La decisión del Gobierno colombiano de instalar su representación diplomática en Jerusalén ha provocado una condena conjunta de 19 países árabes e islámicos, que consideran la medida contraria a las resoluciones de Naciones Unidas y perjudicial para la solución de dos Estados. La controversia reabre el debate sobre el estatuto internacional de la ciudad y los límites del reconocimiento diplomático.
La apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén ha desencadenado una respuesta diplomática de 19 países árabes y musulmanes, cuyos ministros de Asuntos Exteriores expresaron este viernes su rechazo a una decisión que consideran incompatible con el derecho internacional y con los esfuerzos destinados a alcanzar una solución negociada del conflicto palestino-israelí.
En una declaración conjunta difundida este viernes, los responsables diplomáticos advirtieron de que la iniciativa colombiana socava las perspectivas de una paz justa y duradera basada en la coexistencia de dos Estados.
Los firmantes son Arabia Saudí, Catar, Jordania, Indonesia, Turquía, Argelia, Yibuti, Sudán, Somalia, Siria, Omán, Palestina, Kuwait, Líbano, Libia, Egipto, Malasia, Yemen y Pakistán.
Su posición constituye una reacción coordinada ante una decisión que consideran especialmente sensible por el estatuto jurídico y religioso de Jerusalén.
Una decisión que enfrenta a Bogotá con el consenso internacional
La controversia surgió tras la inauguración, el miércoles 14 de octubre, de la nueva sede diplomática colombiana en Jerusalén, en una ceremonia encabezada por representantes de los gobiernos de Colombia e Israel.
El traslado se produce después de un cambio sustancial en la política exterior de Bogotá. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció en julio su intención de trasladar la embajada desde Tel Aviv, tras restablecer las relaciones diplomáticas con Israel.
Su antecesor, Gustavo Petro, había roto esas relaciones en 2024 como protesta por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.
La nueva orientación representa, por tanto, un giro en las relaciones bilaterales, pero sus consecuencias van más allá de la diplomacia entre ambos países.
Para los gobiernos que suscriben la declaración, instalar una embajada en Jerusalén supone anticipar unilateralmente una decisión sobre una ciudad cuyo estatuto definitivo constituye una de las cuestiones centrales del conflicto palestino-israelí.
Jerusalén y las resoluciones de Naciones Unidas
El desacuerdo tiene una dimensión jurídica fundamental. Israel considera Jerusalén su capital, mientras que los palestinos reivindican Jerusalén Este como capital de un futuro Estado independiente. La comunidad internacional, por su parte, no reconoce la anexión israelí de Jerusalén Este, ocupada desde la guerra de 1967.
En 1980, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 478, que rechazó las medidas israelíes destinadas a modificar el carácter y el estatuto de la ciudad e instó a los Estados que mantenían misiones diplomáticas en Jerusalén a retirarlas.
Los 19 ministros recuerdan ese marco jurídico para sostener que cualquier decisión encaminada a alterar el estatuto de Jerusalén ocupada o a reconocer unilateralmente su soberanía carece de efectos legales sobre los derechos del pueblo palestino.
En consecuencia, solicitaron expresamente al Gobierno colombiano que reconsidere y revierta su decisión, y que actúe conforme a sus obligaciones internacionales.
La controversia no se limita, por tanto, a la ubicación física de una sede diplomática: afecta al reconocimiento político de Jerusalén y a la interpretación de las resoluciones internacionales.
Una reacción que trasciende a los 19 firmantes
La condena se produce en un contexto de fuerte sensibilidad regional ante cualquier iniciativa susceptible de modificar el estatuto de Jerusalén.
La Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica también han expresado su rechazo al traslado de la representación colombiana, ampliando el alcance institucional de la protesta.
La cuestión reviste especial importancia para Marruecos, cuyo rey Mohamed VI preside el Comité Al-Qods, órgano de la Organización de Cooperación Islámica dedicado a la defensa del carácter histórico y jurídico de Jerusalén y al apoyo a sus habitantes palestinos.
Marruecos no figura entre los 19 países enumerados en la declaración conjunta. Sin embargo, esa ausencia no permite establecer por sí sola una divergencia respecto de la posición defendida por los organismos multilaterales ni interpretar un cambio en la política marroquí sobre Jerusalén.
La distinción entre la declaración de un grupo de ministros y las posiciones institucionales de la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica resulta esencial para comprender el alcance de esta reacción diplomática.
Una nueva prueba para la solución de dos Estados
La decisión colombiana vuelve a situar Jerusalén en el centro del debate internacional. Para los países firmantes, cualquier reconocimiento unilateral que afecte al estatuto de la ciudad compromete las posibilidades de una negociación equilibrada sobre la creación de un Estado palestino independiente.
Desde la perspectiva israelí, la instalación de nuevas embajadas en Jerusalén refuerza su aspiración a obtener un reconocimiento internacional más amplio de la ciudad como capital.
La divergencia refleja una de las principales dificultades del proceso de paz: la ausencia de un acuerdo sobre Jerusalén, sus lugares santos, su soberanía y su futuro político. Mientras Bogotá consolida su acercamiento diplomático a Israel, los 19 gobiernos árabes y musulmanes reclaman que Colombia rectifique.
El episodio demuestra que, en Jerusalén, una decisión aparentemente administrativa —el emplazamiento de una embajada— puede adquirir un significado político y jurídico de alcance internacional.
