del lunes llegaron once embarcaciones con 975 personas a bordo, y a media tarde seguían en marcha otros dos rescates. El Hierro, la isla que concentra la mayoría de las llegadas, recibió cinco cayucos solo durante la mañana. En uno de ellos, escoltado por un pesquero, viajaban 56 personas de origen subsahariano, entre ellas una mujer y un menor. Habían salido de Senegal seis días antes.
Otro cayuco transportaba a 118 personas de Mali, Sierra Leona, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mauritania, tras nueve días de navegación desde el primero de esos países. Desde Banjul, la capital gambiana, había partido una tercera embarcación con 202 personas, según el primer balance provisional. La variedad de procedencias muestra que la ruta no depende de un único país de salida. Canaliza desplazamientos de buena parte de África occidental, un dato que complica cualquier estrategia basada en cerrar un solo tramo de costa.
Contener en origen
El Gobierno central considera prioritario mantener cerradas las salidas desde Mauritania, de donde partían el 90% de los cayucos durante la última crisis, la que desbordó los sistemas de acogida de las islas. En su propio terreno, esa estrategia ofrece resultados. En octubre, solo una del medio centenar de embarcaciones llegadas a Canarias salió de costas mauritanas. Según Interior, las autoridades de Nuakchot han interceptado este año 37 embarcaciones con destino al archipiélago y han impedido que más de 4.300 personas continuaran su viaje.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se trasladó el martes a Nuakchot, donde agradeció al presidente mauritano, Mohamed Uld Cheij el Ghazuani, los «esfuerzos conjuntos» en control fronterizo. «Mauritania es un socio estratégico y un interlocutor fundamental para España», subrayó. España mantiene allí a 40 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con dos embarcaciones, un helicóptero y 14 vehículos todoterreno, además de aviones y buques desplegados de forma periódica. El viernes, el ministro viajará a Senegal, el actual punto caliente de salidas.
El desplazamiento de la ruta ilustra el límite de la externalización de fronteras. Cuando un país socio endurece la vigilancia, las salidas no desaparecen, sino que se trasladan a otro punto de la costa, con trayectos más largos. Los cayucos llegados el martes desde Senegal habían pasado entre seis y nueve días en el Atlántico. Delegar el control en terceros países puede mejorar una estadística concreta, pero no altera las causas que empujan a miles de personas a embarcarse ni reduce el riesgo que asumen en el mar.
Choque entre Canarias y el Estado
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insistió en su preocupación por el «silencio» del Estado ante el repunte, que atribuyó al «fracaso» de la política de cooperación y desarrollo, de las relaciones exteriores y de la protección de fronteras. El Gobierno autonómico reclama convocar con urgencia una junta de seguridad para analizar las previsiones, estudiar los medios necesarios y coordinar la respuesta. Según La Vanguardia, fuentes ministeriales descartan convocar ese órgano a menos de cuatro semanas de que el Ejecutivo quede en funciones.
El Ministerio enmarca las peticiones de Clavijo en el arranque de una larga campaña hacia las elecciones autonómicas del próximo año. La lectura puede tener fundamento, pero no resuelve la cuestión de fondo. Las islas soportan una presión real sobre sus recursos de acogida, y descartar la coordinación institucional mientras se multiplican las llegadas deja al archipiélago sin una respuesta compartida. El riesgo es que el enfrentamiento entre administraciones acabe ocupando el espacio que debería dedicarse a la acogida y a la protección de vidas.
La reactivación canaria ya altera el balance nacional. Por primera vez en el año, las llegadas irregulares a España superan a las de 2025. Entre enero y octubre se han registrado 32.942, un 8,9% más, sin contar las más de 80.000 personas que cruzaron desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio y que en su mayoría regresaron. Esa cifra llegó a estar este año más de un 60% por debajo de la del anterior. La ruta argelina también crece, un 14% hacia Baleares y un 15% hacia la Península.
