El Gobierno no renovará el contrato de 16,5 millones que el Estado Mayor de la Defensa adjudicó sin concurso a la tecnológica estadounidense. La decisión coincide con un creciente rechazo en Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, en un continente donde la empresa vinculada a la Casa Blanca acumula contratos públicos por más de 1.400 millones y gestiona datos sensibles de defensa, policía e inteligencia.
El Gobierno español no renovará el contrato que mantiene con Palantir, la polémica empresa estadounidense de análisis masivo de datos. Así lo trasladó el 14 de octubre a El País, que publica una investigación coordinada por Follow the Money con medios de 18 países. El acuerdo, de 16,5 millones de euros, fue adjudicado en octubre de 2023 sin concurso público para gestionar las bases de datos del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Expira a finales de 2026 y, según el Ejecutivo, lo sustituirá una alternativa desarrollada por una empresa española que dependa solo de la industria nacional.
El uso que el ejército da a la herramienta sigue sin aclararse. En una respuesta parlamentaria a Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, Defensa habló de «fusión y análisis de datos» y aseguró que Palantir no tenía acceso a datos de ciudadanos españoles ni a servidores del ministerio. La opacidad pesa más por el perfil de la compañía, acusada de implicación en violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos, en Irán y en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Desde 2024 colabora además con las fuerzas armadas israelíes en la guerra de Gaza.
Una dependencia de más de 1.400 millones
Al menos once países europeos tienen contratos nacionales con Palantir. Ocho los mantienen con sus ministerios de Defensa o fuerzas armadas: España, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Ucrania. La policía usa sus productos en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suecia, a los que se suman cuatro estados federados alemanes y 12 cuerpos policiales regionales británicos. Los servicios de inteligencia de Dinamarca, Francia, Reino Unido y Ucrania también trabajan con ella, mientras que en Lituania gestiona contratación y estadística nacional.
Con los importes conocidos, los contratos europeos rondan los 264 millones de euros sin contar el Reino Unido. Encabeza la lista Alemania, con 86 millones, seguida de Noruega (51,1), Lituania (30,9 entregados y otros 36 comprometidos), Dinamarca (28,2), España (16,5), Europol y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), con 8,8 hasta 2023, e Italia (6,2). El gran cliente es el Reino Unido, con 992 millones de libras, unos 1.170 millones de euros. Con ellos, el total supera los 1.400 millones.
A esa cifra se añade el acceso indirecto. Fundada en 2003 y vinculada a los servicios secretos estadounidenses y al Pentágono, Palantir comercializa Foundry, para gestionar procesos empresariales, y Gotham, orientado a investigación criminal, defensa e inteligencia. Su MAVEN Smart System, la principal plataforma de software del ejército de Estados Unidos, fue adquirido en marzo de 2025 por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para comunicar entre sí las armas de los aliados.
Una retirada en cadena
España no es un caso aislado. En Países Bajos, donde el software se usa en operaciones secretas de las fuerzas especiales, Follow the Money reveló que empleados de la empresa accedían a datos militares clasificados. Defensa vetó la entrada a sus instalaciones a los trabajadores extranjeros de Palantir y el secretario de Estado Derk Boswijk prometió sustituirla por una alternativa europea en dos años. En Dinamarca, la policía extendió su uso a Groenlandia justo cuando Donald Trump amenazaba con anexionarse la isla. Después, la inteligencia danesa calificó a Estados Unidos de amenaza y el ejército suspendió la compra de MAVEN.
El Reino Unido, mayor mercado de la compañía fuera de Estados Unidos, también ha cambiado de rumbo. A comienzos de octubre, el nuevo primer ministro, Andy Burnham, anunció su intención de reemplazarla en el Servicio Nacional de Salud y en Defensa. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu comunicó en junio que los servicios secretos internos no renovarían su contrato para evitar una dependencia estratégica. En Alemania, un mando de las Fuerzas Armadas aseguró en abril que el ejército no haría «en absoluto» negocios con ella, aunque cuatro estados federados la emplean en tareas policiales.
La «misión de Trump»
Para muchos expertos, el problema va más allá de la privacidad. «Es peligroso que este software esté presente en los entresijos de nuestra sociedad», advierte Francesca Bria, catedrática extraordinaria en el University College London y directora de Eurostack, una iniciativa por la soberanía digital europea. Elke Schwarz, catedrática de Teoría Política en la Queen Mary University of London, considera especialmente delicado que la seguridad nacional dependa de una compañía que proclama abiertamente la prioridad indiscutible de otro Estado.
Bria sitúa el fondo del problema en que infraestructuras críticas dependan de empresas que responden ante sus accionistas y no ante la ciudadanía. En el caso de Palantir, añade, pesa además su estrecha relación con el Gobierno estadounidense y su proyecto de supremacía. «Palantir forma parte de la misión de Trump», resume. Su consejero delegado, Alex Karp, acudió el 29 de septiembre a un almuerzo con líderes tecnológicos en la Casa Blanca.
La empresa rechaza las críticas. Un portavoz sostiene que Palantir no es propietaria de los datos de sus clientes, que no los vende ni los reutiliza y que son las instituciones quienes deciden qué se procesa y cómo. Su tecnología, defiende, busca darles «más control sobre su información más sensible». El argumento convence cada vez menos a gobiernos que, como el español, optan por desarrollar alternativas propias antes que mantener sus datos de defensa en manos de una compañía tan ligada a la Casa Blanca.
